Verdad y justicia para la UP

Entre los delitos a investigar se encuentran los asesinatos de los excandidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal y las masacres de Remedios y Chigorodó. Todos ellos siguen impunes.

El exterminio de la Unión Patriótica sigue siendo una vergüenza para Colombia, no sólo por el atroz baño de sangre perpetrado por los paramilitares —en ocasiones con ayuda de uniformados—, sino, además, por la impunidad que todavía rodea los miles de asesinatos con los que, literalmente, se intentó —y, de alguna forma, se consiguió— borrar a este partido de la faz de la tierra. Con el fin de saldar esta deuda histórica, la Fiscalía acaba de conformar un grupo especial de trabajo para esclarecer 63 delitos estrechamente vinculados con este oscuro episodio de la historia reciente del país.

En una resolución del pasado 21 de marzo, conocida por El Espectador, el jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre, señala que “este despacho comprende la trascendencia y connotación que representan para Colombia las diferentes conductas punibles cometidas contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, por tales razones se considera adecuado conformar un grupo de trabajo que se encargue de adelantar las 63 investigaciones anteriormente priorizadas”.

E informa que este grupo de trabajo va a estar conformado por tres fiscales de la Unidad de Análisis y Contexto y nueve de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, quienes se encargarán de esclarecer los 63 crímenes priorizados por el ente investigador. La idea es que estos fiscales escudriñen cuantos expedientes y versiones libres haya para dar con los máximos responsables de estos delitos. Una tarea de grandes proporciones.

De la misma forma señala que lo ordenado en el documento no implica que se dejen de lado otros casos. En el documento, el jefe del ente investigador ordena que “dentro de las acciones investigativas se deberán buscar los demás procesos relacionados con esta temática (el exterminio de la UP) dentro de las Direcciones Seccionales de Fiscalías y otras Unidades Nacionales, los cuales serán asignados al grupo de trabajo aquí conformado”.

Entre los delitos a esclarecer se encuentran los asesinatos de los excandidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa (perpetrado el 22 de marzo de 1990, en Bogotá) y Jaime Pardo Leal (acaecido el 11 de octubre de 1987, en La Mesa, Cundinamarca). De la misma forma se pide investigar los homicidios de los dirigentes José Antequera (perpetrado el 3 de marzo de 1989, en Bogotá) y Pedro Luis Valencia (realizado el 14 de agosto de 1987, en Medellín).

De la larga lista hacen parte, además, dos cruentas masacres llevadas a cabo por los paramilitares en Chigorodó y Remedios (Antioquia). La primera fue perpetrada el 12 de agosto de 1995 en el bar El Aracatazo y en ella murieron 18 personas, en su mayoría miembros de la UP. La otra fue realizada el 2 de agosto de 1997 y en ella murieron siete personas, entre ellas el exalcalde de Remedios, Carlos Enrique Rojo. (ver recuadro). Curiosamente, el fiscal Montealegre también pide investigar los asesinatos de los miembros del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur Taborda y Luis Felipe Vélez, quienes aunque no hicieron parte de la UP también murieron en esa cruenta campaña de los paramilitares contra los defensores de derechos humanos y dirigentes de izquierda.

Tras casi 25 años, Colombia sigue sin pasar la página del genocidio de la UP, un capítulo que es necesario cerrar para que la paz que se negocia en Cuba sea una realidad y no una promesa.