La violencia intrafamiliar o durmiendo con el enemigo

El crimen contra la niña Yuliana Samboní es analizado por dos expertas que advierten que lo que hizo Rafael Uribe Noguera no corresponde a un caso aislado, sino es la evidencia de un fenómeno que las autoridades no han estudiado con el rigor necesario.

 El crimen de Yuliana Samboní generó indignación en todo el país y motivó protestas ciudadanas, especialmente en Bogotá. / Gustavo Torrijos
El crimen de Yuliana Samboní generó indignación en todo el país y motivó protestas ciudadanas, especialmente en Bogotá. / Gustavo Torrijos

Este año nos grabó en la memoria crímenes tan tristes como el de Yuliana Samboní, que nos recuerdan el tipo de sociedad que somos y lo difícil que será dejar atrás el pasado lleno de violencia, odio y rencor que nos ha convertido en una sociedad anestesiada, en donde la violencia ya no nos asombra.

Cuando estaba en campaña para convertirse en fiscal general, a Néstor Humberto Martínez se le preguntó qué políticas son necesarias para combatir y prevenir los feminicidios y la violencia intrafamiliar en Colombia, a lo que contestó: “uno percibe que la criminalización de esa conducta debe de ser objeto de un revisión desde el punto de vista sociológico muy importante, porque hemos percibido que al criminalizar la violencia intrafamiliar finalmente se está generando una ruptura del núcleo familiar a partir de expresiones de violencia de ocasión. Además atosigando a todo el sistema penal colombiano”.

A pesar de que sus palabras fueron repudiadas por la sociedad civil, en especial por los movimientos de mujeres que constantemente reclaman garantías del Estado para una vida libre de violencias, la Corte Suprema de Justicia lo eligió con 17 votos de los posibles. Una vez electo, Martínez anunció una ofensiva en contra de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, persiste el desafío de entender las causas de violencias específicas que afectan a las poblaciones más vulnerables, específicamente en los entornos familiares. Esta tarea requiere disponer de información confiable que permita entender la magnitud de estas violencias, así como de herramientas para combatirlas.

Los datos son ramplones

Uno de los principales problemas para hacer frente a esta situación es que el país no cuenta con la información suficiente que permita mostrar la dimensión y la forma en la que opera la violencia intrafamiliar, de género y sexual.

Los datos de los que hoy disponemos resultan insuficientes por dos razones principales. La primera, el subregistro. Por el momento existen instrumentos como las estadísticas aportadas por Medicina Legal y Fiscalía, en las que se reportan únicamente los casos que llegan a su conocimiento; es decir, son una subestimación de los delitos cometidos y no dan cuenta de la dimensión del problema.

La segunda, la ausencia de metodologías claras para registrar y medir estos tipos de violencia. Como ha sugerido Sisma Mujer, el registro de los hechos depende de los objetivos que persiga cada entidad (incluso a nivel territorial), lo que se traduce en el uso de metodologías diferentes que impiden ejercicios certeros de comparación de los datos. No en vano el Consejo de Estado hace días ordenó a la Fiscalía la adopción de un protocolo unificado de entrevistas para recibir los testimonios de menores que hayan sido víctimas o testigos de agresión o abuso sexual.

Esta situación afecta el diseño y puesta en marcha de políticas públicas que se concentren en la prevención de estos delitos. Asimismo, impide entender otras manifestaciones de violencia que han sido poco exploradas, como aquellas que afectan a hombres y a personas con orientaciones sexuales y de género diversas.

¿Qué sabemos?

Ante casos como el de Yuliana Samboní, cuyos responsables son personas ajenas a su círculo familiar, no podemos perder de vista que es en los hogares donde ocurre gran parte de violencias dirigidas contra mujeres, niñas y niños. Hechas las salvedades sobre la confiabilidad de los datos disponibles, los informes Forensis de Medicina Legal nos muestran el siguiente panorama.

Por un lado, entre 2009 y 2014 se realizaron 127.703 exámenes médico legales por presunto delito sexual, de los cuales el 84,3 % corresponde a valoraciones en mujeres y el 15,7 % en hombres. Los principales perpetradores de la violencia sexual en las mujeres (88 % de los casos en 2015) corresponden a una persona cercana, un familiar, la pareja o expareja, amigo, o el encargado del cuidado de la víctima.

Por otro lado, con respecto a la violencia (no sexual) contra niños y niñas, se registraron 10.435 casos en el 2015, 33 más que en 2014. Asimismo, el análisis de la violencia sexual incestuosa arrojó que el principal abusador es el padre, con 1.582 casos registrados, seguido del tío con 1.278 casos. Las principales víctimas fueron, niñas y las adolescentes entre los 10 y 14 años.

En este sentido, la protección de la unidad familiar y el tejido social no puede convertirse en el instrumento para legitimar e invisibilizar ciertas formas de violencia intrafamiliar, como lo dicen las palabras de Martínez que sugieren que hay violencias que son ocasionales cuando, a todas luces, son estructurales y no deben ser toleradas.

¿Qué necesitamos?

Antes que desmontar instrumentos existentes (como el feminicidio como delito autónomo), como lo sugirió en su momento el hoy fiscal general, se requiere generar estrategias para prevenir y sancionar adecuadamente la violencia intrafamiliar. A tono con el llamado de atención que el Consejo de Estado hizo, se requiere el análisis diferencial de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente cuando se trata de niñas, y con mayor énfasis cuando son conductas imputables al Estado. Este esfuerzo implica actualizar los criterios de investigación y sanción, permitiendo explicar por qué, en un país que apuesta todo por la paz, la violencia en contra de las mujeres sigue siendo un continuo.

Es cierto que los análisis diferenciados, como en el caso del feminicidio, implican mayores esfuerzos para las autoridades judiciales en el momento de probar la comisión de delitos en entornos familiares; pero también se traducen en una oportunidad para develar la existencia de patrones culturales, basados en una distribución desigual de poder determinada por el género, que hacen de las niñas y las mujeres las principales víctimas de ciertos tipos de violencias, por ejemplo, la violencia sexual. Asimismo, invita a fortalecer la articulación con otras entidades que administran justicia, como las Inspecciones de Policía y las comisarías de Familia, que todavía no cuentan con las herramientas suficientes para prevenir el desborde de las violencias de género e intrafamiliares.

Más allá de ser un contentillo para los movimientos feministas o una medidas populista, el feminicidio y las miradas diferenciales sobre ciertos delitos son una apuesta por reconocer que las desigualdades de género afectan particularmente a los sujetos feminizados (mujeres, niñas y niños, y poblaciones LGBTI) y que se traducen en manifestaciones particulares de violencia. Tienen a su vez el potencial de generar datos e información importante para el diseño de políticas públicas que atiendan a las necesidades de grupos sociales históricamente discriminados y en situaciones de mayor riesgo de victimización.

Por último, es necesario desesencializar la familia nuclear (madre, padre e hijos) y dejar de considerarla como la única forma legítima de configuración familiar. Hay que renunciar a la idea de que hay formas de violencia que son tolerables porque atentan contra instituciones como la familia y el matrimonio, pues constituyen barreras para la denuncia oportuna, el empoderamiento de las mujeres y la protección y defensa prioritaria de los derechos de la niñez. Al respecto, la jurisprudencia constitucional nos ha dado lecciones importantes que no podemos ignorar.

Lo ocurrido en este fin de año, no es más que otro llamado a la Fiscalía, a la judicatura y a los demás órganos competentes, para tomar en serio estrategias de política pública en contra de toda forma de violencia intrafamiliar, de género y contra la niñez. Además, es fundamental que este tipo de delitos sean perseguidos seriamente por fiscales capacitados y sensibilizados para atender a las víctimas de violencia sexual sin incurrir en la revictimización; que se cuente con sistemas de información que permitan análisis más profundos del fenómeno; que la preparación por parte de jueces y otros funcionarios tenga como base el compromiso de eliminar todas las formas de violencia intrafamiliar.

*Directora Semillero de Investigación: Inclusión Democrática Vía Judicial Facultad de Jurisprudencia - Universidad del Rosario

**Miembro Rosario Sin Bragas

 

 

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