Vulnerabilidad en la Corte Suprema, la sensación que dejan las "chuzadas"

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Algunos magistrados quieren llevar este controversial asunto a la próxima Sala Plena, que tendrá lugar el 23 de enero. Ese día se hará también otra votación para fiscal general.

La intranquilidad ronda la Corte Suprema de Justicia. Las noticias de que supuestamente las comunicaciones de sus integrantes son el foco de intervención ilegal por parte de miembros del Ejército Nacional —como denunció la revista Semana— evidenció los temores de los magistrados sobre las condiciones con que cuentan para hacer su trabajo; es decir, ser los máximos responsables de la justicia ordinaria en el país, lo que incluye investigar y juzgar a altos funcionarios del Estado. Fuentes del alto tribunal consultadas por El Espectador lo expresaron tajantemente: “La vulnerabilidad está demostrada”.

¿Por qué? Se trata, por un lado, de supuestas “chuzadas” a la magistrada Cristina Lombana, que llegó a la corte como mayor activa del Ejército y es parte de la Sala de Instrucción de la Corte. Y, por el otro, de hallazgos de un micrófono en el despacho del magistrado César Reyes, de la misma sala, quien tiene a su cargo una de las investigaciones más importantes que ha llevado la Corte: el caso por presunto fraude procesal y soborno por el cual está formalmente vinculado el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, por presuntamente intentar manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un paramilitar que lo ha señalado de tener nexos con ese grupo ilegal.

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Los focos no han dejado de fijarse sobre el despacho de Reyes, quien debe dedicarse a estudiar el proceso y presentar en las próximas semanas una ponencia para definir la situación jurídica de la figura pública más importante de la derecha colombiana. El hallazgo del micrófono, a mediados de diciembre, fue hecho por personal cercano a Reyes en el techo de su oficina, ubicada en el noveno piso del edificio nuevo de la Corte, en la calle 72, en Bogotá. Un punto en el techo escondía el aparato y las dudas despertaron: “No sé si funcionan las cámaras que están abajo”, dijo a este diario una fuente que labora en ese edificio.

Las explicaciones del gerente de la rama Judicial, José Mauricio Cuestas, apuntan a que ese micrófono es parte de un dispositivo que adquirieron los anteriores ocupantes del edificio para un sistema de videoconferencia. El lugar es de la organización Santamaría S. A. S., y antes lo ocupaba la EPS Compensar. “Nosotros solo le hacemos adecuaciones al edificio, no intervenimos, no podemos legalmente”, dijo Cuestas. Sin embargo, la pregunta que queda es ¿por qué la rama Judicial no revisó la seguridad de la estructura que iba a albergar a los magistrados de la Sala de Instrucción y de la Sala de Primera Instancia de la Corte?

Cuestas respondió a este diario: “Ahí funcionó Plan Colombia. Conseguir un arriendo en el edificio (para la Sala de Instrucción de la Corte) nos llevó mucho tiempo. Obviamente se mira todo el tema de seguridad, pero ya en ese detallito así tan chiquito, pues obviamente uno no interviene porque está todo el cableado estructurado”. Pero, para fuentes de la Corte, este episodio evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran y que se suma a otros hechos. Por ejemplo, el paso de drones durante una sesión de la Sala de Instrucción y cuando se estaba tomando una declaración a un testigo en 2019, como reveló este diario en octubre pasado.

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Ya la unidad de apoyo técnico, que sirve a la Corte Suprema de Justicia, recopiló los elementos probatorios sobre el micrófono encontrado en el despacho y la Fiscalía anunció las respectivas investigaciones. Magistrados consultados por El Espectador indicaron que de tiempo atrás decidieron revisar sus despachos, con personas de entera confianza, sin que se haya encontrado elemento alguno que amerite una denuncia. “Estamos habituados a que eso suceda. El espionaje siempre ha existido”, dijo una fuente.

No obstante, otras personas consultadas expresaron su beneplácito por estar ubicados en la sede de la 72 (es decir, en un lugar distinto al edificio central de la Corte Suprema), afirmaron no haber encontrado nada raro en sus propias oficinas y expresaron que —como se probó con las “chuzadas” del DAS en el pasado— la sede de la Corte Suprema en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, también es vulnerable. Por eso, estimaron, es necesario esperar los resultados de las pesquisas, que ya arrancaron.

¿Tiene que ver este episodio con las implicaciones políticas que surgen de la investigación contra Álvaro Uribe? Para fuentes consultadas la respuesta es clara: no hay ningún elemento de juicio que así lo indique. Lo que sí es claro es que no es el primer episodio extraño que rodea al magistrado Reyes. En 2019, por ejemplo, el jurista denunció ante la Fiscalía intentos de intervención irregular de la red de internet de su casa, y un hecho que le causó mas inquietud: que varios encapuchados ingresaron al edificio en el que vive en un aparente intento de robo, que no se concretó por acción de los guardias de seguridad.

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No obstante, en los pasillos de la Corte, las implicaciones del malestar son concretas en la credibilidad de la institución y las decisiones que tomen los magistrados en cada caso. Por esa razón, varias fuentes consideran que las investigaciones de la Fiscalía no se pueden quedar en anuncios, sino que tienen que dar resultados concretos y urgentes. Además, creen que la Corte debe contar con salas propias de interceptación para no tener que delegar esas funciones a otros. “Ahí se pierde el control”, dijo una fuente. No obstante, esto implicaría un presupuesto mucho mayor al actual y una voluntad política para hacerlo.

El presidente del alto tribunal, magistrado Álvaro García, hizo un llamado a que las investigaciones avancen y a la unidad. “La Corte rechaza categóricamente estos hechos que, de comprobarse, constituyen un nuevo atentado contra la independencia judicial; se solidariza con los periodistas, oficiales y funcionarios objeto de la vulneración de sus derechos fundamentales, pide protección para ellos y ratifica que ningún acto de seguimiento o intimidación contra alguno de sus magistradas o magistrados detendrá los expedientes judiciales a su cargo”, dijo el lunes. Por ahora el tema sería llevado a la Sala Plena, programado para el 23 de enero, en la que, además, se buscará elegir al próximo o próxima fiscal general.

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