Víctor Pacheco se declaró inocente en proceso por escándalo de Corte Constitucional

La Fiscalía General le imputó los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Ante el juez 27 de control de garantías la fiscalía general le imputó los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y tráfico de influencias al abogado barranquillero Víctor Pacheco Restrepo por su participación en los hechos que llevaron al mayor escándalo en la corte Constitucional.

Según la fiscalía general el jurista aprovechó su amistad y cercanía con los magistrados Alberto Rojas Ríos y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub con el fin que seleccionará la tutela presentada por Fidupetrol S.A. En contra de una mira de 22.500 millones de pesos interpuesta por la sala penal de la corte suprema.

En la investigación se pudo establecer el 4 de octubre de 2013 el abogado Pacheco Restrepo firmó un contrato de prestación de servicios jurídicos directamente con Fidupetrol S.A., documento que fue puesto de presenté en la diligencia judicial.

Igualmente la Fiscalía presentó la grabación hecha en el magistrado de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva y el abogado Pacheco Restrepo en la cual este último le manifiesta su interés por la selección de la tutela.

En el segundo aparte de la grabación, hecha por el mismo magistrado el 2 de febrero de 2013 y la cual fue entregado en entrevista ante la fiscalía por el togado en mayo del presente año, el jurista hizo énfasis en su amistad con Rojas Ríos y Pretelt Chaljub.

"No existe indicio de ilegalidad en esta prueba", precisó el fiscal del caso al manifestar que en la grabación se hace relación a la comisión de un delito, citando jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En los registros se indica que el 9 de octubre de 2013 el abogado recibió 50 millones de pesos. Pocos días después se seleccionó para su revisión la tutela y le fue por sorteo le fue asignada para su conocimiento al magistrado Mauricio González Cuervo.

El 22 de octubre de 2013 se le consignó al jurista barranquillero la suma de 101 millones de pesos. "Conocía de la ilegalidad de su conducta por la influencia indebida por su amistad y cercanía con los dos magistrados".

Para la fiscalía General el procesado "de manera deliberada lesionó el bien jurídico de la administración de justicia". El dinero fue consignado a la cuenta corriente de su empresa Servicios Jurídicos Empresariales.

Estos pagos, según la fiscalía general, no se derivaron de su ejercicio como abogado "como lo hacía querer ver" puesto que fue parte del tráfico de influencia que emprendió el abogado Pacheco Restrepo.

El fiscal del caso hizo énfasis en que este caso afectó la imagen de la Corte Constitucional y de la administración de justicia en Colombia, puesto que después de este escándalo la gente pone en tela de juicio cualquier decisión que emita dicho alto tribunal.

Por estos hechos el abogado se podría enfrentar a una pena entre los 8 y los 15 años de prisión. La fiscalía general le solicitará al juez de garantías que lo cobije con medida de aseguramiento privativa de la libertad.