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Decepción. Es lo que dicen sentir en estos momentos las organizaciones ambientalistas en el país ante la confirmación por parte de la viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz, de que el Gobierno se apresta a dar luz verde al llamado “fracking” o fracturamiento para la búsqueda de yacim ientos de petróleo y gas, que implica promover los yacimientos no convencionales, sin tener en cuenta el conocimiento de la afectación ambiental y sobre la salud humana.
Para Camilo Prieto, vocero oficial de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano, lo que se está dando es una clara contradicción, pues hace apenas cinco meses, en una reunión con ambientalistas y ante los medios de comunicación, el mismo Gobierno declaró que Colombia no está preparada para el “fracking” y que ni siquiera se tenían estudios de base para establecer los patrones de seguridad de esta técnica frente a la hidrogeología del país.
“Esta decisión de aceptar el ‘fracking’, de seguirle apostando a los yacimientos no convencionales y a las energías extremas, dilata por completo de manera irresponsable la transición hacia energías renovables y nos hace menos competitivos en el mercado de producción energética, puesto que la tendencia mundial es hacia otro tipo de tecnologías que sí son amigables con el medio ambiente”, enfatizó Prieto.
Para el Movimiento Ambientalista Colombiano, la política energética de Colombia, contrario a los esfuerzos de países como China y de la Unión Europea, parece alinearse con la perspectiva que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente al cambio climático: “Promover los yacimientos no convencionales, a pesar del conocimiento de la afectación para el medio ambiente y el rechazo de las organizaciones ambientales, resulta no solamente ser una decepción sino también una burla a los Acuerdos de París”, agregó Prieto.
De confirmarse la decisión del Gobierno, Colombia sería el primer país del mundo en efectuar extracción de yacimientos no convencionales en áreas de cordillera e incluso en cercanías a los páramos, como lo han denunciado en varias ocasiones los ecologistas. En este sentido, los activistas ambientales le solicitaron al Gobierno que se aplique el principio de precaución de la Cumbre de Río, pidiendo una detención prudente de la medida debido a la incertidumbre ambiental y en materia de salud pública que significa el “fracking” para el país.