La norma fue demandad por el excontralor Edgardo Maya

Versiones encontradas en la Corte Constitucional por demanda a Ley de Infraestructura

El alto tribunal convocará expertos para definir el futuro de un artículo de esa ley que podría benficiar a empresas como Odebrecht. Hay versiones encontradas de lo sucedido en Sala Plena la semana pasada, cuando el debate se suspendió.

La magistrada encargada del caso es Cristina Pardo, quien presentó una ponencia para declarar inconstitucional el artículo demandado. / Óscar Pérez

Si hay un tema en la Corte Constitucional que tiene en ascuas al sector de la infraestructura, por su incidencia en el crecimiento de vías y el futuro de quienes han invertido en obras, es el estudio de una demanda contra un artículo de la nueva Ley de Infraestructura, aprobada el año pasado. Los togados tienen en sus manos una decisión crucial, pues en el fondo del debate está la definición de cómo se deben liquidar estos contratos con el Estado, qué carga debe asumir este si quienes cometen delitos para obtener el contrato tienen los mismos derechos de quienes lograron los negocios por sus méritos y si la nueva norma puede aplicarse a casos del pasado.

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Su estudio en el alto tribunal no ha sido sencillo. La magistrada Cristina Pardo presentó hace más de tres semanas una ponencia y la semana pasada sus colegas se reunieron en la Sala Plena para tomar una decisión. El miércoles cumplieron con la primera cita. Cada uno de los magistrados expuso sus peros a la propuesta de Pardo y señalaron cuáles eran los puntos en los que estaban de acuerdo, dejando entrever si apoyaban la ponencia. En ella, Pardo propuso declarar inconstitucional la norma demandada para sentar una nueva línea jurisprudencial, que consiste en armonizar dos normas a fin de garantizar el respeto de los principios de la buena fe y protección del interés público en la liquidación de los contratos.

En palabras más sencillas, la propuesta de la magistrada es declarar que a quienes el Estado les liquide sus contratos no pueden tener los mismos beneficios si, para obtener los negocios, pagaron sobornos o fueron desleales con la ley —por ejemplo, Odebrecht. Con una aclaración clave que también estaba en la demanda, presentada por el excontralor Edgardo Maya el año pasado, justo antes de salir de la entidad. La norma no puede ser retroactiva, tal como fue aprobada en el Congreso; es decir, no se puede aplicar a casos ocurridos antes de que Presidencia la sancione. Este tema, precisamente, fue el que el demandante, y otros más que lo respaldaron en su recurso, calificaron como el mico de la Ley de Infraestructura.

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La razón es puntual: si nadie le pone un freno a la ley, y la Corte la deja tal cual fue avalada, empresas como Odebrecht resultarían con ventaja, pues, aun confesando que pagaron sobornos, el Estado tendría que pagarles las cuotas de la liquidación de los contratos que ya se pidió que se anularan. Y en este punto es donde los magistrados están divididos. Mientras dos apoyan la ponencia de Pardo, para hacer más severas las reglas frente a quienes cometan delitos, los otros seis magistrados no están del todo de acuerdo. En su opinión, si un operador cumplió con las obligaciones del contrato, el Estado debe responderles por ello. Sin importar cómo consiguieron la obra.

Además, algunos sostienen que si lo que el excontralor Maya quería evitar era que empresas como Odebrecht salieran beneficiadas, el artículo de la ley que ha debido demandar es el referente a las medidas que el Estado puede tomar frente a las empresas que cometen actos ilegales o de mala fe antes y durante la contratación, y no el que en realidad demandó, que tiene que ver con la forma en que se liquidan los contratos con la nación. En un conteo previo de los votos, el miércoles de la semana pasada la balanza estaba inclinada en contra de la ponencia; sin embargo, el debate, que hasta ahora comenzaba, fue suspendido de repente y la votación nunca se oficializó.

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Fuentes cercanas al alto tribunal le explicaron a El Espectador que, aun cuando los magistrados seguían reunidos en la Sala Plena y todavía no había decisión formal, se filtraron detalles del debate en varios medios de comunicación. Los togados se enteraron de que ya había varias noticias con el preconteo y ello enfureció a varios. Con un agravante: lo que los periodistas estaban informando era justamente lo contrario a lo que había sucedido en la sala. Sin embargo, al contrastar esta versión, otros funcionarios cercanos a la Corte insistieron en que la ponencia de la magistrada Pardo sí tiene cinco votos más a favor. La desinformación del momento tensionó todavía más el debate.

Varios magistrados expresaron su molestia por las constantes filtraciones a medios, muchas de ellas, al parecer, con información falsa. Aunque la expectativa estaba puesta en que ese día se conocería la decisión de la Ley de Infraestructura —incluso la oficina de prensa de la Corte había anunciado una posible rueda de prensa—, el tema quedó en suspenso. Varios magistrados pidieron aplazar el debate para el día siguiente. Y así fue. Ya en la nueva reunión, y con los ánimos apaciguados, los juristas propusieron que, en lugar de seguir con la discusión basada en la ponencia de Pardo, suspendieran los términos del proceso y convocaran a una audiencia técnica para analizar con más profundidad los alcances de la decisión.

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La propuesta cayó bien en la Sala Plena y, antes de Semana Santa, se espera que la magistrada encargada del expediente entregue un auto con el nombre de los llamados a exponer sus puntos de vista ante el alto tribunal. Podrían ser llamados expertos en el tema de contratación como Juan Pablo Cárdenas y la exconsejera de Estado y exministra, Ruth Stella Correa, así como el exsuperintendente de Sociedades, Francisco Reyes, entre otros. Uno de los afanes que esperan resolver los magistrados con las intervenciones es el de contemplar un panorama mucho más amplio de los impactos que puede tener su decisión en el futuro de la financiación privada en la infraestructura del país.

Una vez se realice la audiencia, que será privada por ser técnica, las intervenciones deberán ser agregadas a la ponencia de la magistrada Pardo y, a partir del nuevo documento, el debate en la Sala Plena se reanudará. Fuentes cercanas al proceso le indicaron a este diario que su esperanza es que los magistrados regresen a este tema sin filtraciones que no corresponden y llevando a cabo una discusión jurídica y técnica del más alto nivel. Agregaron que lo que esperan de los togados es que cumplan con la palabra que dieron de informar al país sus determinaciones de manera oportuna y veraz.

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Redacción Judicial

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