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La Fundación Defensa de Inocentes, representante de un grupo de siete familias de los diputados del Valle secuestrados y asesinados por las Farc, entre 2002 y 2007, entregó sus observaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre uno de sus avances más significativos: la imputación por secuestro contra ocho antiguos miembros del secretariado de las Farc. En el documento, el abogado Juan Camilo Sanclemente solicitó medidas cautelares contra los excomandantes guerrilleros, para garantizar el desarrollo de las investigaciones y los posteriores juzgamientos.
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En la parte final del documento de siete páginas, dirigido a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, la Fundación Defensa de Inocentes pidió restringir la libertad de los excomandantes guerrilleros, relegándolos a espacios de reincorporación en zonas veredales. Además, para aquellos que están en el Congreso, como Rodrigo Londoño Timochenko, líder del partido Comunes, se pidió la suspensión de sus funciones.
“Como quiera que es de público conocimiento que varios miembros de dicha extinta guerrilla, cuando se han visto enfrentados a un proceso judicial, han incumplido el Acuerdo de Paz firmado con el Estado y se encuentran prófugos de la justicia a pesar de haber suscrito las respectivas actas de compromiso que exige la JEP. ya hay antecedentes sobre dicho riesgo, el cual no puede asumirse por parte de la Sala, pues no hay que desconocer que estamos ante personas señaladas de cometer crímenes de lesa humanidad y de guerra”, agregó la representación de las familias.
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La Fundación Defensa de Inocentes representa a los familiares de Sigifredo López, quien fue el único diputado del Valle que sobrevivió a cruel cautiverio, orquestado por el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas de las Farc, desde el 11 de abril de 2002. Además, el abogado Sanclemente está al frente de los procesos de los familiares de Carlos Alberto Charry, Francisco Javier Giraldo, Edinson Pérez Núñez, Héctor Fabio Arismendy y Ramiro Echeverry Sánchez. En total fueron 12 las víctimas de las Farc.
Las medidas cautelares solicitadas por la representación de víctimas buscan asegurar la presencia de los ocho excomandantes de las Farc a las siguientes fases del proceso que la JEP, desde el 27 de enero pasado, inició sobre el caso “Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP”. Aparte de Timochenko, la JEP imputó por secuestro a Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda Escobar, Milton de Jesús Toncel Redondo o Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra o Mauricio Jaramillo y Juan Hermilo Cabrera, conocido como Bertulfo Álvarez, quien muró el mismo día del anuncio.
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“En conclusión, respecto a la magnitud de los hechos la Sala determina que (i) la magnitud de los hechos fue significativa si bien no fue posible determinar un número preciso, es posible determinar que se realizó a gran escala, con un listado consolidado de 21,396 víctimas identificadas”, explicó la JEP en el documento de 322 páginas. Entre las conductas imputadas a los excomandantes guerrilleros está el secuestro, en 2002, de Ingrid Betancourt, quien durante seis años y cuatro meses estuvo en manos de las Farc.
La Fundación Defensa de Inocentes advirtió, durante la tarde de este 27 de abril, que, si los exmiembros del secretariado de las Farc aceptan su responsabilidad por secuestro o son condenados por la JEP, deben renunciar a su cargo, como se explica en el artículo 179 de la Constitución. “Estamos frente a crímenes de lesa humanidad los cuales deben tener sanciones severas (sin desconocer las penas establecidas dentro del acuerdo de paz)”, agregó el abogado Sanclemente.
Por otro lado, los familiares de los diputados del Valle pidieron que se tenga en cuenta los datos consignados en el computador de Luis Édgar Devia, alias Raúl Reyes, quien murió en el bombardeo de la Operación Fénix en territorio ecuatoriano, el primero de marzo de 2008. Si bien la Corte Suprema, en 2011, dijo que esos datos no eran validos porque habían sido recolectados de manera irregular por las autoridades colombianas, un informe de Interpol del secretario general Ronald Kenneth diría lo contrario. Por tanto, allí se podrían escarbar datos sobre el secuestro y posterior asesinato de las víctimas.
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“Adicional a ello, en el año 2012, es decir un año después de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, a través del proceso bajo el radicado 1202 mediante el cual fue privado de la libertad el ex diputado Sigifredo López, presentó dentro de sus elementos materiales probatorios parte de los correos de los computadores del abatido Raúl Reyes”, explicó la representación de víctimas. Por último, el abogado Sanclemente llamó la atención a la JEP por no referirse, dentro de las pruebas, a computadores incautados en operaciones militares.
Los 12 diputados del Valle fueron secuestrados en abril de 2002, por un grupo de combatientes de las Farc, quienes vistiendo prendas militares ingresaron en las instalaciones de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. De acuerdo con el Consejo de Estado, el cual responsabilizó a la nación en septiembre del año pasado, los guerrilleros les dijeron que los iban a proteger de un atentado y, luego, los engañaron para que tomaran una buseta que estaba afuera del edificio.
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“El secuestro de los diputados se realizó entre el 11 de abril de 2002 hasta el 18 de junio de 2007, última fecha en que se conoció la noticia de que once de los doce diputados en cautiverio fueron asesinados a manos del grupo armado de las FARC. Solamente Sigifredo López Tobón logró salir con vida y continuó en poder del grupo insurgente hasta el 5 de febrero de 2009 en que fue liberado”, agregó el Consejo de Estado, quien culpó a la Policía Nacional por omitir sus funciones durante el secuestro.
De acuerdo con el Juzgado Tercero Penal de Circuito Especializado de Cali, la muerte de 11 de los 12 diputados del Valle se dio porque los guerrilleros que estaban custodiando a las víctimas, en junio de 2007, creían que estaban en medio de un enfrentamiento y, contra todo pronóstico de la sociedad colombiana, cumplieron ordenes de asesinar a los políticos. El hecho se convirtió en uno de los rostros del conflicto armado colombiano, el cual sigue bajo investigación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).