Por estos días se recordaron a los magistrados y empleados de la justicia que perdieron la vida en el holocausto del Palacio de Justicia, pero este cruento episodio es apenas un capítulo más de la violencia contra el Poder Judicial. Un estudio de Verdad Abierta revela que desde 1989 al presente, 308 funcionarios más perdieron la vida y más de 600 han recibido amenazas por su actividad.
Estas conclusiones son el abrebocas de un trabajo realizado por el portal Verdad Abierta, con el apoyo de Oxfam y la Unión Europea, para ilustrar el drama del Poder Judicial en Colombia. El libro La vida por la justicia, presentado ayer en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, detalla 12 historias de funcionarios que fueron víctimas de la guerra. “Los indispensables”, como los define la directora de Verdad Abierta, Martha Ruiz, que se jugaron la vida en situaciones críticas para preservar la independencia de la justicia.
El defensor del Pueblo de Norte de Santander, Iván Villamizar, quien murió alertando al país sobre los ríos de sangre que iban a correr en el Catatumbo. La historia de Jairo Varela, un líder comunitario de Saiza (Córdoba), quien denunció a los promotores de los cultivos de coca en el Nudo del Paramillo. Los siete investigadores de la Fiscalía en el Cesar que un día de marzo de 2000 acudieron a un levantamiento de cadáver y desde entonces están desaparecidos. O el desenlace de Marta Hernández, quien pagó con su vida la defensa del Parque Tayrona. Esas son algunas de las historias que forman parte de este trabajo periodístico.