Zambrano: "Un peligro para la sociedad"

Así lo considera el juez 67 de Garantías. El exfuncionario, involucrado en el carrusel de la contratación, al parecer negoció el 9% de un contrato por $67 mil millones para la prestación de servicios de ambulancia.

El exsecretario de Salud de Bogotá Héctor Zambrano, capturado por miembros del CTI de la Fiscalía.   / Gustavo Torrijos - El Espectador
El exsecretario de Salud de Bogotá Héctor Zambrano, capturado por miembros del CTI de la Fiscalía. / Gustavo Torrijos - El Espectador

De ser el funcionario estrella de la administración distrital, el exsecretario de Salud Héctor Zambrano se convirtió, después del destituido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, en el segundo funcionario de más alto nivel en ser enviado a prisión por orden de un juez, dentro del escándalo del carrusel de la contratación de la salud.

Anoche, el Juzgado 67 de Garantías de Bogotá, al justificar su decisión, argumentó que “es absolutamente reprochable y grave la actuación de un servidor público que defraudó al Estado y entregó un peculado a terceros diez mil veces mayor a lo que gana un colombiano trabajando honradamente durante su vida”. Zambrano amaneció en las instalaciones de la cárcel La Picota, después de que el juez manifestara que el exfuncionario era un peligro para la sociedad por la gravedad de sus delitos.

La Fiscalía le imputó los cargos de celebración indebida de contratos, cohecho propio, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación de terceros. Según el fiscal tercero delegado ante la Corte, y quien adelanta las investigaciones del carrusel de la contratación, Juan Vicente Valbuena, el exsecretario modificó los pliegos de condiciones en el contrato para la prestación del servicio de ambulancia con el fin de beneficiar a la Unión Temporal (UT) Transporte Ambulatorio de Bogotá. De acuerdo con las investigaciones, Zambrano recibió el 9% del valor total del contrato, equivalente a $67.000 millones.

La Fiscalía aseguró que la UT Transporte Ambulatorio de Bogotá logró apropiarse de $17.500 millones, gracias al rol que desempeñó Zambrano durante el proceso licitatorio. Esta suma de dinero forma parte de los $34.750 millones, correspondientes al 51% del contrato que se presupuestó para el pago de la nómina de las personas que prestarían el servicio de ambulancias. A pesar de que se decía que se pagarían salarios entre $1’500.000 y $1’800.000, lo que en realidad se canceló, según estableció el ente investigador, fueron sueldos de entre $600.000 y $800.000.

La alianza para direccionar la licitación de este contrato se fraguó, de acuerdo con la Fiscalía, entre Zambrano, Federico Gaviria —quien sería intermediario para la entrega del dinero al exsecretario— y el contratista Emilio Tapia. “Le correspondió a Zambrano asegurar el contrato desde la fase previa y durante el proceso licitatorio. Sin su participación no se habría logrado el objetivo”, puntualizó el fiscal Valbuena durante su argumentación en la audiencia de imputación de cargos.

Las pruebas con las que cuenta el ente investigador en el proceso contra el exfuncionario son: una serie de entrevistas, entre las que se destacan las de Emilio Tapia y Julio Gómez, quienes se encuentran colaborando con la justicia y vincularon el nombre de Héctor Zambrano al carrusel; informes de policía judicial; declaraciones del actual secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, e informes de interventoría del contrato que mostraban la precaria prestación del servicio.

Los cambios en el pliego de condiciones del contrato durante el proceso de licitación —publicado el 27 de mayo de 2009— son algunos de los indicios más relevantes que encontró la Fiscalía para vincular a Zambrano al caso del desfalco a las finanzas del Distrito. Para el fiscal del caso, el exsecretario y los funcionarios de Salud que licitaron el contrato, “jugaron con la salud de los bogotanos”, al no permitir la participación de empresas que acreditaban su experiencia en ciudades de otros países y no en el ámbito nacional, “violando el derecho a la igualdad de condiciones”. Asimismo, “se modificaron los requisitos de tener por lo menos 10.000 servicios prestados de ambulancia a tan sólo 8.000, porque la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá sólo acreditaba 8.460 servicios prestados”, aseguró el representante del ente investigador.

De acuerdo con lo presentado por Valbuena durante la audiencia, había otros dos consorcios: Macromédica y Emergencias Unidad (unión temporal entre Emi e Interbolsa), que sí acreditaban la experiencia necesaria para la prestación de servicios médicos, a diferencia de Transporte Ambulatorio de Bogotá. Al parecer, este último consorcio estaba conformado por dos empresas —Suárez y Silva Ltda. e Ingenieros Contratistas— que se dedicaban a la construcción de obras públicas y solamente contaban con el apoyo en servicios médicos de una pequeña empresa llamada Transporte Ambulatorio Médico, que tenía un capital de $6 millones y ocho ambulancias.

Al término de la audiencia miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a Zambrano para conducirlo a la cárcel La Picota, donde estará recluido mientras avanza el juicio en su contra por el desfalco del erario distrital. Ahora la Fiscalía deberá formular la acusación en su contra.

 

En twitter @SantsMartinez