Han pasado 30 años desde el holocausto del Palacio de Justicia y la suerte de los 11 desaparecidos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 sigue siendo una pregunta sin respuesta. Con cada fallo aumentan las dudas. Y la condena a 40 años de prisión, contra el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y el mayor (r) William Vásquez por dos y tres desapariciones, respectivamente, no es la excepción. Dos afirmaciones hechas por el juez 52 de Conocimiento de Bogotá en este fallo, de 479 páginas, dan cuenta de los giros que ha tenido la investigación en tres décadas y que entre más pasa el tiempo, menos se sabe sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia.
En su sentencia, proferida con base en pruebas obtenidas hasta finales de 2013, el juez sostuvo que era muy poco probable que se hallaran restos de los desaparecidos en siete tumbas sobre las que había dudas, entre ellas las de María Isabel Ferrer de Velásquez y Libia Mora Rincón.
En el caso de Ferrer, el juez sostuvo que, “asumiendo que en realidad este sea un caso de errada identificación y que el cadáver en efecto no corresponda a la señora Ferrer, tampoco a ninguno de los empleados de la cafetería”.
Según él, porque al lado del cuerpo se halló un revólver marca Colt, y debajó de él un proveedor para RP 15, “indicando esto que muy probablemente se trataba de una guerrillera, y aparte de las sospechas del Ejército, no está demostrado que alguno de los de la cafetería perteneciera al grupo subsersivo”.
A lo que se sumaba que, de acuerdo con el funcionario judicial, a este cuerpo “no se asoció ningún otro elemento, como trozos de vestimenta, adornos o accesorios, que pudieran relacionarlo de alguna manera con los de la cafetería del Palacio o cualquier otro de los desaparecidos”.
En el caso de Rincón, indicó que sus restos fueron identificados gracias a su tarjeta decadactilar, por lo que, en su criterio, no debería haber “duda respecto a la identidad de este cadáver” y que los trozos de ropa asociados en las actas de levantamiento y en la necropsia “no se acomodan a la vestimenta de ninguna de las empleadas de la cafetería del Palacio de Justicia o de las visitantes ocasionales que igual figuran como desaparecidas”.
Pero en los dos casos el juez estaba equivocado. En octubre de 2015, la Fiscalía halló en éstas los restos de dos de las trabajadoras de la cafetería: Cristina del Pilar Guarín y Luz Mery Portela León.
Guarín, cajera de la cafetería, fue encontrada en la tumba de María Isabel Ferrer, y Portela, quien se encontraba reemplazando a su madre, fue hallada en la de Libia Mora Rincón. Otra de las desaparecidas, Lucy Amparo Oviedo, visitante ocasional del Palacio, se encontró en “la caja 55A de la Fiscalía, donde había huesos exhumados de una fosa común del cementerio del Sur”.
Sobre Oviedo, el juez dijo que la abogada “debió quedar retenida junto con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y es de presumir que corrió su misma suerte y, entonces, no se descarta su muerte en ese nivel de la edificación y la calcinación de su cuerpo”.
Así lo dijo, teniendo en cuenta que ella se encontraba visitando el despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia, buscando una carta de recomendación, cuando el M-19 irrumpió en el Palacio. Entonces tres desaparecidas habían aparecido; sin embargo, otras dos personas se sumaban, según la Fiscalía, a la lista de desaparecidos: Ferrer de Velásquez y Rincón.
No obstante, en una entrevista con este diario, un hijo de Ferrer de Velásquez puso en duda este anuncio del ente investigador; en el caso de Rincón, fuentes cercanas al proceso le dijeron a El Espectador que sus restos, en realidad, aparecieron en la tumba de Blanca Inés Ramírez de Angulo, quien era auxiliar del Consejo de Estado.
Las otras tumbas en duda son, de acuerdo con el fallo, la del abogado Emiro Sandobal Huertas, la de la auxiliar María Lyda Mondol de Palacios, la del magistrado Fabio Calderón Botero, la del magistrado Darío Velásquez Gaviria y la de la magistrada auxiliar Rosalba Romero de Díaz.
Pero cabe reiterar que en su fallo el juez sostuvo que era casi imposible que los desaparecidos se encontraran en estas tumbas y que, por ello, era “improbable la teoría según la cual la totalidad de empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, y al menos dos de las visitantes ocasionales cuyo paradero aún se desconoce, habrían fallecido en el interior de la edificación en medio de combates, y sus cuerpos calcinados, entregados equivocadamente”.
Aunque, dijo, tampoco se podía predicar por completo clausurada “la posibilidad de encontrar algún caso de naturaleza”. Por ello le ordenó a la Fiscalía reanudar la investigación para esclarecer lo sucedido con los desaparecidos. “Es impostergable agotar las acciones necesarias para aclarar definitivamente la suerte corrida por todos los desaparecidos y tratar de dar con su paradero, manteniendo abierta la posibilidad de acceso a los principios de verdad, justicia y reparación”, dijo el juez. Un mensaje que no pierde validez pese a que Oviedo, Portelo y Guarín hayan sido encontradas. Otros siguen desaparecidos, al igual que la verdad sobre lo ocurrido en ese holocausto.