Violación del derecho a la justicia

Las cifras sobre abusos sexuales en medio del conflicto son poco fiables. Falta investigación.

El caso de un teniente del Ejército que, presuntamente violó a dos niñas en Tame (Arauca) y posiblemente fue el responsable del asesinato de una de ellas y de sus dos hermanos, es uno de los tantos casos de violencia sexual en medio del conflicto colombiano. Y casos como este son muchos en el país.

Amnistía Internacional publicó un informe en el que analizó el problema. Entre las conclusiones hay una fuerte crítica al Estado por la falta de resultados en las investigaciones. “No han abordado efectivamente la falta de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de este crimen. Pese al compromiso del presidente Santos, no vemos mejoras en cuanto a llevar ante la justicia a los victimarios”, dice el informe.

Según el estudio, las estadísticas muestran cifras muy bajas frente a la realidad, ya que la gran mayoría de víctimas no denuncian por razones concretas: la impunidad, el miedo y la discriminación de género. Y cuando “la mujer reúne el coraje para denunciar, rara vez se investiga efectivamente”.

Por eso, las organizaciones de derechos humanos están convencidas de que en el país este problema es inmenso, aunque no se refleje en las cifras. “Resulta imposible calcular la verdadera escala, no existen datos precisos, ya que no se denuncian todos los casos y no existe una base de datos completa para registrar estos crímenes”.

Hasta el momento, la estadística más fiable sobre violencia sexual contra mujeres y niñas es la de Medicina Legal, relacionada con el número de exámenes a las víctimas que sí denunciaron. En 2009 se practicaron 20.142 exámenes, de los cuales 18.600 fueron a mujeres y 1.542 a hombres. Según el instituto forense, 131 (0,6%) exámenes fueron por abuso sexual cometido por algún grupo participante en el conflicto.

A estas cifras se podrían sumar las 183 investigaciones que ordenó la Corte Constitucional a la Fiscalía desde el 2008. De estos 183 casos, los guerrilleros serían responsables de cometer 15 (8,5%); la Fuerza Pública, 36 (19,4%); los paramilitares, 84 (45,8%); grupos ilegales sin identificar, 8 (4,5%); delincuentes comunes 7 (4%); un familiar, 3 (1,5%), y sin identificar, 30 (16,4%).

A pesar de estos datos, se estima que los casos en el país son muchos más, ya que el 70% de las mujeres víctimas de violencia física en el país y el 81,7% de agresión sexual no acudieron a ninguna institución a denunciar la agresión, dice la Defensoría del Pueblo. De igual forma, el 82,1% de mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado tampoco denunciaron, según datos de la primera Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual OXFAM.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de 2010 sobre Colombia, indicó que recibió mucha información sobre casos de violencia sexual cometidos por las Farc y grupos ilegales surgidos después de la desmovilización de las Auc. Ya en el informe de 2011 hizo referencia a casos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública en Arauca, Caldas, Cauca, Chocó, Meta y Vichada. “La violencia sexual contra niñas es grave, ya que ellas son abusadas debido a los estereotipos de género que atribuyen gran valor a la virginidad”, agregó.

“En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todos los actores del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, declaró Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

“Las fuerzas de seguridad colombianas, los paramilitares y los grupos guerrilleros han atacado a mujeres y niñas para explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios. La violencia sexual siembra el terror en las comunidades y obliga a familias enteras a huir de sus hogares, permitiendo la apropiación de tierras”, dice el informe.

Pocas investigaciones

Sobre violencia sexual en el conflicto, “muy pocos casos se están investigando”, dice el estudio. En 2008 la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía investigar 183 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto. A éstos se suman 68 que adelanta por su cuenta el ente acusador, para un total de 251. A la fecha sólo hay cinco resueltos.

Según Amnistía Internacional, la Fiscalía ha reconocido varios obstáculos en las investigaciones: la falta de denuncia y el no haber identificado a muchas víctimas; la falta de pruebas por no haber localizado a los testigos; el tiempo que ha transcurrido entre la comisión del crimen y el comienzo de las investigaciones, y las dificultades para acceder a muchas de las zonas donde se cometieron los crímenes. “Aunque algunos de los factores citados podrían ser válidos, en el mejor de los casos son una explicación parcial y no tienen en cuenta las barreras para la justicia más fundamentales”, dice Amnistía Internacional

Según el informe, en Colombia no hay voluntad política para combatir la impunidad, las medidas de protección son ineficaces para testigos y sobrevivientes. “Las autoridades colombianas deben aplicar un plan de acción para poner fin a la violencia sexual, que incluya medidas para combatir la discriminación de mujeres y niñas, y acabar con la impunidad que hace que los responsables no comparezcan ante la justicia”, concluyó Lee.