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La cifra es aterradora: en 2017 en Colombia asesinaron a 32 líderes ambientales. El número fue dado a conocer a principios de febrero por la organización Global Witness, que cada año ha intentado llevar un registro de los defensores que mueren en todo el mundo. En esta ocasión nuestro país apareció como el tercero más peligroso para defender el ambiente. Brasil y Filipinas estaban ubicados en las primeras casillas.
Diez países latinoamericanos ya habían advertido en 2012 que algo no andaba bien en la región en asuntos ambientales. Los conflictos que se desataron a lo largo de la primera década del siglo XX, a la par de que se disparaba el precio de las materias primas y aumentaba su extracción, inquietaba a varios líderes. Por eso ese año, en Río+20, la conferencia sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, decidieron impulsar una propuesta para frenar ese fenómeno. También querían intentar promover una mayor justicia ambiental. Después de ocho años y de nueve grandes reuniones, esa iniciativa acaba de ver el primer fruto.
En el hotel Real Intercontinental de San José, en Costa Rica, 25 países de América Latina aprobaron en la noche del pasado sábado un documento histórico. Se trata de un acuerdo que materializa la propuesta que hicieron esos diez países en Brasil. “Principio 10”, la llamaron. En pocas palabras, lo que busca es comprometer a las naciones con la garantía de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. En otros términos, como dice desde San José Natalia Gómez, investigadora de la organización Ambiente y Sociedad, y representante del público en la negociación, este acuerdo va a fortalecer la democracia ambiental.
Varios puntos hacen de este acuerdo un hecho importante. Por un lado, como explica Gómez, es el primer pacto regional en materia ambiental que se firma en América Latina. Por otro, “es el primer tratado que hace una mención expresa de los defensores ambientales. Los países se comprometieron a garantizarles las condiciones para que puedan ejercer su labor sin violencia y sin amenazas”.
“Un instrumento jurídicamente vinculante es el acuerdo más útil para garantizar los derechos humanos”, le había dicho hace unos días al diario inglés The guardian Constance Nalegach, la principal negociadora de Chile. “A pesar de que no es la solución completa, es un paso importante para detener y reducir los conflictos socioambientales en la región, incluidos los ataques contra los defensores del medioambiente”.
En los cuatro días que duró esta reunión, Chile, junto a Costa Rica, fue uno de los países que lideraron e impulsaron los acuerdos. “Fueron los más progresistas”, cuenta Gómez. Otro escenario muy distinto se vivió del lado colombiano. Como ya lo había contado El Espectador, junto a México, fue la comisión que más opuso resistencia a algunos aspectos sobre los que parecía haber consenso.
Uno de ellos hacía referencia a la posibilidad de que un país tomara “reservas” en el caso de que no pudiese cumplir alguna de las metas trazadas. Tanto Colombia como México y Jamaica estaban a favor de esa propuesta. Sin embargo, que algún gobierno decidiera libremente qué cumplía y qué no, no le sonaba mucho al resto de países. Tras unas horas de lobby, algunas sugerencias por parte de la Cancillería costarricense, el artículo 23 fue redactado de manera clara y breve: “No se podrán formular reservas al presente acuerdo”.
Otro de los puntos en los que la postura de Colombia generó inquietud era el referente a la creación de un “comité de apoyo a la aplicación y al cumplimiento”. Se trataba de un grupo creado para evaluar el cumplimiento del tratado y hacer recomendaciones a cada país. La idea es que los ocho años y las nueve reuniones que se han hecho hasta ahora no se queden en el papel. La comitiva colombiana se mostraba indecisa, pero al final, como lo muestra el artículo 18 del texto, hubo consenso. “Tendrá carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo”, se lee.
También había un aspecto que resultaba inquietante de la comisión colombiana, liderada por la Cancillería. En principio no querían que el acuerdo fuese vinculante. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, tuvo que interceder por medio de una carta enviada a la canciller María Ángela Holguín. “Todo el esfuerzo invertido en la negociación debía culminar en un acuerdo de carácter vinculante”, le había escrito.
Pero las diferencias fueron resueltas y alrededor de las 9 p.m. del sábado (hora colombiana) se culminó la redacción del tratado. Ahora le queda un camino nada fácil. Deber ser firmado y ratificado por los 25 países firmantes, aunque basta con que 11 de ellos lo hagan para que entre en vigor. Ese lapso empezará a partir de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se llevará a cabo a finales de 2018.
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Joséluis Samaniego es el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el organismo que impulsa y apoya las negociaciones. Tiene una buena manera de explicar para qué le sirve a un ciudadano el acuerdo firmado en Costa Rica.
“Si alguien dice que quiere ser incluido cuando se vaya a comunicar sobre el impacto ambiental de una obra de infraestructura, pues ahora puede participar desde el momento en que se concibe la obra y, además, ver si hay otras opciones. Lo que hay es un cambio en el empoderamiento que se les otorga a los ciudadanos”, dice en un breve video que publicó la Cepal.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente también celebró la decisión. “¡Histórico! Los países de América Latina y el Caribe suscribieron hoy un acuerdo ambiental que garantizará más protección a defensores, más prevención de conflictos, más participación ciudadana, más democracia ambiental”, escribió en uno de los varios tuits sobre el evento.
En el caso de Colombia, la tarea estará ahora en manos del Congreso y de la Corte Constitucional. Serán las entidades encargadas de firmar y ratificar el documento que tiene un nombre difícil de recordar: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, quedan varias dudas en el aire. ¿Será el país capaz de implementarlo cuando aún no ha podido contener la ola de asesinatos de líderes sociales, que ya suma 282 muertes en dos años? ¿De qué manera influirá ese pacto por la democracia ambiental en un país que aún no ha resuelto las tensiones que generan las consultas populares y que aún no se pone de acuerdo sobre quién decide en los recursos que hay en el subsuelo?
Es difícil saber las repuestas, pero las elecciones que se avecinan darán pistas para resolver esos interrogantes. Lo cierto es que en las últimas dos décadas el boom del sector minero-energético, además de haber generado importantes ingresos, también dejó múltiples conflictos sociales. Los investigadores Sara Guío y Óscar Pérez registraron 179 entre 2000 y 2016 que detallaron en el libro La minería en el posconflicto. Varios siguen hoy sin resolverse.
@SergioSilva03 / @Camilaztabor