Víctimas de las ambulancias

Dos personas fallecieron y más de 30 fueron robadas en las ambulancias del Distrito, por cuyo contrato se declaró culpable el exconcejal Hipólito Moreno, del Partido de la U.

El cuestionado contrato de ambulancias del Distrito  tuvo un valor de $63.203 millones. / Archivo-El Espectador
El cuestionado contrato de ambulancias del Distrito tuvo un valor de $63.203 millones. / Archivo-El Espectador

Una ambulancia puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Un mal diagnóstico, el maltrato de sus operarios o la manera irresponsable de conducir el vehículo pueden hacer de una emergencia un suplicio o, aún peor, una tragedia.

Desde 2010, la atención y el servicio de transporte de emergencia para los bogotanos estuvieron a cargo de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio, compuesta por empresas expertas en construcción —y no de atención médica— y por cuyo corrupto direccionamiento se declaró culpable ayer el exconcejal Hipólito Moreno.

El escandaloso proceso de las ambulancias, en el que también ha sido acusado por la Fiscalía el exsecretario de Salud Héctor Zambrano, tiene como trasfondo una colección de víctimas de las que poco se habla.

Se trata de todas las personas que dijeron haber padecido de una u otra forma el maltrato y la negligencia de sus operarios, y que entre 2010 y 2012 registraron ante la Secretaría de Salud un total de 139 quejas, muchas de las cuales ponen los pelos de punta.

Las quejas y reclamos de los bogotanos que fueron atendidos por la flota incompleta de ambulancias incluyen la muerte por presunta negligencia de dos pacientes, un peatón atropellado, el robo de relojes, billeteras, carteras y prendas de vestir, así como un sistemático maltrato e irrespeto por parte de los conductores y el personal médico de los vehículos de transporte ambulatorio contratados por la Unión Temporal.

El 2 de febrero del año pasado, Mary Luz Moncada dejó constancia de que una ambulancia del Distrito dio “atención preliminar a un paciente en vía pública”. Sin embargo, “los tripulantes de la ambulancia se negaron a trasladarlo y el paciente falleció”.

Dos meses después, el jefe de servicios de urgencias del Hospital San José informó que una ambulancia “ingresó al paciente Jairo Arias sin signos vitales, sin ninguna posibilidad de reanimación”. Sin embargo, “en el informe médico que realizó el tripulante de la ambulancia afirma que entrega a la institución mencionada un paciente vivo (sic)”.

Otro ciudadano aseguró el 9 de abril de 2012 que “por transitar a alta velocidad (...) los tripulantes de una ambulancia atropellaron a un peatón”.

Así se suceden, uno tras otro, los reclamos de quienes fueron atendidos por un personal que, como ha señalado numerosas veces el hoy secretario de Gobierno y exsecretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, distaba mucho de ser idóneo para la tarea que se le encomendaba.

Según los registros de la Secretaría, 29 personas denunciaron robos o hurto de sus pertenencias dentro de las ambulancias. Otras 55 denuncias coincidieron en señalar malos tratos por parte de la tripulación. La palabra “grosero” se repite una y otra vez a lo largo de los registros. Finalmente, varios aseguran que los tripulantes de los vehículos les pidieron dinero a cambio de realizar el traslado.

En octubre del año pasado, en diálogo con El Espectador, el secretario Jaramillo —cirujano de profesión— se refirió a los numerosos casos de negligencia ocurridos en las ambulancias y que entonces comenzaban a salir a la luz: “¿Cómo es posible que yo tenga una ambulancia con todas esas irregularidades? Un médico no lo habría permitido”.

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