Ocurrió en julio de 1997

La vida en el exilio del juez de Mapiripán que denunció la masacre

Después de haber recibido amenazas por denunciar el masivo crimen, Leonardo Cortés Novoa cuenta cómo es su vida fuera del país y los meses previos a su salida. Aseguró que desde 2009 es víctima de despojo por parte de un exmiembro de la Policía.

La masacre de Mapiripán (Meta) ocurrió entre el 15 y el 21 de julio de 1997. / Archivo - El Espectador

A dos décadas de la masacre de Mapiripán, el juez de ese municipio durante la incursión de los paramilitares de la casa Castaño, Leonardo Cortés Novoa, está exiliado. Durante los seis meses que permaneció en Colombia después de la masacre, perpetrada entre el 15 y 20 de julio de 1997, recibió amenazas de muerte y desde entonces no ha vuelto a tocar suelo colombiano. Hoy, desde el exilio -lugar que no puede ser revelado por su seguridad- le contó a El Espectador los momentos “difíciles” que ha pasado en este tiempo y que, según él, iniciaron desde que denunció las atrocidades de los 150 paramilitares en el municipio metense.

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El 16 de julio de 1997 Cortés envió un fax al presidente del Tribunal Superior de Villavicencio, Fausto Rubén Díaz, a la Procuraduría y a la Cruz Roja denunciando que hombres que decían ser de las autodefensas del Urabá habían paralizado toda actividad en Mapiripán. El otro documento, enviado cinco días después, narró cómo los “paras”, con lista en mano, secuestraban, masacraban o desaparecían a los civiles. La cifra de víctimas es aún incierta. “Hoy es el día en que no sé cómo pude redactar esos documentos. Era complicado resumir tanto horror en dos páginas. A partir de ahí empezaron estas dos décadas de pesadilla”, manifestó Cortés.

Luego de salir de Mapiripán, el juez ejerció, por un corto tiempo, en Cota (Cundinamarca) y El Cairo (Valle del Cauca). El 8 de noviembre de 1997 miembros del CTI de la Fiscalía, luego de evaluar la situación de seguridad del juez Cortés, empezaron a brindarle protección. Un mes después, con ayuda de Naciones Unidas y el Fondo de Solidaridad con los jueces colombianos (Fasol), el amenazado funcionario tuvo que exiliarse. “Los hombres de Carlos Castaño me iban a matar. De milagro estoy vivo”. Cortés recuerda que el entonces jefe de la sección investigativa del CTI, Ramiro Anturi, fue fundamental para que su vida fuera resguardada. Con sorpresa el juez Cortés recibió la noticia en 2010 de que Anturi, ya siendo fiscal, fue capturado y enviado a Estados Unidos por tener nexos con narcotraficantes. El exfiscal se declaró culpable y fue condenado a 55 meses de prisión.

Además de contar que ha trabajado vendiendo periódicos, como peón de finca y guardia de seguridad, apuntó contra el general (r) Jaime Uscátegui y el coronel Hernán Orozco, quienes fueron condenados por la masacre. “No puede ser que viva aquí de lo que el gobierno de este país me ayuda, mientras que Orozco se encuentre muy campante en Miami y Uscátegui recuperó la libertad con el cuento de que va a decir la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz. Veinte años en el exilio no se los deseo a nadie. Adaptarse a un nuevo idioma y costumbres a la fuerza es difícil. Quisieron tratarme de loco, pero se ha demostrado que todo lo que denuncié hace dos décadas era verdad”, señaló Cortés.

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Cortés contó que antes de que sucediera la masacre se estaba preparando para ser juez penal en Bogotá, pero que sus planes fueron frustrados por las denuncias que hizo sobre la incursión paramilitar. También narró un episodio inédito que vivió con el magistrado Díaz días después de la masacre. “Semanas después de lo ocurrido en Mapiripán mantuve una conversación en persona con el entonces presidente del Tribunal Superior de Villavicencio, Fausto Rubén Díaz. Él me dijo: “Doctor, ¿usted no sabe en qué país vivimos?, ¿cómo se va a poner a denunciar a esa gente?’. Hoy me extraña ver al que fuera mi superior señalado por la Fiscalía de ayudar a paramilitares, dijo el exiliado juez.

El exjuez Cortés, se refiere al escándalo que salió a relucir hace tres semanas en el que el magistrado Díaz y otros dos magistrados de Meta fueron señalados de haberse beneficiado con $3.000 millones, licor y mujeres para ayudar a miembros de bandas criminales y de las autodefensas. Los miembros de esos grupos al margen de la ley habrían tenido rebajas de penas y prisión domiciliaria. “Mal haría en condenar al magistrado, además (sin ser el juez de conocimiento) y sin otorgarle su derecho a la legítima defensa”, dijo Cortés con respecto a los recientes hechos de los que hoy es señalado el magistrado Díaz.

El exjuez, aunque manifiesta que ese Tribunal Superior avisó sobre el riesgo que él corría durante la masacre al encargado de la seguridad de los funcionarios de la Rama Judicial, Díaz no reportó ante las demás autoridades lo que estaba pasando. “Recuerdo que el magistrado Díaz me dijo que era absurdo avisar a los militares sobre lo que estaba pasando en Mapiripán, porque la Fuerza Pública sabía de las masacres que iban a ocurrir allá”, dijo Cortés. El Espectador también se contactó con el magistrado Fausto Rubén Díaz y negó que no haya reportado los hechos, incluso, dijo que apenas recibió las comunicaciones del juez Cortés sobre la masacre de Mapiripán, las puso en conocimiento de la Corte Suprema, “como el conducto regular lo señala”.

Denuncia de un despojo

Uno de los deseos de Cortés es volver al país. Sin embargo, asegura que el Gobierno no le da las garantías para retornar y menos cuando la amenaza de los grupos paramilitares es latente en varias regiones del país. Además, el juez contó cómo un predio de su propiedad en Acacías (Meta) le habría sido despojado por un sargento primero (r) de la Policía. Según las investigaciones de la Sijín, el predio de 19 metros cuadrados forma parte de la urbanización Llano Mar. El predio, según el certificado de libertad y tradición, figura como propiedad de Cortés desde el año 1986 y a raíz de su exilio tuvo que dejar su bien inmueble abandonado. Fue a partir de 2009 que Cortés empezó a tener información de que el predio habría sido invadido.

A partir de 2013 el juez Cortés inició un proceso ante un juzgado de restitución de tierras de Villavicencio para que sus terrenos fueran recuperados “materialmente”. En la audiencia judicial del 15 de febrero de este año el demandado exoficial aseguró que los predios en cuestión se los compró a dos personas en 2009, pero que en ningún momento tuvo conocimiento de la matrícula inmobiliaria del predio. Además de asegurar que desconocía quién era el juez, el exmiembro de la Fuerza Pública dijo que encontró el predio abandonado y sin ninguna señal de que alguien estuviera haciendo uso de éste y que tampoco verificó en la oficina de instrumentos públicos si tenía dueño.

El exjuez de Mapiripán dice que este proceso judicial que está enfrentando es una revictimización y que él todavía sigue siendo incómodo para algunos miembros de la Fuerza Pública. Además, hasta coincidió en las declaraciones que hizo el general (r) Uscátegui en este diario sobre la masacre de Mapiripán: “Hay muchas verdades de Mapiripán que no se han dicho”.