Versión de que el hacker Sepúlveda fue presionado para hablar contra Uribe llegó a la Fiscalía

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El hacker Andrés Sepúlveda aceptó cargos y fue condenado a 10 años de prisión, en 2015, por obtener ilegalmente información privilegiada del proceso de paz con las Farc, datos que habrían sido conocidos por el equipo de la campaña “Zuluaga Presidente”. Hoy asegura que su testimonio sobre las elecciones de 2014 se dio bajo presión.

El nombre del hacker Andrés Fernando Sepúlveda reapareció por cuenta de una entrevista enviada a la Fiscalía que, según su defensa, está relacionada con la investigación preliminar que la Corte Suprema de Justicia adelanta, desde 2014, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el caso de las “chuzadas” al proceso de paz con las Farc. Sepúlveda, durante diversas entrevistas y ante autoridades judiciales, aseguró que el partido Centro Democrático sabía de las interceptaciones contra la mesa de conversaciones en La Habana, sin embargo, ahora habría declarado que sus versiones fueron obra de la presión de terceros.

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De acuerdo con Noticias RCN, ayer 2 de marzo, el hacker Sepúlveda radicó un testimonio, incluyendo nombres propios. El Espectador habló con el abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario, quien aseguró que desde su oficina se envió la entrevista y, además, confirmó que la nueva declaración del hacker está separada del actual proceso por fraude procesal y soborno en actuación penal que enfrenta Uribe Vélez. Por otro lado, según los abogados de Sepúlveda, el ciudadano desde hace tiempo ha buscado su inclusión en programas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por cuenta de amenazas de muerte.

El hacker Andrés Sepúlveda fue condenado, el 10 de abril de 2015, a diez años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, espionaje, acceso abusivo informático, uso de software malicioso y violación de datos personales agravado. En sus declaraciones ante la Fiscalía, con la cual firmó un preacuerdo para rebajar su condena a cambio de revelar información, aseguró que Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga Martínez, gerente de la campaña presidencial, sabían de sus actividades informáticas contra un grupo al que siempre ha mostrado animadversión: los “terroristas” de la antigua Farc.

Además, Sepúlveda vinculó, en su momento, al expresidente Uribe Vélez con las maniobras ilegales. Según su testimonio, que al parecer cambiará por cuenta de su última declaración, miembros de la campaña “Zuluaga Presidente” y del Centro Democrático le entregaron dinero para atacar la imagen del proceso de paz y del entonces candidato a reelección Juan Manuel Santos, quien ganó las votaciones de 2014 en segunda vuelta. Sepúlveda aseguró que la mismísima Policía le había entregado un software para atacar sistemáticamente en redes sociales a Santos.

El 2 de octubre de 2014, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, todo para determinar si las declaraciones iniciales del “pirata informático” eran ciertas. La pesquisa inició con una denuncia de la Red de Veedurías Ciudadanas. “Solicitamos que se investiguen los mismos delitos penales que se imputaron a Andrés Sepúlveda, pero, especialmente estamos dejando en manos de la Corte esta decisión por lo delicado del asunto pedimos que realice su averiguación y eventual calificación de las imputaciones”, dijo Pablo Bustos, representante del colectivo.

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Meses después, el 10 de marzo de 2015, Sepúlveda y Uribe Vélez se encontraron frente a frente en la Fiscalía, en medio de una cita de conciliación. En esa oportunidad, el hacker no se retractó de sus acusaciones y reafirmó que en una oficina ubicada en el barrio Galerías, en el norte de Bogotá, supuestamente se llevaban a cabo las “chuzadas”. Sin embargo, el expresidente Uribe aseguró que nunca conoció a Sepúlveda y que jamás habría avalado su contratación, pues en su hoja de vida figuraba haber trabajado con el asesor político venezolano J.J. Rendón en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, en 2010.

“Esa falacia del hacker, contra algunos de quienes militamos en el Centro Democrático, no tuvo más explicación que tapar la noticia del dinero del narcotráfico pagado a asesores políticos del presidente Santos y de la infamación sobre el eventual ingreso de parte de estos dineros para cancelar saldos de la campaña 2010”, explicó el expresidente Uribe en su momento. Durante los últimos años la investigación preliminar estuvo empolvada, hasta que en agosto de 2020 uno de los abogados del exmandatario, Jaime Granados, pidió que la pesquisa aterrizara en la justicia ordinaria, como sucede actualmente con la investigación penal por supuesta manipulación de testigos por parte de Uribe.

Ahora, según la información filtrada a medios y confirmada por la defensa de Sepúlveda, las versiones que salpicaban inicialmente a los miembros del Centro Democrático podrían caerse en sí mismas y, de tal forma, abrir un nuevo panorama investigativo ante las “supuestas” presiones que habría recibido el hacker para acusar la campaña “Zuluaga Presidente”. Mientras tanto, el experto informático afronta su condena en libertad condicional, pues a puertas de la navidad del año pasado un juez de ejecución de penas avaló sus solicitudes: el condenado ya cumplió las tres quintas partes de su pena y por tanto puede acceder al beneficio.

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Entre las dudas que Sepúlveda deberá despejar están sus declaraciones al programa Los Informantes, en marzo de 2015, cuando no solo confirmó lo expuesto ante la Fiscalía sobre el Centro Democrático, si no también aseguró sentirse dolido por afectar a las Fuerzas Militares. “Todo lo que yo le estoy contando era para mí completamente legítimo. Cuando me involucré en política, en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, perdí toda la credibilidad en todo lo que hacía, todo lo que yo quise hacer en pro de las Fuerzas Militares, en pro de la Policía (…) Me volví un destructor de las Fuerzas Militares; eso fue lo que más duro me dio de todo esto”.

Sepúlveda se refiere a las decisiones tomadas por un comité de alto nivel conformado por inspectores de todas las Fuerzas Militares y el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa, en 2015, tras el cual fueron relevados de su cargo diez oficiales, ocho suboficiales, un patrullero y un funcionario no uniformado, todo por la información originada por el hacker. El episodio de “chuzadas” a los negociadores de paz se denominó Operación Andrómeda. Lo último que se supo fue que la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años del cabo segundo Alberto Betancourt , quien le habría filtrado a Sepúlveda, a cambio de dinero, información privilegiada de La Habana.

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