Víctor Maldonado podría quedar libre en noviembre

La fiscal Alexandra Ladino precisó que varios vinculados al descalabro del Fondo Premium, vinculados, excepto Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, podrían recuperar su libertad pronto por vencimiento de términos.

Víctor Maldonado fue extraditado desde España en noviembre del año pasado. / Andrés Torres - El Espectador

Luego de que se conociera que por tercera vez se aplazaba la audiencia de legalización del principio de oportunidad para Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, la fiscal Alexandra Ladino explicó las razones de por qué el ente investigador insistirá en negociar con los cerebros del descalabro del Fondo Premium, en el que por malos manejos se perdieron unos US $175 millones de 1.028 inversores colombianos. Asimismo, indicó que en las próximas semanas varios de los vinculados a este caso podrían recuperar la libertad, entre ellos Víctor Maldonado.

Ladino sostuvo que se hizo todo lo posible para que el juicio iniciara, pero que las maniobras dilatorias de los abogados defensores lo han impedido. Por esa razón, varios de ellos tendrán la oportunidad de defenderse en libertad mientras se desarrolla el juicio. Agregó que, según la ley, una persona no puede pasar más de 240 días privada de la libertad sin que inicie su juicio y que en este caso ya han pasado más de 400 días.

“Por las continuas maniobras dilatorias de algunos defensores, los constantes aplazamientos no se ha agilizado el proceso. Ni siquiera hemos podido terminar la audiencia de acusación”, puntualizó la fiscal del caso. Sin embargo, aclaró que esta medida no acoge a Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz ni Ricardo Martínez porque ellos están próximos a recibir una condena luego de haber aceptado cargos.  Los beneficiados serían Claudia Aristizabal, Natalia Zúñiga, Rachid Maluf, Juan Andrés Tirado, quienes podrían recuperar su libertad en unas dos semanas, y el empresario Víctor Maldonado, quien podría salir de prisión en noviembre. 

Otro de los líos que hoy enredan aún más el proceso por el descalabro del Fondo Premium en la legalización de los principios de oportunidad de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo por el delito de captación masiva y habitual de dineros. Es decir, que no sean investigados a cambio de información relevante para la justicia. Este marte la audiencia en la que se presentarían los documentos ante el juez se aplazó por tercera vez. Sin embargo, la Fiscalía de inmediato radicó nuevamente la solicitud de la audiencia.

Ante la petición del abogado de víctimas, Francisco Sintura, de que el nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, revise los principios de oportunidad, la fiscal del caso explicó que se puede hacer sin ningún problema pues aún no han sido legalizados. “El principio de oportunidad, en la medida de que no haya sido aprobado por un juez de control de garantías, puede ser revisado en cualquier momento por el fiscal general, quien es finalmente el que lo autoriza”, aseguró Ladino.  (Vea: “Víctimas de InterBolsa piden que nuevo Fiscal General revise principio de oportunidad”)

La fiscal hizo énfasis en que, por el momento, “la Fiscalía va insistir en el principio de oportunidad de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo porque no se ha considerado que esto implique impunidad. Se ha hecho un trabajo serio e importante en los últimos años”. Los abogados que defienden a los inversionistas piensan lo contrario. Dicen que los principios de oportunidad son innecesarios, pues Ortiz y Jaramillo no van a dar información diferente a la que puede brindar Ricardo Martínez, a quien ya le aprobaron un principio con la Fiscalía.

No obstante, para la fiscal Ladino, son necesarios porque la información que prometieron entregar armaría el rompecabezas de cómo se creó el entramado de sociedades en el extranjero: “Ricardo Martínez dará cuenta de Intertourist, sociedad de la que era representante legal. En el caso de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, uno con una función administrativa y otro con una netamente operativa, brindarán la información que tiene que ver con las sociedades en el exterior. La única manera que se encontró para acreditar la estructura societaria fue con la información que dieron ellos”.

Ladino agregó que Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez se acercaron en 2014 para colaborar con la Fiscalía y servir como testigos de cargos. Desde entonces se comprometieron a entregar los balances financieros y contables de las empresas que están en paraísos fiscales y explicar la función que ejerció cada uno de los vinculados al proceso, pues, según Ladino, la Fiscalía desconoce los manuales de funciones de estas empresas.

Frente a las críticas que constantemente han hecho los abogados de las víctimas a la labor de la fiscal Ladino y al principio de oportunidad, ella respondió que la Fiscalía ha hecho una investigación seria y que nunca ha olvidado el tema de reparación a las víctimas. “Solamente estamos otorgando el principio por un delito y no se han dado beneficios por el no reintegro. No estamos olvidando a las víctimas y esta negociación es con base en la información que nos brinden”. Ladino, sin embargo, resaltó que ni Tomás Jaramillo ni Juan Carlos Ortiz “han reintegrado ni devuelto el dinero a las víctimas”.

Agregó de ser condenados por el delito de no reintegro, Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y compañía podrían ser condenados a una pena que oscila entre los 8 y 20 años de prisión. “Insisto en esto porque no se puede hablar de impunidad. Ya hubo una aceptación de cargos y se va a dar una condena por estafa, concierto para delinquir y manipulación indebida de especies. Con una condena ya se puede adelantar el incidente de reparación”. Ladino finalmente envió un mensaje a los abogados de víctimas al decirles que solicitaran el cambio de fiscal si consideraban que el proceso se estaba manejando irregularmente.

El abogado Francisco Sintura aseguró que jamás ha hablado de actos de corrupción en la investigación en la Fiscalía y que siempre ha confiado en la actuación de la fiscal Ladino: “Quiero ser enfático en que no he considerado que existan actos de corrupción en la actuación de la fiscal Ladino. Ella es una persona decente, honesta y dedicada. Hemos apoyado todas las gestiones de la Fiscalía en la investigación y aportado pruebas. En lo que no podemos acompañarla es en la solitud del principio de oportunidad y esa es nuestra única diferencia”.

A su vez, Sintura indicó que insistir en el principio de oportunidad era improcedente, innecesario e ilegal, porque Ortiz y Jaramillo, los cerebros del descalabro, simplemente se están delatando entre sí, sin entregar información de dónde están los recursos que malgastaron de sus 1.028 inversionistas. “Jaramillo y Ortiz confesaron que incurrieron en delitos de estafa, manipulación de acciones y concierto para delinquir. Cómo se explica que a esas confesiones se les premie con el beneficio de la inmunidad penal cuando no han devuelto los recursos”, sostuvo el apoderado de víctimas.

La Fiscalía precisó que “dentro del ofrecimiento de colaboración que han hecho Ortiz y Jaramillo hay unas matrices que determinarán las rutas del dinero y a establecer su paradero. Así sabremos que pasó en Curazao, cuál fue la participación de Eric Andersen y por qué desde Curazao no se han reintegrado todos los dineros como lo ha solicitado el liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo”. Andersen, ciudadano estadounidense, era el director del Fondo. La Fiscalía anunció imputación de cargos en su contra en 2014, pero hasta la fecha nada ha pasado.

Para el abogado Sintura la única forma de que Ortiz y Jaramillo puedan acceder al principio de oportunidad es que antes de que digan cómo sacaron los recursos a paraísos fiscales, deberían devolver la plata para reparar a las víctimas: “La fiscalía se va a chocar con la reserva bancaria de los paraísos fiscales y eso no le va a aportar ningún beneficio a la investigación”, concluyó Sintura.

La semana pasada, para terminar de agitar estas aguas, el CTI de la Fiscalía llegó a hacer una inspección a la oficina del liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo. La orden la dio la fiscal Ladino, con base en una denuncia que presentó Tomás Jaramillo porque, supuestamente, las ventas de los bienes en la liquidación se estaban haciendo en medio de irregularidades. “Lo que le corresponde a la Fiscalía es verificar si existe algún delito. Por eso se adelantan labores investigativas y en ejercicio de ese trabajo es que se realizó la inspección”, dijo la fiscal Ladino.

Las víctimas del Fondo y sus representantes, sin embargo, se llevaron otra impresión de esa diligencia. Especialmente porque la información que fue a buscar la Fiscalía es de carácter pública y se encuentra en los expedientes de la Superintendencia de Sociedades, es decir, había otros caminos de quizá menos confrontación para acceder a los documentos. Para ellos, se trató de un gesto de intimidación. La fiscal Alexandra Ladino invitó a los abogados de víctimas a que pidieran cambio de fiscal si consideran que el caso se está manejando irregularmente.