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Los líos con la justicia de Santiago Uribe, hermano del senador Álvaro Uribe Vélez, siguen vigentes. Desde el 29 de febrero de 2016 está recluido en el batallón militar Juan del Corral de Rionegro (Antioquia) por su supuesta responsabilidad en el asesinato de Camilo Barrientos, lo que, de paso, probaría también su papel en la conformación del grupo paramilitar los 12 Apóstoles en el norte de Antioquia.
Aunque su defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, ha intentado en reiteradas veces que recobre su libertad, ha sido imposible. Un último intento fue presentado al juez primero penal del circuito especializado de Antioquia para que sustituya la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad.
Una vez capturado, la primera vez que Uribe pidió su libertad fue un poco después de cumplir un año en prisión, el 11 de agosto de 2017. Tras el rechazo del juez, Uribe apeló al vencimiento de términos para recuperar su libertad, pero tampoco lo logró. En octubre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una tutela presentada por Granados en la que aseguraba que un juez penal de Antioquia había violado los derechos fundamentales de Uribe.
(En contexto: Santiago Uribe se defendió frente a supuestos nexos con Los 12 Apóstoles)
Ahora, Granados solicitó por segunda vez la libertad de su apoderado y criticó ciertos movimientos de la Fiscalía. “Es claro que el tiempo transcurrido después de la privación de la libertad del señor Santiago Uribe Vélez obedece fundamentalmente al amplio ejercicio probatorio desplegado por la Fiscalía antes de cerrar la etapa de instrucción y al prolongado tiempo que tomó la decisión de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación contra la resolución de acusación, todo lo cual es imputable a la Fiscalía”.
El documento, el cual sostiene que a Uribe Vélez se le están vulnerando sus principios, agrega: “No se advierte que, durante el periodo de tiempo que ha durado la detención, existan maniobras dilatorias por parte de la defensa que permitan, descontar periodos de tiempo al término máximo de la detención.”
Desde el momento de su captura, en el año 2016, la Fiscalía está convencida de poder demostrar en juicio que Uribe Vélez, junto a otros ganaderos de Yarumal y sus alrededores e integrantes de la Fuerza Pública, patrocinaron en la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. El ente investigador sostiene la tesis de que los crímenes de este grupo fueron sistemáticos y generalizados, es decir, de lesa humanidad, y que se cometieron contra tres grupos de la sociedad en específico: supuestos auxiliadores de la guerrilla, trabajadoras sexuales y delincuentes comunes.
Los primeros líos judiciales de Uribe Vélez comenzaron el 22 de diciembre de 1995, cuando la Fiscalía Regional de Medellín le abrió una indagación previa. Sin embargo, en 1999, el caso no tenía pruebas suficientes para seguir y el ente investigador lo cerró. Fue hasta 2013 cuando se retomó la investigación formal. A lo largo de todo el proceso Uribe Vélez ha insistido en su inocencia.
Uno de los testigos clave en el caso contra Uribe Vélez, es el agente retirado de la Policía, Alexander Amaya, cuya memoria, en la última audiencia, se esfumó y le explicó al juez que no se acordaba de nada. Sin embargo, sus palabras en 1996 fueron otras. En ese año explicó con detalle, en dos declaraciones juramentadas conocidas por este diario, los crímenes cometidos por los doce apóstoles y las armas que usaban.
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A la pregunta sobre las funciones de Santiago en el grupo paramilitar, Amaya señaló: “Cuando salían a operar, Santiago se quedaba pendiente del radio y Rodrigo le daba los informes a él por radio, los resultados de los operativos. Santiago a todo momento andaba con una ametralladora Ingra(m) dentro del carro. Era el jefe porque todos lo llamaban como el patrón y era el que coordinaba”. Para la época de la denuncia, el expatrullero incluso aportó datos sobre los homicidios que los 12 Apóstoles habrían cometido y los vehículos en que se movían.
Ahora, después de todo su recorrido por los estrados judiciales, y tras dos años en prisión, Uribe Vélez espera que el juez acceda a la solicitud que presentó Granados y le otorgue la medida no privativa de la libertad que busca desde hace un año.