Víctimas de “paras” piden pista en EE.UU.

Familiares de Julio Henríquez, activista de derechos humanos, buscan ser reconocidos en el proceso contra Giraldo.

El extraditado exjefe de las autodefensas Hernán Giraldo Serna. /EFE

“No he oído que los paramilitares hayan estado involucrados en el cultivo o envío de drogas a Estados Unidos”, dijo durante una audiencia este martes el juez federal Reggie Walton, quien lleva el caso del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna por el delito de narcotráfico ante una Corte del Distrito de Columbia. “Los testigos que han venido acá —continuó el juez Walton—, la evidencia que me han presentado es que sólo cobraban impuestos para financiar su lucha antisubversiva”.

Nadiezhda Henríquez, hija del activista Julio Henríquez —asesinado y desaparecido por Hernán Giraldo por supuestamente promover la sustitución de cultivos de coca en la Sierra Nevada de Santa Marta en 2001—, no podía creer lo que escuchaba en su primera visita a la corte de Washington, donde hace casi siete años se procesa al asesino de su papá. “La verdad sobre la muerte de mi padre es una y yo quiero traerla a EE.UU.”, dice Nadiezhda.

La interpretación de la Corte del papel de Giraldo en el tráfico de drogas será clave a la hora de decidir si acepta dentro del proceso a las que serían las primeras víctimas colombianas en ser reconocidas por crímenes de extraditados a Estados Unidos. Por ahora el tema seguirá siendo examinado en dos futuras audiencias, una para decidir cuáles documentos del caso se hacen públicos, luego de una demanda elevada por este corresponsal con el apoyo de El Espectador, y otra para recibir más información de los abogados de las víctimas.

Sin embargo, la audiencia de esta semana fue un logro enorme para esta familia, que desde mayo de 2008, cuando Hernán Giraldo fue extraditado a EE.UU. con otros 14 exjefes paramilitares, ha intentado ser reconocida como parte en este proceso. Durante más de siete años la familia Henríquez y sus abogados de la Clínica de DD.HH. de la Universidad de California en Berkeley se han estrellado contra una pared de secretismo absoluto acerca del expediente de Giraldo.

Además, han enfrentado el rechazo a ser reconocidas como víctimas por parte de la Fiscalía norteamericana. “La primera comunicación que recibimos fue en diciembre de 2008”, dice Roxanna Altholz, abogada de la familia. “La posición del gobierno de EE.UU. es que no hay víctimas colombianas de crímenes de narcotráfico”. Sorpresivamente, el pasado 18 de febrero, el juez Walton levantó parcialmente el manto de secretismo sobre el caso de Giraldo, que no aparece en los registros públicos del gobierno federal, y admitió escuchar los argumentos de la familia Henríquez.

En esa audiencia, en la que estuvo presente El Espectador, se conoció por primera vez que Giraldo ya se había declarado culpable ante la justicia de Estados Unidos y se encuentra en la etapa final de negociación de su sentencia, luego de más de siete años de proceso transcurridos sin mayores detalles a las víctimas.

En una segunda audiencia, la de este martes, Walton escuchó una nueva ronda de argumentos por parte de los representantes de las víctimas y los argumentos del fiscal del Caso Paul Lyman y el abogado de Hernán Giraldo, Robert Feitel. Según dijo el apoderado de la familia Henríquez, Leo Cunningham, a Henríquez lo mataron porque estaba promoviendo acabar los cultivos de coca. “Hay una conexión directa entre el homicidio y la conspiración por narcotráfico”, señaló tajante.

En efecto, Henríquez, un activista social costeño desmovilizado del M-19, se había convertido, a través de una organización ambiental llamada Madre Tierra, en promotor de la sustitución de cultivos de coca por cacao en la Sierra Nevada. De hecho, un juzgado especializado de Santa Marta condenó a 38 años de prisión a Giraldo por esa muerte. La sentencia fue contundente: Henríquez fue ultimado por su cruzada para desterrar la droga de la Sierra.

Por su lado, la defensa de Giraldo y el fiscal de EE.UU. no negaron que Giraldo mató a Henríquez, pero argumentaron ante el juez que, por un lado, ese homicidio se pudo haber dado por una cantidad de motivos distintos a sus esfuerzos contra la coca, y que la conexión entre el delito de narcotráfico y ese homicidio no era directa. Además, insistieron en que Giraldo solo ha aceptado haber estado involucrado en cobrar impuestos a narcotraficantes, y no en la producción de drogas, por lo que la labor de Henríquez no tendría una conexión directa con el delito endilgado a Giraldo en EE.UU. Una tesis bastante controvertida.

Si el juez accede a aceptar una conexión directa entre el delito de narcotráfico —ya confesado por Giraldo, y que aún sigue bajo sello judicial— y el homicidio de Henríquez, la familia tendría derecho, según la ley de víctimas de crímenes de Estados Unidos, a ser escuchada dentro del proceso de sentencia y a recibir una reparación por los daños causados.

“Lo que queremos es una sentencia justa y proporcional”, dice Nadiezhda Henríquez. Además, sus abogados buscarían, si son reconocidos como víctimas, que Giraldo pague en EE.UU. la reparación de mil gramos de oro que ordenó un juez en Colombia y que todavía no han recibido.

*Corresponsal de Caracol Televisión y Blu Radio en Washington.