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En un documento de 31 páginas enviado al fiscal General, Néstor Humberto Martínez el abogado Jaime Granados pide reabrir la investigación en contra del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, almirante (r) Álvaro Echandía por su participación en los hechos que rodearon la infiltración a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en el año 2014.
El jurista, quien defiende los intereses del expresidente del Centro Democrático, le solicitó al jefe del ente investigador conformar un comité técnico jurídico para revisar la decisión del fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia que dio por terminada la indagación preliminar contra el almirante en retiro por atipicidad en la conducta.
Para Granados en la decisión tomada el pasado 2 de febrero se presentó un “evidente desequilibrio y violación al acceso de la administración de justicia que imperado dentro de los radicados a través de las cuales la Fiscalía General ha indagado en relación con el mediáticamente conocido como “caso hacker”. En este sentido se manifiesta que no se estudiaron todas las pruebas presentadas
En su concepto la declaración rendida por el exdirector del CTI, Danny Julián Quintana a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General no fue valorada de debida forma. Señala que el exalto funcionario de la administración Montealegre-Perdomo dio detalles sobre las presiones que ejerció el almirante Echandía para que no revelará ante las autoridades ciertos datos.
Cita que “coincidencialmente” el director de la DNI buscó en repetidas oportunidades a Quintana días antes que declarara ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la indagación que se adelanta al senador Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación y conocimiento en las actividades ilegales adelantadas por el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila.
Lo convocó a una reunión en su apartamento en el norte de Bogotá. En dicho encuentro le pidió que omitiera decir que la información base para abrir el expediente ‘hacker’ se la había dado la DNI. A cambio de su silencio –señaló Quintana- le ofreció la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
Intereses políticos
Para Granados en este caso existió un fraude procesal puesto que la información presentada por la DNI ante la Fiscalía General en contra del ‘hacker’ Sepúlveda tenía un interés meramente político. Esto al considerar que la recolección de pruebas se inició cuando se conoció que la esposa del pirata informático –Lina Luna- trabajaba en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga realizando actividades de marketing político.
En el extenso documento asegura que se le dio credibilidad absoluta a la versión entregada por el almirante en retiro quien negó tener conocimiento de estos hechos y no se le dio validez a las versiones entregadas por Quintana quien estuvo a cargo de la investigación por el caso ‘hacker’. Igualmente señala que no se analizaron las contradicciones de otros testigos que avalaban la tesis de Echandía y el desconocimiento de la relación Sepúlveda-Zuluaga.
“Es entonces Echandía quien niega conocer que los hechos de tráfico de información que investigaba usando la inteligencia del Estado, “involucraran” tenían que ver con una Campaña Política y haberse enterado de esto a través de los medios de comunicación tiempo después. Eso sí que resulta inverosímil Señor Fiscal, porque muy mala debe ser la inteligencia que hacía la DNI, si no sabía que Andrés Sepúlveda trabajaba con una Campaña Política”, indicó.
En la petición advierte que se omitió el hecho que el ingeniero de sistemas de origen español Rafael Revert, quien trabajaba en la oficina de Sepúlveda y habría sido el encargado de grabar el video de la reunión que sostuvo el ‘hacker’ con Zuluaga, tenía una relación directa con la Dirección Nacional de Inteligencia.
Finalmente, pide que se revisen las declaraciones de otros testigos cercanos a la DNI que dieron datos claves sobre la infiltración a la campaña de Zuluaga y el montaje que se hizo desde el organismo de inteligencia del Estado –que remplazó al DAS- en contra de la campaña del candidato del Centro Democrático.