Villarraga, el abogado de la mafia

Ricardo Villarraga fue condenado en EE.UU. por colaborar con el cartel de 'El Loco' Barrera. Hoy litiga en Colombia y defiende a los señalados testaferros de esta organización. El Espectador revela, además, grabaciones.

Daniel ‘El Loco’ Barrera, capturado en septiembre del año pasado en San Cristóbal (Venezuela).
Daniel ‘El Loco’ Barrera, capturado en septiembre del año pasado en San Cristóbal (Venezuela).Archivo - El Espectador

El abogado Ricardo Villarraga Franco, uno de los enlaces del cartel de carteles que comandaban los capos Julio Lozano, Luis Agustín Caicedo y Claudio Javier Silva —señalados jefes de Daniel El Loco Barrera–, la misma organización que traficó a Estados Unidos 912 toneladas de cocaína y lavó US$10,5 billones, después de aceptar su culpabilidad en una corte federal de Estados Unidos y purgar más de seis meses de prisión, ahora aparece reencauchado en Colombia como litigante de los familiares de El Loco Barrera.

Las agencias antidroga de Estados Unidos están escandalizadas de que el abogado Villarraga Franco ahora oficie como defensor de quienes, según la Fiscalía, son los testaferros del narcoemporio de Daniel Barrera, capturado el pasado 18 de septiembre en Venezuela. Una preocupación que ha sido ventilada a distintas autoridades en Colombia porque para la justicia norteamericana resulta inaceptable que Villarraga, habiendo sido condenado en EE.UU. por el delito de obstrucción a la justicia, esté ahora prestando sus servicios profesionales en un expediente paralelo al que fue sentenciado y para clientes que serían quienes le lavaron el dinero al capo Barrera.

Así se lo dijeron a El Espectador varios agentes antimafia norteamericanos, quienes en el año 2010, en desarrollo de la ‘Operación Cuenca del Pacífico’, detuvieron a Villarraga y a sus socios Claudio Javier Silva, Julio Lozano, Luis Agustín Caicedo, el capitán de la Policía Carlos Alberto Flórez y Franklin Gaitán Marentes. Todos ya fueron sentenciados en Estados Unidos y quedó constancia en la Corte del Distrito Este de Nueva York de que esta organización llegó a ser incluso más poderosa en el tráfico de estupefacientes que los carteles de Cali y Medellín, de los hermanos Rodríguez Orejuela y del capo de capos Pablo Escobar, respectivamente.

Este diario tuvo acceso a la confesión de Villarraga Franco y su abogado Rubén Oliva ante el juez David Trager el 5 de octubre de 2010. En el documento de 26 páginas se lee que el defensor Oliva sostuvo que este caso para él había sido muy difícil, porque era muy amigo de Villarraga desde hacía más de 10 años y porque Villarraga era uno de los abogados más notables de Colombia. Sin embargo, añadió que “él (Villarraga) sí admitió que, al representar a un cliente en un proceso de lavado de dinero en Colombia, había obtenido el archivo de la Fiscalía (de Estados Unidos) de manera prematura y corrupta”.

Se trataba del expediente que adelantaban conjuntamente Estados Unidos y Colombia en contra de Luis Agustín Caicedo Velandia, el narcotraficante que negoció su entrega con la DEA en mayo de 2010 en Argentina, un mes después de que Ricardo Villarraga viajara a Miami para ponerse a órdenes de la justicia norteamericana una vez se enteró de que las agencias antinarcóticos de ese país lo requerían por filtrar un expediente confidencial. El abogado de Villarraga le dijo al juez, ese 5 de octubre, lo siguiente: “Él está devastado. Nunca podrá ejercer el derecho otra vez. El fiscal general de Colombia ha pedido que le quiten la tarjeta profesional. Nosotros creemos que eso va a suceder”.

Añadió que el nombre de Villarraga en Colombia había quedado asociado con el narcotráfico, que a su hija de 19 años se le había arruinado su futuro profesional porque estudiaba derecho y quería entrar a su bufete, y que su hijo, “que tenía el infortunio de llevar su mismo nombre, era un jugador de fútbol profesional que había sido arrastrado al lodo”. De hecho, jugó en el club Independiente Santa Fe. El abogado Oliva resaltó en la audiencia: “El daño ya está hecho. Él no puede retroceder el tiempo. Ha tenido una terrible experiencia en la cárcel para un hombre de su edad y altura. Un tiempo adicional (en prisión) no es necesario”.

En ese momento el abogado de Villarraga sacó sus cartas para justificar la inmediata libertad de su cliente y entonces trascendió su pasado profesional. Oliva dijo que Villarraga llevaba ejerciendo como abogado en Colombia 14 años, que antes había sido director de Policía Judicial del DAS (aunque se equivocó y lo relacionó fue con la Policía Nacional), que siempre había sido un hombre ético, sin ninguna tacha, y que con excepción del caso del cartel de Luis Agustín Caicedo, nunca había cometido delitos. El abogado Oliva le restó importancia al hecho de que Villarraga obtuviera información reservada de un caso federal porque, según dijo, en Colombia es común que los capos accedan a expedientes que los involucran.

Lo más llamativo es que quedó al descubierto que Ricardo Villarraga Franco desde hacía mucho tiempo colaboraba con agentes de la DEA y fiscales de Estados Unidos en casos de narcotráfico. Se reveló, por ejemplo, que aportó varios testigos en el proceso en contra del capo del cartel del norte del Valle, Carlos Alberto Patiño, alias Patemuro —ya condenado—, y en otros expedientes de gran interés para Estados Unidos. En síntesis, que oficiaba como una especie de intermediario para convencer a los mafiosos de negociar sus penas y delatar sus actividades y socios para recibir a cambio penas benévolas. La propia fiscal Bonnie Klapper, quien procesó a Villarraga, dio fe de su efectividad como cooperante.

Ante el juez David Trager, Villarraga aseguró: “Estoy lleno de arrepentimiento por lo que ocurrió”. Seguidamente reconoció que había recibido US$100.000 del cartel que representaba y al que trató de proteger obteniendo ilegalmente información clasificada que les entregó a los jefes de dicha organización. Además, que como consecuencia de sus delaciones, Estados Unidos recuperó más de US$150 millones y que, por tanto, se había ganado enemigos que podían asesinarlo. Por eso la fiscal Klapper —hoy defensora de capos colombianos en Estados Unidos— le pidió al juez Trager que, en virtud de un acuerdo con Villarraga, éste pudiera viajar a un país distinto de Colombia para estar seguro. El juez aceptó el trato y lo dejó libre.

Ricardo Villarraga regresó a Colombia en 2011, una vez cumplió su pena, aunque en el acuerdo con Estados Unidos se dijo que debía estar en supervisión por tres años. Sus exjefes resultaron condenados, pero Villarraga siguió en la baranda y volvió a activar sus contactos para ejercer profesionalmente. Hoy figura en el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá —que lleva el caso de los testaferros de El Loco Barrera— como defensor de Nemecio Ayala Barrera, ni más ni menos que sobrino de El Loco. Es decir, Villarraga atiende los intereses de un familiar del capo, cuyos socios Julio Lozano y Luis Agustín Caicedo fueron condenados con Villarraga en EE.UU. por ser del cartel de carteles.

El Espectador tuvo acceso a varias grabaciones y decenas de transcripciones que dan cuenta de cómo el abogado Ricardo Villarraga y la organización que representaba negociaron y obtuvieron parte del proceso en Estados Unidos por el cual resultaron sentenciados. Las conversaciones se registraron entre el 16 y el 25 de enero de 2010, cuando organismos judiciales colombianos y norteamericanos ya les respiraban en la nuca. En las conversaciones Villarraga le cuenta a Franklin Gaitán, alias Sergín, jefe de seguridad del cartel, que está negociando “con los caimanes” que tienen el proceso para acceder al mismo.

Quedó claro que les estaban pidiendo mucho dinero, pero al parecer el trato se cerró por $300 millones y el compromiso de incluirlos en la nómina del cartel. Buena parte de la información la entregó el capitán de la Policía Carlos Alberto Flórez, encargado supuestamente de desvertebrar esta organización. Sergín le preguntó en un momento a Villarraga que para cuándo necesitaba ese dinero. “Para antier”, le contestó. En una grabación del 24 de enero de 2010 Claudio Javier Silva llamó a Sergín para preguntar si ya se había “cuadrado esa maricada”. Su subalterno le dijo que todo iba bien.

Y añadió: “Se habló con los primos ahí y se cuadró esa maricada, se les puso en nómina (...) tocó quitar todo ese poco de malparidos que no están sirviendo para nada, un poco de gente que se le paga y no sirve pa un culo”. Más adelante, al describirle a Sergín que estaban avanzando en conseguir los documentos del expediente, Ricardo Villarraga le manifestó que el objetivo era “dejarlo como el culito del niño Dios”, es decir, limpio. Además, el abogado le advirtió que debían estar atentos porque supo que los estaban vigilando.

En dos grabaciones más apareció el nombre del diario El Espectador. Ambas fueron registradas el 21 de enero de 2010. En la primera Sergín le comunicó a Ricardo Villarraga que si tenía tiempo para atenderlo a él “allá donde está su hijo” (presumiblemente en el club Independiente Santa Fe, donde era jugador), porque su jefe necesitaba hablarle de algo que había aparecido en el periódico. Poco después volvieron a hablar y Sergín le dijo que el jefe del cartel, Julio Lozano, estaba cansado de que su nombre saliera públicamente y que qué recursos había para detener eso. “Sí, hay muchos. Unos rápidos y unos lentos (risas)”, le contestó (ver conversaciones).

Villarraga le preguntó si había salido algo en los medios y Sergín le respondió: “Hoy, en El Espectador”. Villarraga le dijo: “Ah, pero sí joden con esa vaina (...) pero eso no lo lee nadie”. Justamente ese 21 de enero de 2010 este diario publicó el artículo “¿Mafias en las esmeraldas?”, en el que se denunciaba que la Fiscalía indagaba si narcotraficantes habían cooptado el negocio de las gemas para lavar dinero, y allí se mencionó el nombre de Julio Alberto Lozano como uno de los protagonistas de este entramado criminal. Según se reseñó entonces, Lozano ya estaba quedando en evidencia e incluso había informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda, en donde se advertían negocios sospechosos.

Después, por investigaciones de este diario y de la Fiscalía, vino a saberse que Julio Lozano era el jefe de Daniel El Loco Barrera y prácticamente de los llamados hermanos Comba. Entonces salió a relucir que alias Sergín era el encargado de coordinar los homicidios de la organización y uno de los contactos del capitán Carlos Alberto Flórez y el abogado Villarraga. El país vio cómo la Policía y la Fiscalía desarrollaron varias incautaciones en Colombia y México en las que se recuperaron US$137 millones y 17 millones de euros. Por fin se descubrió que esa organización había traficado más de 900 toneladas de cocaína, que era proveedor de los carteles mexicanos de los Beltrán Leyva y de Sinaloa, y que había lavado US$10,5 billones.

Poco después de que cayera el cartel de Julio Lozano, Claudio Otálora y su enlace Villarraga, en julio de 2010 la Fiscalía detuvo a Ana Silvia Barrera, madre de Daniel El Loco Barrera; a Arnoldo Barrera, su hermano; a Rubi y Nemecio Ayala Barrera, primos del capo, y a otros señalados testaferros como Fabián y Jaime Jerez Galeano, que fueron procesados por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos. Las autoridades realizaron distintos allanamientos en Acacías (Meta), Yopal (Casanare), Chinauta y Sopó (Cundinamarca), Puerto Triunfo y Medellín (Antioquia), y Cartagena, al tiempo que empresas relacionadas con Barrera como Inversiones Los Tunjos o Jaime Jerez y Compañía fueron incluidas en la Lista Clinton.

Todos los procesados se declararon inocentes. Por ejemplo, la mamá de El Loco, Ana Silvia, sostuvo que los negocios de sus familiares eran legales y que nunca le consignaron un peso ilícito. Lo mismo alegaron los demás. El juicio en contra de ellos se adelanta en el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá y no ha estado exento de controversias. El abogado Juan Francisco Navarrete calificó el caso en la W Radio como un ‘falso positivo’ de la Fiscalía y advirtió que dos policías encargados de la investigación reconocieron irregularidades en varios de sus informes judiciales.

Además, se quejó de uno de los supuestos testigos estrella que, en su criterio, ha mentido. Agencias antimafia de Estados Unidos están muy preocupadas por el desarrollo del proceso. Algunos agentes le dijeron a El Espectador que están convencidos de que cosas raras están ocurriendo, que se están presionando testigos para que se retracten y que hay suficientes pruebas en contra del clan familiar de Barrera y sus señalados socios. Este diario conoció un informe de la DEA, del pasado 15 de enero, en el que se señala que el declarante estelar en este caso, Jefferson Murcia Rodríguez, alias Sebastián, fue amenazado por los hermanos Jerez con el objetivo de que reversara sus acusaciones.

Con la particularidad de que en dicho caso también oficia como abogado Ricardo Villarraga Franco, el mismo que fue condenado en Estados Unidos por haber colaborado con el cartel de los jefes de El Loco Barrera. Para EE.UU. es muy grave que esto ocurra, pero la ley colombiana lo permite. “Desde el punto de vista ético no debería ser así pero, aunque parezca un absurdo, si no tiene inhabilidades en Colombia puede ejercer su profesión”, sostuvo una fuente del Consejo de la Judicatura. Hoy el caso anda enredado, con denuncias cruzadas de presiones a testigos o de ‘falsos positivos’ judiciales, pero con una realidad incontrastable: el abogado del cartel de carteles está representando al sobrino de uno de sus señalados exjefes.

“Necesito hablarle de una cosa que salió en el periódico”

Conversación registrada
el 21 de enero de 2010.
Ricardo Villarraga: Aló, caballerísimo.
Sergín: Doctor.
R.V.: Sí, ¿cómo le ha ido?
Sergín: ¿Qué más doctor, por qué me abandonó?
R.V.: No, nada.
Sergín: Doctor es que le iba a decir, es para ver si tiene un tiempito y si nos puede atender allá donde está su hijo, el de los cheques. Del que hablamos ayer.
R.V.: Sí, ¿a dónde voy o dónde nos vemos?
Sergín: Es que necesito comentarles unas vainas ahí de lo que salió en el periódico.
R.V.: ¿Esa vaina vieja del otro día?
Sergín: Sí, sí, sí, pero a ver en qué lo asesoraba al doctor. A ver qué hacemos.
R.V.: Y, ¿con quién nos hablamos o qué?
Sergín: Pues con el hombre. Entonces déjeme ya le digo a ver si el doctor tiene disponibilidad. Ya lo llamo para confirmarle a ver si tiene disponibilidad para ir.
R.V.: Yo estoy aquí en la oficina, usted me dirá para dónde me muevo.
Sergín: Deme un segundito y ya le timbro, doctor.
R.V.: Bueno pues.

“Pero es que eso no lo lee nadie”

Sergín: Doctor.
Ricardo Villarraga: Caballero.
Sergín: Doctor, estoy haciendo la lista, pero el hombre ahorita no está. Salió de la ciudad. Pero estoy cuadrando a ver si mañana hacemos la cita.
R.V.: Listo.
Sergín: Él me dijo que vaya (sic) comentándole al doctor, pues que vaya pensando a ver qué se hace con esa maricada que a todo momento sale y sale ahí (los informes periodísticos), qué recurso hay.
R.V.: Sí, hay muchos. Hay unos rápidos y unos lentos (risas).
Sergín: Exacto. Entonces, que para ver cuál era el recurso para finiquitar, porque ahí prácticamente los están colocando como si estuvieran ya crucificados.
R.V.: ¿Es que salió algo otra vez en estos días o qué?
Sergín: Hoy, en El Espectador.
R.V.: Ah, ¡pero sí joden con esa vaina!
Sergín: Sí, sí.
R.V.: Pero es que eso no lo lee nadie. Pero bueno, yo lo voy a buscar.
Sergín: Sí, échele una ojeadita y vaya pensándola.

Villarraga, sin problemas en el país

Fuentes del Consejo Superior de la Judicatura le confirmaron a este diario que, a pesar de los problemas que tuvo con las autoridades en Estados Unidos, Ricardo Villarraga tiene su tarjeta profesional —la 59193— vigente y no tiene ningún problema para continuar litigando en Colombia. Es por eso que puede defender a Nemecio Ayala Barrera, sobrino de Daniel El Loco Barrera, en su proceso por presunto lavado de dinero. Además, al revisar con distintas autoridades se confirmó que Villarraga, condenado por obstrucción a la justicia en EE.UU., no tiene antecedentes en Colombia. En los facsímiles se leen las acusaciones que enfrentó en Norteamérica.

 

En Twitter: @nenarrazola @jdlaverde9

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