Víctimas del Palacio de Justicia quieren lejos del caso a directora de Medicina Legal

Los familiares de los desaparecidos insistieron en su recusación contra la doctora Claudia Adriana García por declaraciones que dio en una entrevista sobre la investigación de lo sucedido el 6 y 7 de 1985. El Instituto asegura que no está impedida.

La funcionaria hizo referencia en una entrevista a los problemas logístico de Medicina Legal para identificar los restos encontrados en Palacio. Archivo El Espectador

Los familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia insisten en que la directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García, debería apartarse de las investigaciones de ese caso. El reproche de las víctimas nace de las declaraciones que dio García en una nota periodística del pasado 27 de agosto en Noticias Caracol, sobre la hipótesis que llevaría la Fiscalía ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de que no hubo desaparecidos en la toma y retoma del Palacio en 1985, sino errores en la identificación de los cuerpos. La entrevista, dice el recurso radicado ante la Procuraduría, sería prueba de la “ausencia de imparcialidad” de García.

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En la entrevista, que encendió la polémica sobre la versión que presentaría unos días después el ente investigador ante la Corte IDH en una audiencia de seguimiento a la condena que tiene el Estado colombiano por el caso, la funcionaria hizo referencia a los problemas logístico que hubo en Medicina Legal para identificar los restos encontrados en Palacio y a las deficiencias en el trabajo de la entidad. Lo que dijo García ya había sido recogido en la sentencia de 2014 de la Corte IDH y para los familiares eran “una manifiesta expresión de teorías revisionistas, que pretenden encubrir las manifiestas violaciones a los derechos humanos”.

La familia de Carlos Rodríguez Vera, uno de los trabajadores de la cafetería del Palacio que desapareció entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 durante el holocausto, ya había recusado a García el día siguiente a que se conocieran sus declaraciones (el pasado 28 de agosto), porque consideraban que la funcionaria estaba “prejuzgando” en la investigación. Sin embargo, en la respuesta a ese recurso, Medicina Legal sostuvo que, “desde lo legal, la directora del instituto no es fiscal ni juez”, y que, “por esa razón no investiga ni acusa a presuntos responsables de haber cometido delito y menos, los juzga y condena o absuelve”.

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Es decir, para Medicina Legal, García no puede ser recusada pues en su condición de “administradora” de la entidad, así como por su trayectoria de más de 20 años dentro del Instituto, le impiden entrar dentro de las causales de impedimento que aparecen en el código de procedimiento penal. Lo dicho por García, añadió la entidad “es una afirmación cierta que de ninguna forma afecta las labores hasta ahora desarrolladas por el Instituto, en el marco del proceso del Palacio de Justicia”.

Tras recibir la respuesta de Medicina Legal, las víctimas radicaron un nuevo recurso, esta vez en la Procuraduría General en el que piden que se acepte la recusación y se le ordene a García apartarse de las investigaciones. “Inquietud genera a las víctimas”, dice el recurso, “el desconocimiento de los deberes funcionales que posee la señora directora”, entre los que está su mandato de independencia e imparcialidad.

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A renglón seguido, las víctimas aseguran que el aparente desconocimiento de García de ese deber constitucional no la hace menos responsable. Por un lado, porque “una persona, que ostenta un grado de dirección, inexcusablemente debe conocer la ley. De manera imperdonable, debe conocer sus funciones, pero también sus deberes y límites de actuación”. Y, por otro lado, porque la Corte Constitucional ya ha dicho en varias decisiones que “la ignorancia de la ley no sirve de excusa” para quebrantarla.

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Redacción Judicial

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