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Luego de casi diez años, el Consejo de Estado le puso punto final a un largo pleito que involucraba a Tomas y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del senador Álvaro Uribe Vélez. Se trata de una acción popular que interpuso el periodista Felipe Zuleta Lleras en 2010 porque, según versiones que circulaban entonces, los hermanos Uribe Moreno habrían sido favorecidos en un proceso de volteo de tierras: compraron un lote en el occidente de Bogotá y, dos años más tarde, el trámite que presentó el representante legal de la Zona Franca de Bogotá, Juan Pablo Rivera Cabal, para que el predio fuera declarado como zona franca se aprobó, lo que les trajo grandes réditos. La Sala, en mayoría, negó las pretensiones de esa acción popular.
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Este martes, con votación 17-9, la Sala Plena derrotó la ponencia que presentó el magistrado Alberto Montaña que declaraba la violación de la moralidad administrativa en la constitución de la Zona Franca de Occidente, como planteaba la demanda de Zuleta. El Espectador estableció que, para la mayoría, dicho argumento no se probó en el proceso y señaló que en el trámite de la aprobación de la zona franca no hubo vicio administrativo alguno. Con esta decisión, ahora sigue un proceso técnico: el nuevo ponente, el magistrado Carlos Moreno deberá elaborar un proyecto de fallo que recoja la posición de la mayoría para que sea votado formalmente.
Con ese paso final, se materializa la decisión que ya no tiene reversa. Lo cierto es que ya el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda, que aseguraba que la DIAN, los ministerios de Hacienda y de Comercio y la Comisión Intersectorial de zonas francas, intercedieron en favor de los hermanos Uribe Moreno para que el terreno de su propiedad fuera declarado zona franca, es decir, exento de impuestos.
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La acción popular buscaba tumbar la resolución 1825 de 2018 expedida por la Dian, “por medio de la cual se declara la existencia de un área geográfica como Zona Franca Permanente de Occidente y se autoriza como Operador a la sociedad Zona Franca de Occidente”. Y, aunque Tomás y Jerónimo Uribe intentaron constituirse como partes en el proceso para poder defenderse, el Consejo de Estado les negó esta petición en varias ocasiones. El caso iba a ser resuelto en 2018, pero la empresa que opera la zona franca, relacionada con los Uribe, pidió al alto tribunal no hacerlo en medio de elecciones.
Ya en 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había asegurado que no existieron irregularidades. Al fallar esta demanda en primera instancia, los magistrados aseguraron que “no existieron faltas a la moralidad pública” en la adquisición de los predios San Laureano y El Paraíso en Mosquera (Cundinamarca). El argumento central fue que el área en el que están se encontraba contemplada en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio como de uso urbano e industrial. Es decir, se desestimaba la tesis del volteo de tierras.
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Además, dice el fallo de 2011: “Lo cierto es que no se modificaron los usos del suelo de esa parte del territorio del municipio, que demuestre indubitablemente dicho favorecimiento que se predica en la demanda, porque el uso previsto desde el año 2000 no era otro que el industrial, fecha para el cual el doctor Álvaro Uribe Vélez no era presidente de la República de Colombia y ninguna injerencia pudo ejercerse a condición de una magistratura inexistente”. Es decir, este cambio en el uso del suelo de los predios se dio dos años antes de que Uribe llegara al Gobierno, según el Tribunal.
Nota de la editora: Esta nota se modificó para precisar cómo se dio el trámite de aprobación de la zona franca.