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Llegar a Belén de los Andaquíes no es difícil. Desde Florencia, la capital del departamento de Caquetá, son 20 minutos por una carretera bien pavimentada. Las lomas propias del paisaje andino cambian bruscamente para convertirse en planicies verdes, donde pasta el ganado. Una vez en el pueblo, el bochorno de la tarde se amasa en las calles. No llueve, todo está tranquilo en el piedemonte amazónico.
Pero en este camino fácil no hay historia. Hace 100 años, frailes capuchinos usaron la trocha que abrieron los indígenas andakíes para llegar hasta la Amazonia desde Acevedo, Huila, en la frontera entre los dos departamentos. Lo mismo hicieron comerciantes de quina y caucho, colonos, ganaderos, armados, cocaleros, mineros, traficantes. Todos se abrieron paso a punta de machete por el lodoso y empinado Camino Andakí y fundaron pueblos y veredas –entre ellos, Belén–queriendo hacer su terruño en las tranquilas sabanas caqueteñas, buscando vender su mercancía en la Amazonia o huyendo de la justicia de turno. De cualquier modo, fueron tumbando selva, un árbol a la vez.
Belén de los Andaquíes, declarado “Municipio Verde y Protector del Agua” en 2013, se divide entre la cordillera Oriental y la región amazónica de Colombia. Emplazado en el suroccidente de Caquetá, hace parte del departamento más grande y deforestado del país a causa de la ganadería extensiva, la agricultura y la colonización. Solo en 2015 se deforestaron 23.812 hectáreas de bosque, según el Ideam.
Belén, sin embargo, es la excepción a esa triste regla gracias a un grupo de habitantes que han trabajado los últimos 30 años para declarar 10 áreas protegidas, 9 de carácter municipal. Haciendo cuentas, suman unos 71.000 kilómetros cuadrados que la comunidad vigila.
Según las cuentas de Tierra Viva, de las áreas protegidas hay 28.877 hectáreas que son Parques Municipales, 23.540 bosques en predios privados y 17.693 que pertenecen al Parque Nacional Alto Fragua Indi Wasi.
Es decir, que el 59 por ciento de su territorio es intocable gracias a la acción ciudadana. ¿Cómo un puñado de personas logró esta hazaña en medio del departamento más deforestado del país
Erasmo González, uno de los mecánicos del pueblo, es uno de los pioneros de Fundación Tierra Viva, la organización de belemitas que constituyó uno de los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas más robustos del país. En 1992, un grupo de 70 personas recogían basuras de los ríos Pescado, Sarabando y San Juan. Se multiplicaron cuando 500 estudiantes llegaron a sembrar árboles en las hectáreas que donó la Organización Internacional de Bosques Tropicales (OIMT). “Con los años llegaron las guacamayas a ese bosque”, recuerda.
En 1993, el Gobierno Nacional adoptó la Ley General Ambiental de Colombia, en la que, entre otras, se dio prioridad a la protección del agua, un avance novedoso en materia de conservación. El artículo 111, sobre la Adquisición de Áreas de Interés para Acueductos Municipales, dicta que “los departamentos y municipios dedicarán durante 15 años un porcentaje no inferior al 1 % de sus ingresos” para esas compras.
El municipio compró inicialmente 511 hectáreas deforestadas a las que, con el tiempo, llegaron cerdos de monte en manadas de a 20, jaguares y pumas. Entonces nació el Parque Municipal Natural La Resaca. Esta estrategia se convirtió en punta de lanza. Así, entre 1997 y 1999, junto al Concejo Municipal y la Administración, declararon cuatro parques municipales. Eso le sumó fuerza a la estrategia de conservación, a cargo del Inderena, que protegía las aguas del Caquetá tras dos décadas de colonización.
El paraíso de Colombia
Tierra Viva hizo mucho, apenas a la medida del problema: el departamento de Caquetá es foco de la deforestación más grave que el país ha visto en años. Según el Ideam, Caquetá está en alerta de deforestación debido a la expansión de la frontera agropecuaria. Pero esto no son noticias nuevas.
Según la investigación del historiador Fabio Melo, en 1952 se anunció un plan de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para estimular la colonización del Caquetá, considerado “El paraíso de Colombia” por la calma relativa en que se vivía. Sobre todo, querían impulsar la ganadería. “La exuberancia de los pastos ricos en gramíneas y leguminosas demuestran claramente que los suelos caquetanos son de excelente calidad. Los novillos de todas las razas vistos en mi visita al Caquetá, estaban gordos y apropiados para una exposición”, se leía en el informe técnico. Años después, mediante el decreto 124 de 1955 es creado el Fondo Ganadero del Caquetá S.A. Eso sumado a la promesa de titulación que el desaparecido Incora inició y los incentivos del Fondo Ganadero, era de esperarse que miles de campesinos, muchos sintierra, llegaran en hordas. “En 1965 el Fondo Ganadero colocó 2.677 reses entre 184 colonos”, dice el estudio de Melo. Desde entonces la frontera no ha parado de crecer hasta alcanzar la conocida cifra de “1 vaca por hectárea”.
Balas contra palos
La historia de Caquetá ha estado marcada por la guerra, sobre todo la presencia de las Farc que, paradójicamente, crearon un fortín ambiental que evitó la colonización. De acuerdo con Arleth González, presidente de la junta de defensa civil de Belén de los Andaquíes técnico en Sistemas de Información Geográfica de Parques Nacionales, cuando se despejaron 42.000 kilómetros en San Vicente del Caguán en 2002, “de aquí al sur gobernaron los paramilitares, y hacia la cordillera, al norte, la guerrilla. Quedamos con Dios pero sin ley”. Ese mismo año, Parques Nacionales declaró el Parque Nacional Alto Fragua Indi Wuasi.
Uno de los problemas, según contaron algunos pobladores de Belén, es que cada grupo armado que pasó por el municipio, puso una base militar entre los bosques. Debían cortar selva, lavar la ropa en el río, etc. “Cuando se corrió la guerrilla llegaron los paramilitares y algunos militares, pero fue duro para nosotros porque los soldados necesitaban un palito para hacer el cambuche, entonces tumbaban el árbol que había plantado la comunidad porque no sabían que habíamos conseguido la semilla, calado el hueco, hecho el plateo y el seguimiento”, dice Erasmo. A los despachos de Ministerios y Corporaciones llegaron 52 folios sustentando porqué el Ejército no podía entrar al parque, firmados por Tierra Viva.
“Entre 2003 y 2007 nos volvimos parias. Decían que estábamos conservando el cerro del Parque Municipal Las Lajas para esconder guerrilleros”, cuenta Arlés. “Las mujeres hacíamos la recolección de firmas, la logística. Por eso desplazaron a tres hijos míos”, dice Luz Dary Alvarado, una abuela que trabajó con Tierra Viva.
Según el Ideam, entre 2000 y 2010 se deforestaron 345.490 hectáreas. Mientras la guerra se plantó en Belén, no se declararon áreas protegidas.
Tierra de nadie: el coletazo del posconflicto
“Cae bosque a diestra y siniestra”. Esa frase resume el panorama de la región, según Kenis Capera, profesor y miembro de Tierra Viva. Nadie ha podido blindar el territorio de los asentamientos que vuelven en masa, o de la tala ilegal que baja por el río Caquetá hacia el río Orteguaza, llega a La Pedrera (Amazonas) y va a Brasil. Se puso peor cuando, en 2009, la comunidad conoció el borrador del decreto 2372, que dejó por fuera la figura de Parques Municipales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Declararon cinco parques más a la carrera a punta de la vieja estrategia: madrugar, hacer polígono, cartografiar, entregar el resultado, organizar siembras, hacer rondas de vecinos, aliarse con oenegés más grandes para temas jurídicos, cuidar la casa. La ley se hizo efectiva en 2010.
“Cuando nació el Parque Municipal Andakí en 2009, logramos que salieran 52 personas que invadían los predios protegidos por la Ley 2 –que delimitó 7 reservas forestales en 1959– so pena de no llevarlos a la cárcel. Cada finca tenía cercadas 200 hectáreas. ¡Cuánto bosque iban a talar!”, cuenta Erasmo.
Ahora que no pueden declarar más áreas, el temor de la comunidad de Belén es que parte de las 48.855 hectáreas fuera de los polígonos de Parques Naturales hacen parte los 43 bloques petroleros que la Agencia Nacional de Hidrocarburos planea poner en marcha en Caquetá.
Según Mario Barón, director de Corpoamazonia, hay 70 permisos de aprovechamiento forestal en todo el Caquetá y 8.000 metros cúbicos salen legalmente del departamento. No hay cifras aún de cuánta madera se saca ilegalmente. Sí se sabe que entre 2008 y 2014 la Armada Nacional atajó 12.640 metros cúbicos de madera ilegal. También se sabe que la ampliación de la frontera agropecuaria es mayoritariamente para ganadería. “A veces la atmósfera del pueblo se pone azul por las quemas que el aire trae desde San Vicente (del Caguán) y Solano”, dice Arleth. Lo que identificó el sistema geográfico ESRI es que hay una “zona caliente” de deforestación moviéndose por el río Caguán hacia el Parque Nacional Chiribiquete.
El último sablazo del municipio para evitar precisamente esta avanzada fue la declaración de dos predios como Reserva Natural de la Sociedad Civil en 2015. Recientemente, el Instituto de Investigaciónes Científicas del Amazonas (SINCHI) presentó los resultados de la Expedición Bio, que se hizo en el viejo camino indígena, en donde encontraron 47 nuevas especies para la ciencia. En parte, todo estaba intacto gracias a la labor de conservación de los habitantes de Belén de los Andaquíes.
“No es fácil tener lo que tenemos, pero ahí vamos”, dice Luz Dary.
*Este artículo fue modificado porque había dos errores y una imprecisión. A saber: son 10 áreas protegidas las que pertenecen al municipio de Belén de los Andaquíes; son 500 estudiantes los que plantaron bosques en 1992; no son 18.000 hectáreas las que pertenecen al Parque Alto Fragua Indi Wasi, son 17.693.
*Infoamazonia es una alianza entre El Espectador, Amazon Conservation Team y Dejusticia.