Yo estuve preso por Odebrecht

Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). / Gustavo Torrijos - El Espectador

Justo en el momento en que estaba teniendo la confrontación más fuerte con los accionistas del Consorcio Ruta del Sol (Odebrecht y Corficolombiana, del Grupo Aval) por las pretensiones económicas que solicitaban para indemnizarlos, la Fiscalía anunció imputación de cargos en mi contra. Eso fue en julio de 2017 y cinco meses después, el 3 de diciembre, un juez tomó la decisión enviarme a detención domiciliaria. Duré un año exactamente. El 4 de diciembre de 2018 un juez revocó la medida de aseguramiento. Hoy, ya en libertad, estoy de vacaciones en Estados Unidos para pasar Navidad con familia y amigos, pero también estoy buscando garantías de protección, porque mi seguridad y la de mi familia están en riesgo.

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Los primeros seis meses que estuve encerrado en mi casa me dediqué a estudiar mi caso hasta poder entenderlo. Me sorprendía que me acusaran de ocho cargos. ¡Soy la persona en el caso Odebrecht que más delitos le endilgan sin haber recibido un peso o causado detrimento fiscal al Estado! Es muy desconcertante esta situación. También, desde que se anunció el proceso en mi contra, estuve muy preocupado por el sesgo que podía tener la investigación. La razón, el actual fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue abogado del Consorcio Ruta del Sol y del Grupo Aval y, además, hizo parte del gabinete de gobierno que participó en las decisiones por las cuales estoy siendo acusado.

Cronológicamente, Néstor Humberto Martínez rindió un concepto en 2012 sobre la posibilidad de hacer la adición del tramo Ocaña-Gamarra y, con base en sus apreciaciones, la Concesionaria Ruta del Sol decidió que se podía realizar la obra. Posteriormente, siendo ministro de la Presidencia, firmó el Conpes en 2014 que le dio viabilidad a la vía Ocaña-Gamarra. Eso era muy preocupante para mí, porque primero asesoró jurídicamente a Odebrecht y al Grupo Aval en la Ruta del Sol 2, luego participó como funcionario público de decisiones trascendentales y estaba liderando la investigación en mi contra. Sentía que no tenía garantías.

Lo más preocupante comenzó a finales del primer semestre de este año, en mayo, cuando descubrí que estaban monitoreando las conversaciones de mi apartamento desde un edificio vecino. Además, conocimos de seguimientos que realizaron a las personas que venían a visitarme, pues a varios amigos y conocidos que se reunieron conmigo les dijeron que les aconsejaban no seguir haciéndolo. Llegué a tener episodios en los que veía drones grabando lo que ocurría dentro de mi casa. Las intimidaciones ya eran muy fuertes y entendí que debía acudir a los medios para que el país conociera la magnitud del problema de la Ruta del Sol 2.

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La decisión de hablar con la prensa fue una estrategia para protegerme. Si alguna persona llegara a tomar la terrible decisión de hacerme daño, quería que la gente supiera por qué fue. Las intimidaciones continuaron luego de una entrevista que hice con El Espectador a mediados de agosto. Después de la publicación, organicé una conferencia telefónica con periodistas de Estados Unidos. Sorpresivamente, la noche anterior a ese encuentro, a las nueve de la noche, llegó a mi casa el director de la cárcel La Modelo, César Augusto Ceballos, para ordenarme cancelar la rueda de prensa. Aún no se ha aclarado quién dio la orden ni cómo se enteraron, por lo que el juez que lleva mi proceso solicitó a Ceballos para esclarecer los hechos.

Para esa época también se empezaron a conocer los informes del excontroller de la Concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano. También su declaración ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde explicó que desde 2015 alertó sobre sus hallazgos irregulares en la contratación. También apareció el famoso contrato de transacción que firmaron Corficolombiana con Odebrecht el 11 de marzo de 2016 para dirimir sus diferencias sobre los pagos ilegales. Esa operación también la asesoró el hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Una de las cosas que me ha dado tranquilidad es que, incluso antes de comenzar a hablar con los medios, la gente me expresó mucha solidaridad. Las personas con las que trabajé, que me conocían, e incluso gremios y periodistas. Eso me dio fortaleza para defenderme, porque cuando uno tiene contradictores tan poderosos da miedo. Pero lo que más tranquilidad me ha generado es la labor de los jueces, quienes han tomado decisiones equilibradas y en derecho. Les han puesto el freno a los excesos de la Fiscalía. Por ejemplo, uno de los temas a resolver es establecer si el informe de la DEA que utilizan como soporte para interceptar mis comunicaciones es falso.

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El seguimiento a mis comunicaciones telefónicas surge por un memo de la DEA sobre supuestas personas implicadas en una red de lavado de activos de los sobornos de Odebrecht. En la lista de líneas celulares a interceptar había uno similar al mío, pero que era diferente en un número. Según la Fiscalía, se trató de un error dactilográfico y que la línea que estaba siendo reportada por las autoridades norteamericanas era la mía. Eso me preocupó muchísimo, porque se entendía que estaba siendo investigado por Estados Unidos. Al averiguar directamente sobre el tema, descubrí que dicho memo era falso, porque en dos oportunidades la DEA negó oficialmente que me estuviera investigando y que hubiera pedido interceptar mi número telefónico.

Este año terminó con un episodio muy grave para mí: el fiscal general fue al Senado y sostuvo que todos sus problemas eran producto de un complot que yo había montado junto a mi primo Luis Alberto Moreno. Para Martínez, la publicación de las grabaciones que realizó Jorge Pizano a sus encuentros con él en 2015, cuando era asesor jurídico del Grupo Aval, y en los que le reveló sus hallazgos irregulares, era un plan para desprestigiar la justicia en Colombia en los medios. Es más, el fiscal señaló que mi esposa cumplía un papel panfletario en el Congreso de Washington para dañar su imagen. Yo sí hablé con los medios y expliqué lo que estaba pasando en los medios, porque lo más importante para mí es demostrar mi inocencia. No sé si eso se pueda calificar como una “conspiración”.

Tanto en Colombia como en Estados Unidos he colaborado con mis investigaciones. Solo pido un juicio justo, porque el fiscal general tiene un conflicto de intereses que es inaceptable. Por eso acudí a las autoridades norteamericanas, porque tengo la ciudadanía, y para hacer esos acercamientos es necesario contratar gente que lo apoye a uno en esas gestiones. Contraté abogados para que me ayudaran a que el gobierno de Estados Unidos insistiera en que mi juicio tenga garantías. Esperamos que para ese momento mi caso esté en manos del fiscal ad hoc. Son cerca de ochenta testigos los que hablarán, por lo que va a ser un proceso largo, en el que voy a demostrar mi inocencia y que le va a permitir al país tener más información de qué fue lo que pasó en este episodio tan oscuro de la Ruta del Sol. No dejaré de comparecer ante las autoridades como lo he hecho siempre, a pesar de que mi seguridad esté en riesgo.

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