Vuelve debate por penas a violadores

La huida y recaptura del “Monstruo de La Sierrita” llama a la reflexión sobre las gabelas que algunos jueces conceden en estos casos. Cadena perpetua, ¿la solución? Controversia.

Byron Palacio fue recapturado en Maicao en la frontera con Venezuela.

La fuga y recaptura de Byron Palacio Fernández, el Monstruo de La Sierrita, quien tiene a su haber cinco condenas por acceso carnal violento contra menores de edad, que suman más de 50 años de prisión y por las que las autoridades lo consideran un peligro para la sociedad, reaviva el debate en torno a los beneficios jurídicos que los jueces están concediendo a estos criminales y las penas que se les debe imponer.

A Palacio, un juzgado de Sincelejo le otorgó detención domiciliaria, que el abusador no dudó en quebrantar: miembros del Inpec fueron hasta el lugar que registró como domicilio en Barranquilla y no lo encontraron. El caso tomó vuelo en los medios, la Policía actuó rápidamente después de que la comunidad denunciara su huida y el prófugo fue recapturado este jueves en Paraguachón, corregimiento de Maicao (La Guajira), muy cerca de la frontera con Venezuela, por lo que se presume que pretendía abandonar el país

Como si fuera poco, otros 20 delincuentes de un perfil similar al del Monstruo de La Sierrita están a punto de ser cobijados también con casa por cárcel. Las alarmas están encendidas: la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas Michelsen, interpondrá acciones legales para evitar nuevas decisiones que favorezcan a los violadores de niños y dijo que el caso de Palacio es una muestra de que “se está abriendo paso el otorgamiento de beneficios a los violadores de niños, cuando sobre ellos debería recaer la máxima pena y sin prisión domiciliaria”.

Los colombianos aún no olvidan a Luis Alfredo Garavito, La Bestia, quien en 1999 fue condenado a 40 años de prisión tras confesar más de cien crímenes contra menores de edad, y por colaborar con la justicia su pena fue rebajada a 24 años. Al cumplir los dos tercios de la condena, estaría a punto de beneficiarse con la libertad condicional, asunto que la justicia deberá evaluar.

El escenario es oscuro si se tiene en cuenta que, según cifras del ICBF, el año pasado se reportaron en Colombia más de 17.000 casos de violencia sexual contra menores de edad. Con estos antecedentes se renueva la discusión en la opinión pública y en instancias legislativas, sobre la posibilidad de aplicar la cadena perpetua a los abusadores de niños.

Una de las personas que movieron este debate con anterioridad fue la fallecida senadora de la Alianza Verde Gilma Jiménez, quien llegó a instalar vallas publicitarias en Bogotá con fotografías de violadores, que finalmente fueron desmontadas por decisión de un juez, ante una tutela de una de las personas exhibidas allí, argumentando que se le violaban los derechos a la dignidad, al debido proceso y al principio de legalidad. Jiménez además promovió un proyecto legislativo en el Congreso que pretendía, precisamente, imponer la cadena perpetua para este tipo de delitos, una iniciativa que varios expertos catalogaron de populista e ineficaz, y que finalmente se cayó. Sin embargo, el representante a la Cámara Efraín Torres radicó ayer una propuesta de reforma constitucional, en medio del alboroto por el caso de Palacio, con las mismas intenciones que tenía Jiménez: prisión de por vida para los agresores sexuales de menores, una iniciativa que cala bastante en la opinión pública, muy sensible ante el tema, como se demostró en mayo con el rechazo vehemente a la idea de la Fiscalía de reducir penas a los abusadores que colaboraran con la justicia.

Para el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, más que buscar aumentar las penas para estos delitos, lo importante es que se aplique de manera plena el ordenamiento jurídico actual . “Qué sacamos aumentando penas si no se cumplen; más que un problema de legislación, es de actitud de los jueces, que deben considerar la amenaza que representan estas personas para la sociedad y no otorgarles ningún tipo de beneficio”.

La juez Lía Escudero, quien el pasado 27 de marzo le otorgó la casa por cárcel a Palacio, será denunciada penal y disciplinariamente por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, pues la ley es clara en que los abusadores de menores no deben ser objeto de beneficios jurídicos como este, porque, entre otras cosas, asegura Hernández, los antecedentes indican que estos criminales suelen reincidir en sus fechorías al menor parpadeo de la justicia, como al parecer ocurrió con Palacio, contra quien ¬según la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía¬ hay una nueva denuncia en su contra por supuesto abuso sexual de otro menor a finales de junio, un par de meses después de haber sido recluido en su casa.

Lía Escudero envió a Palacio a purgar la pena en su domicilio, argumentando que por padecer de tuberculosis resistente a fármacos, podría propagar la enfermedad entre sus compañeros de reclusión. Sin duda era necesario resguardar la salud de los demás presos, pero llevándolo a algún establecimiento especial donde se le aislara y garantizara asistencia médica, sostiene Esiquio Sánchez, vicedefensor del Pueblo.

El prontuario del “Monstruo”

A sus 49 años, Palacio Fernández es un abusador de largo recorrido. Su expediente de agresor sexual empezó a escribirse en Cúcuta, donde en 1995 fue condenado por primera vez. Pero el fallo judicial no representó un obstáculo para que retomara su senda delictiva en Barranquilla. En 2002 la justicia lo envió de nuevo a prisión por el mismo delito; estuvo encarcelado seis años y salió anticipadamente por buena conducta. Apenas acababa de recobrar la libertad cuando en 2008 fue capturado de nuevo. Por el relato de una de sus víctimas de entonces, un niño de 11 años, se conoció su forma criminal de operar: el violador en serie lo abordó en la calle; iba en una bicicleta verde y le dijo al niño que le regalaría una parecida si lo acompañaba. Luego lo amenazó de muerte con un cuchillo y abusó de él. Sus víctimas, menores provenientes de barrios humildes de la capital del Atlántico, lo reconocieron por un tatuaje de un ave que lleva en el brazo izquierdo. Palacio aceptó sus crímenes y antes de ser enviado por segunda vez a la cárcel, agobiado, le confesó a un investigador de la Fiscalía: “Me daba pánico salir a las calles nuevamente, porque sentía que iba a volver a violar niños. No sé, es una fuerza interna que me obliga a hacerlo. Yo le pedía a Dios que me diera fuerzas, pero me dieron la libertad y vea lo que está sucediendo”, registró el diario El Heraldo.

Palacio obtuvo el beneficio de casa por cárcel sin que se ejerciera sobre él un control eficiente, no se le puso brazalete que monitoreara sus movimientos y miembros del Inpec sólo verificaron que siguiera en su domicilio en dos ocasiones, según declaró el general Jorge Luis Ramírez, director del Inpec, quien además resaltó las limitaciones del Instituto para ejercer control sobre los detenidos: “En Barranquilla hay 1.800 internos con domiciliaria y sólo dos patrullas que están pasando revista de manera constante”.

Ahora, Palacio deberá afrontar las consecuencias jurídicas de su fuga y será trasladado a Barranquilla para que siga pagando allí la condena de 186 meses, una de varias en su contra, que purgaba cuando se fugó. Mientras tanto, el Congreso de la República debatirá otra vez la reforma constitucional sobre la cadena perpetua. ¿La hundirá de nuevo?