El 12 de diciembre de 2015 en la COP21 195 países adoptaron el primer tratado internacional vinculante sobre cambio climático. Este es el escenario actual, según Maria Alejandra Aguilar, investigadora de Ambiente y Sociedad.
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El 12 de diciembre de 2015 en la COP21 195 países adoptaron el primer tratado internacional vinculante sobre cambio climático. Un hito histórico que tiene como fin principal mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C y limitar el aumento a 1.5°C por encima de niveles pre-industriales. Para esto el Acuerdo busca la reducción de los gases de efecto invernadero a través de metas de mitigación, resiliencia y apoyo a países a través de metas de adaptación, mecanismos financieros para la implementación, transferencia de tecnologías, mecanismo de pérdidas y daños, entre otros.
A cinco años de su adopción el avance ha sido lento y el panorama del estado planetario parece devastador. De acuerdo con el reporte Brechas de Emisiones 2020, este año la temperatura global marca un nuevo récord y a pesar de las consecuencias económicas y sanitarias del Covid-19 en la baja de emisiones globales anuales, la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero continua en aumento. A su vez el reporte Unidos en Ciencia 2020 señala que en comparación con hace treinta años, las emisiones de dióxido de carbono provenientes de combustibles fósiles han incrementado un 62% y el planeta ya se encuentra 1.1°C más caliente frente a niveles pre-industriales.
La crisis climática no sólo implica el calentamiento atmosférico y la amenaza de eventos climáticos extremos e impredecibles, también la extinción masiva de especies e incluso la inhabitabilidad de ciertas regiones de la tierra y de forma simultánea a todo lo anterior, una afectación de los derechos humanos fundamentales a una escala global sin precedentes. Y aunque la crisis climática lleva siendo advertida hace al menos dos décadas, fue apenas hace unos años que se consideró formalmente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la relación directa entre afectaciones a los derechos humanos y el cambio climático en la resolución 7/23 de 2008, que afirmó que “el cambio climático es una amenaza inmediata y de largo plazo hacia los individuos y las comunidades alrededor del mundo, con implicaciones en el goce efectivo de los derechos humanos” (Resolución 7/23, 2008).
Dentro de las obligaciones del Acuerdo de París los países miembro deben adoptar compromisos climáticos nacionales (NDC por sus siglas en inglés) y cada cinco años actualizarlos de forma progresiva. A pesar de ser compromisos voluntarios son de carácter universal y la herramienta clave para la implementación del tratado, con una aproximación de abajo hacia arriba, les permite a las partes diseñar y focalizar su compromisos teniendo en cuenta sus necesidades y capacidades, partiendo del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. A la fecha 189 países han ratificado el Acuerdo y de estos 188 han presentado el primer set de NDC, 3 países el segundo set para 2020; recientemente el Reino Unido anunció que fijaría una meta de reducción de emisiones del 68% para 2030, a su vez Colombia anunció una meta del 51% para 2030. Estas declaraciones sin duda son razones de celebración y optimismo, se espera que otros países sigan los pasos para el aumento de la ambición de las NDC, pues es cuestión de urgencia. (Lea: Colombia a cinco años del Acuerdo de París: es hora de redoblar esfuerzos)
Después de todo, aunque el primer set de las NDC fuera implementado efectivamente, no serían suficientes para lograr el objetivo del Acuerdo de París, según el reporte Brechas de Emisiones 2019, pese a estos esfuerzos la temperatura global estaría encaminada a aumentar entre 2.7°C a 3.7°C, lo que conllevaría a una catástrofe planetaria.
En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres el planeta está roto y la humanidad se encuentra en guerra con la naturaleza en un comportamiento suicida. En su discurso ante la Universidad de Columbia también resaltó que el mundo ha retrocedido en las metas globales, el desarrollo sostenible y la erradicación de la desigualdad, mientras que paralelamente nos encontramos ante un alto riesgo de colapso de la biodiversidad, con un millón de especies al borde de la extinción. El Secretario General también señaló tres acciones esenciales para hacer frente a la catástrofe climática:
1. Neutralidad Global de Carbono a 2050: Cero emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción anual del 6% en la producción de combustibles fósiles.
2. Finanzas globales alineadas con el Acuerdo de París: El flujo financiero deberá direccionarse hacia cero emisiones y la transición justa, fijar un mercado de carbono, eliminar subsidios a combustibles fósiles, el compromiso de no crear nuevas plantas de energía de carbón, entre otros.
3. Protección de las poblaciones más vulnerables y aumento en cooperación internacional para apoyar a países en vías de desarrollo: La adaptación y reducción del riesgo deben ser prioritarios.
A estas acciones hay que añadir el imperativo del enfoque de derechos humanos, que debe estar plasmado en las estrategias de descarbonización de la economía, la transición justa y la implementación de las NDC. Los derechos de acceso a la información y la participación de la sociedad civil son la base de la democratización de la acción climática y su probabilidad de éxito.
Por último es hora de entender que el planeta es un sistema vivo e interconectado, no se puede hacer frente a la crisis climática sin hacer frente a la crisis de biodiversidad, la crisis de contaminación y dando la espalda a los derechos humanos. Desde el pensamiento del físico Fritjof Capra las soluciones deben ser estructurales y sistémicas, el crecimiento perpetuo a todo costo no reconoce los límites planetarios y se basa en la explotación intensiva de recursos. El desarrollo debe pensarse en términos ecológicos y reconocer que las múltiples crisis globales que enfrentamos requieren con urgencia de cambios profundos en nuestros modelos económicos y sociales. Tenemos menos de ocho años para limitar el incremento de la temperatura por encima de los 1.5°C, para evitar este suicidio colectivo el multilateralismo y la cooperación son más necesarios y vigentes que nunca antes.