'Vivos' denunciados por el Incoder

Con el fin de acceder a predios que son para campesinos de escasos recursos, empresarios y políticos dijeron tener patrimonios muy inferiores a los que realmente poseen.

Los beneficiarios de títulos del Incoder deben ser campesinos pobres. / Archivo - El Espectador
Los beneficiarios de títulos del Incoder deben ser campesinos pobres. / Archivo - El Espectador

En una denuncia enviada por el Incoder al despacho del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, se destapan los nombres de particulares que habrían declarado patrimonios muy inferiores a los que realmente poseen con el fin de quedarse con predios que son para campesinos de escasos recursos. Algo así como una nueva versión del escándalo de Agro Ingreso Seguro, que tiene a varios exfuncionarios del Ministerio de Agricultura, entre ellos al exministro Andrés Felipe Arias, en líos con la justicia. No obstante, en esta ocasión, el Incoder alcanzó a ‘atajar’ a la mayoría de estos ‘vivos’ antes de que se les adjudicara propiedad alguna.

En la denuncia, conocida por El Espectador y Noticias Caracol, se establece que 165 de las 32.731 personas que se encuentran en la lista de posibles beneficiarios de títulos del Incoder tienen un patrimonio superior a los $535 millones y, por ello, no podían estar allí. Otros ni siquiera eran campesinos. El problema es que muchos de ellos declararon al Incoder patrimonios muy inferiores a los reales. Esa entidad tuvo que acudir a la DIAN para darse cuenta del entuerto.

En los documentos enviados por la DIAN al Incoder quedan en evidencia, por lo menos, 16 personas cuyas declaraciones sobre su patrimonio no corresponden con la realidad. Es el caso de Gloria Cecilia López Contreras, quien en su solicitud de un predio denominado Los Rosales, localizado en Guaviare, dijo, bajo la gravedad del juramento, que tenía un patrimonio de $40 millones. Pero, en realidad, su patrimonio para 2011 era de $1.072 millones. Hugo Alexánder Escarraga Torres, otro solicitante, declaró en 2011 que poseía un patrimonio de $7 millones y la DIAN demostró que, en realidad, era de $575 millones.

También está el caso de Rodrigo Naranjo Quintero, quien en 2011 solicitó un predio en Guainía y al hacerlo dijo ser dueño de un patrimonio de $150 millones, cuando éste en realidad era de $1.401 millones. Y la lista sigue. Por ejemplo, Víctor Manuel Chaparro Gómez, solicitante de un predio en Santander, dijo ser propietario de un patrimonio de $100 millones y, en realidad, era de $651 millones, de acuerdo con la DIAN. Luis Eduardo Pinto Gómez, quien solicitó un predio en Santander, presentó un patrimonio de $12 millones, menos del 5% del real, que es de $684 millones.

Algo similar a lo ocurrido con Santos León, quien en su solicitud al Incoder de un predio en Santander, declaró un patrimonio de $20 millones, 40 veces inferior al que le encontró la DIAN. El Incoder encontró otros casos igualmente preocupantes. Por ejemplo, el de Casimiro Carmelo Mestre Arzuaga, quien se presentó como solicitante a pesar de que ni siquiera era campesino sino médico. O el del exrepresentante legal de la Lonja de Valledupar, Eduardo José Ustariz, quien se quiso presentar como un campesino pobre para ser beneficiario de un título.

Lo mismo pasó con María Gracia Morales Lacouture, representante de Inversiones Salguero y contratista de la Policía, quien se presentó como una campesina de bajos recursos. Otros contratistas del Estado, Gertrudis Cárdenas y Hugo Antonio Rodríguez Días solicitaron predios cuando legalmente no podían ser beneficiarios de titulación por parte del Instituto. Lo mismo hizo Alejandro Babilonia Calvache, un excandidato a la Cámara de Representantes que solicitó predios al Incoder cuando, evidentemente, no era un campesino de escasos recursos.

El caso más preocupante es el de Gladys Raquel Arismendy Parada, a quien se le adjudicó un predio el 7 de marzo de 2012 a pesar de que su patrimonio de $841 millones impedía que fuera beneficiaria de un título por parte del Incoder. Todos estos casos ya son de conocimiento de la Fiscalía, que es la que tiene la última palabra sobre estos presuntos responsables de, entre otros, falso testimonio y fraude procesal.