:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/rcPDBMM-nAiSOxkZU9Z0uVR-lCw=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/YEVND7NGSJBRXF6YMHC7NFLNCM.jpg)
Según informaron a través de un comunicado conjunto el Movimiento Ríos Vivos, la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), el Center for International Environmental Law (CIEL) y el International Accountability Project, el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una investigación internacional al BID Invest, su brazo privado, por su inversión en el polémico proyecto Hidrohituango. (Puede leer: La verdad sobre Hidroituango de la que no quieren hablar)
La investigación tiene su origen en una queja presentada por 447 personas que se reconocen como afectadas por el proyecto y que son representadas por el Movimiento Ríos Vivos. La querella asegura que el proceso no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permitió la participación de las comunidades ni el acceso a la información y que se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos.
Como respuesta a la solicitud de las comunidades, la investigación será llevada a cabo por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, una instancia internacional de rendición de cuentas que atiende las denuncias de personas afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. (Ver más: ANLA confirma millonaria multa contra Hidroituango por malos manejos ambientales)
Según indican las comunidades, las políticas del BID establecen que los proyectos en los que se invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, “lo que no ha ocurrido con Hidrohituango”.
“Como personas afectadas por Hidroituango, exigimos que la investigación sea rigurosa e independiente. Por más de una década, nuestras comunidades han denunciado los graves problemas que el proyecto ha causado y que se agudizaron con las múltiples emergencias que iniciaron desde el 2018 y aún no cesan. Esperamos que con esta investigación internacional las voces de las víctimas y opositores al proyecto por fin sean escuchadas”, declaró Isabel Zuleta, vocera de Ríos Vivos. (Puede leer: Confirman medidas cautelares a favor de víctimas de Hidroituango)
La investigación tendrá lugar en un plazo máximo de nueve meses, informó el movimiento, e indagará sobre aspectos como: si se evaluó adecuadamente el área de influencia y la identificación de la población afectada, la participación de las comunidades, la relación entre el proyecto y los daños causados a comunidades y territorio, las deficiencias de los asentamientos y compensaciones, la evaluación y acceso a la información sobre el riesgo de desastres, y el aumento de conflictividad e inseguridad en la zona de la represa, y sus impactos diferenciales sobre las mujeres.