"Yo no pretendo entorpecer la jurisdicción especial para la paz": Fiscal General a las Farc

Néstor Humberto Martínez manifestó que las observaciones hechas al proyecto que cursa en el Congreso de la República buscan fortalecer su implementación.

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez aseguró que los cuestionamientos que presentó el pasado miércoles ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no buscan afectar la ejecución de los acuerdos firmados en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y las Farc, sino que busca hacer una aclaración para mejorar su implementación.

Martínez respondió a los cuestionamientos planteados por el jefe guerrillero Luciano Marín Arango, conocido como ‘Iván Márquez’,  –quien fungió como líder negociador en el proceso de paz. Para ‘Márquez’ con su posición el Fiscal General “pretende entorpecer los avances logrados con el Gobierno para la jurisdicción especial para la paz”.

A esto el jefe del ente investigador consideró que en este proyecto se debe tener en cuenta que muchas personas siguen delinquiendo hecho por el cual no pueden obtener ningún beneficio jurídico o legal. Reiteró que lo que menos quiere es afectar el acuerdo final pactado entre las dos partes tras cuatro años de negociación. (Ver Las recomendaciones del fiscal general a la Jurisdicción Especial para la Paz)

“Yo creo que las Farc y yo como Fiscal General estamos forman parte de las Farc no pueden obtener ningún tipo de beneficios ya que no se reincorporan a la vida civil las mismas Farc lo han dicho, entonces estamos todos de acuerdo. Yo no pretendo entorpecer la jurisdicción especial para la paz”, precisó Martínez desde la cumbre anual de comandantes de Policía en Medellín. 

En la carta enviada al presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Telesfóro Pedraza el Fiscal General pidió revisar el artículo cinco de la jurisdicción especial, esto con el objetivo de evitar que los disidentes de la guerrilla y que no quieran acogerse al sistema de justicia transicional reciban beneficios. Considera que de avalarse la norma como está se podría presentar un vació jurídico.

Esto porque no se sabe que jurisdicción adelantará las labores investigativas y procesales por crímenes cometidos después del 1 de diciembre de 2016, día que se estableció como fecha límite para la investigación de los hechos ocurridos a lo largo del conflicto.

"El Fiscal General advierte que la norma no establece claramente que los beneficios penales de la JEP deben cobijar exclusivamente a los efectivamente desmovilizados de las Farc-Ep", se lee en la carta. Asimismo, consideró que las organizaciones disidentes que se originen de la desmovilización de las Farc, deben quedar bajo el yugo de la justicia ordinaria y no tener los beneficios de un desmovilizado, pues se trata de guerrilleros reincidentes en actos criminales.

En este punto asegura que esos delitos deben ser investigados por la Fiscalía y no por una justicia transicional que brinda beneficios jurídicos.  "Los delitos continuados en que eventualmente puedan incurrir las personas desmovilizadas, deben ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria cuando se extiendan más allá del 1 de diciembre de 2016”, señala uno de los puntos de la carta.

Sostuvo que la prohibición de extraditar a quienes se sometan a la Jurisdicción Especial se extiende a los disidentes, al establecer que es un beneficio para "todos los integrantes de las Farc". En pocas palabras, pide aclarar, gramaticalmente, que esos beneficios no se extiendan a quienes sigan delinquiendo.

Otro de los puntos del texto de la reforma constitucional que criticó el fiscal fue la interpretación que da al régimen del fuero presidencial.  "La norma, como está escrita en el proyecto, establece que la JEP enviará a la Cámara de Representantes los hechos que conozca y que comprometan a una persona que haya ejercido la Presidencia.

Finalmente, el Fiscal General que las investigaciones disciplinarias y fiscales también deben ser asumidas por la JEP, y que es de vital importancia aclarar los alcances de los beneficios que entrega la justicia transicional. En pocas palabras, Néstor Humberto Martínez manifestó que es necesario que se haga una redacción más clara de los artículos del proyecto para evitar conflictos en un futuro.