Aumentar precio del agua para limitar su uso podría tener riesgos sociales

Expertos aseguran que aumentar el precio del uso de agua es la única manera de atajar su escasez; otros afirman que subir las tarifas tendría consecuencias, debido a que el acceso al líquido es considerado un derecho.

Archivo AFP

El precio del agua es un tema delicado desde un punto de vista social, político y económico pese a la amenaza de una crisis mundial a medio plazo.

Un informe de las Naciones Unidas publicado a finales de marzo pedía un cambio radical en el uso y la gestión de este recurso para evitar "un déficit global de agua de 40% de aquí 2030".

La idea de aumentar el precio del uso de agua es, para muchos expertos, la única manera de atajar el problema puesto que, según ellos, el consumidor acostumbrado a los precios subvencionados se vuelve más responsable en cuanto le afecta el bolsillo.

"Cuando el precio de un producto es artificialmente bajo, se tiene tendencia a consumir más", afirma Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)."Es la naturaleza humana.

Si se da un bien las personas lo dan por hecho, lo derrochan y no lo aprecian", explicó a la AFP en la ciudad surcoreana de Daegu con motivo del Séptimo Foro Mundial del Agua.

Un aumento de las tarifas también permitiría financiar el mantenimiento de las redes de distribución, cuya decrepitud provoca despilfarro.

Riesgo de discriminación

El agua suele ser tan barata que las finanzas de las clases medias no se resienten por el precio. Y, sin embargo, Ger Bergkamp, director ejecutivo de la Asociación Internacional del Agua (IWA) afirma que no se pueden subir las tarifas sin que tenga consecuencias debido a que el acceso al agua es considerado un derecho.

"Hay que actuar con vigor en el precio para cambiar los comportamientos. Pero si alguien dijese 'bueno, multiplicamos el precio por diez' provocaría una revolución", advierte.

Las ONG que trabajan en el acceso de la población al agua potable son conscientes de la importancia de las tarifas en la gestión de este bien, pero les preocupa los riesgos de discriminación.

"El agua es un derecho, pero también lo es la alimentación", afirma Catrina de Albuquerque, vicepresidenta de la corporación internacional "Agua y saneamiento para todos". "El gran desafío es lograr un equilibrio entre el costo y la preservación" del recurso.

Paradójicamente, quienes menos acceso tienen al agua son los que más pagan. "Los más pobres, que no están conectados (a las redes principales de distribución) pagan bastante más por lo que consumen que los que sí lo están", explica Tim Brewer de WaterAid.

Uno de los puntos claves es conocer el monto que cada uno está dispuesto a pagar por el suministro. La ecuación no se plantea en estos términos para las poblaciones más pobres, aclara Tim Brewer.

"Frente a una agonía, estaría dispuesto a pagar lo que fuera por un vaso de agua. Esto no quiere decir que pueda permitírmelo. ¿A qué debería renunciar por un vaso? ¿A comida? ¿A medicamentos para mis hijos?", dice.

La mayoría de los expertos coinciden en que las tarifas por sí solas no van a modificar los hábitos de los consumidores, por lo que conviene reformar la educación "en el ahorro" de los recursos naturales.

El problema es que la toma de conciencia suele llegar demasiado tarde. "Se podría pensar que la sensibilización al tema del agua es más fácil en tiempos normales. Pero no hay nada como una buena crisis para movilizar a la gente", lamenta Anthony Cox, un responsable de cuestiones medioambientales en la OCDE.