Las 'vueltas' de los Nule

El fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio revela las maniobras que usaban los contratistas para quedarse con licitaciones. Mientras tanto, sigue el proceso penal en su contra.

De derecha a izquierda: el cuestionado contratista Mauricio Galofre y sus primos, también empresarios, Guido, Miguel y Manuel Nule. / Archivo

Para la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es claro que los condenados contratistas Miguel, Manuel y Guido Nule tenían un objetivo: “Lograr la mayor cantidad de contratos estatales a favor de sus empresas”. Por eso engañaron a varias entidades a las que les hicieron creer que respetaban las reglas de la sana competencia.

Por ello, la SIC les interpuso una millonaria sanción el pasado 16 de septiembre, en un fallo que no es otra cosa que una radiografía de las maniobras que usaron los Nule —condenados a 14 años de prisión por su participación en el carrusel de la contratación— para conseguir sus objetivos.

En el documento de 134 páginas, conocido por El Espectador, la SIC concluye que “las empresas del grupo Nule desarrollaron una estrategia anticompetitiva para sincronizar sus propuestas económicas con el objeto de aumentar sus probabilidades de adjudicación en desventaja de sus competidores y del Estado mismo”.

¿El fin? Quedarse en 2007 con dos contratos para la interventoría de dos plantas de producción de bienestarina, en Sabanagrande (Atlántico) y Cartago (Valle). Veinte consorcios se presentaron para postularse al contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Tres de ellos eran del grupo Nule; sin embargo, ante el ICBF aparentaban independencia para no quedar descalificadas de la competencia que impide que haya dos empresas de un mismo dueño peleando por un contrato.

Se trata de los consorcios Interventoría Industrial 2007 e Inter-ICBF y la Promesa de Sociedad Futura Interventoría de la Concesión Plantas Valle-Atlántico S.A. Los Nule incluyeron en estos tres consorcios empresas suyas: Bitácora Soluciones Compañía Limitada, MNV y Ponce de León. Para despistar a las autoridades pusieron en ellas a tres personas que, de acuerdo con la SIC, eran conscientes de las irregularidades que se estaban cometiendo.

En Bitácora pusieron a Jorge Luis Betín Rodríguez, sancionado el año pasado por la Procuraduría a 14 años de inhabilidad para contratar con el Estado por maniobras similares a las denunciadas por la SIC. Por su parte, en MNV dejaron como cabeza visible a Luis Rafael Monterrosa Ricardo, y en Ponce de León, a Antonio José Rodríguez Jaramillo. Los tres fueron sancionados junto con los primos Nule.

De la misma forma, anotaron direcciones falsas en las propuestas de los distintos consorcios para que el ICBF no se diera cuenta de que las tres empresas (Bitácora, MNV y Ponce de León) se encontraban ubicadas en el mismo edificio, casi que en el mismo piso.

Luego, de 20 consorcios licitantes quedaron cinco, entre ellos los tres de los primos Nule. Al ver que sus posibilidades de quedarse con el contrato aumentaron, los Nule ‘retiraron’ la propuesta de MNV. Mejor dicho, presentaron una propuesta tan mala que fue retirada. Sólo Bitácora y Ponce de León quedaron en competencia.

Al final, Ponce de León se quedó con el contrato y —como era previsible— la empresa no hizo la intervención a la que estaba obligada. Incluso, una de las productoras de la bienestarina —que es usada para alimentar a niños de bajos recursos— fue sancionada por usar ácido sórbico en la bienestarina, una sustancia no permitida para ello. La maniobra fue armada de forma tal que, como la misma SIC lo admite, era difícil darse cuenta de ella.

La operación fue revelada gracias a correos cruzados entre funcionarios de estas empresas y tras el reconocimiento por parte de la Superintendencia de Sociedades de la existencia de un grupo Nule con varias empresas, entre ellas las ya mencionadas. Varias veces los Nule intentaron desmentir a la Supersociedades y negaron ser dueños de las firmas. Sus nexos, al final, fueron confirmados.

En menos de dos meses, los condenados contratistas Miguel, Manuel y Guido Nule han recibido dos duros golpes: el 16 de septiembre fueron sancionados por $30 mil millones y el 23 de octubre la jueza 36 de conocimiento tumbó el preacuerdo al que llegaron los Nule y la Fiscalía para que los primeros se convirtieran en testigos claves del proceso por el carrusel de la contratación, a cambio de beneficios jurídicos.

¿La razón? Los condenados contratistas no han devuelto ni siquiera la mitad de los casi $65 mil millones que se apropiaron de forma irregular de dos contratos para la Fase III de Transmilenio, en un escándalo que también enreda al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y a otros exfuncionarios de la ciudad.

 

 

 

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