Biocomercio, una salida en el posconflicto

El uso sostenible de la biodiversidad puede dinamizar la economía y ser una alternativa para las personas que viven en zonas marginales del campo. Un panorama general de la actividad.

Colombia sería una de las doce superpotencias del planeta si la riqueza de los países se midiera en biodiversidad. Con apenas 1% de la superficie mundial, el país cuenta con 10% de toda la diversidad biológica de la Tierra. El inventario es conocido: primero en aves y orquídeas, segundo en anfibios y mariposas, y tercero en reptiles.

Pero su deterioro ambiental es también proporcional a su biodiversidad. Según el Quinto Informe Nacional sobre el estado de la diversidad biológica, entre los años 1990 y 2010 la cobertura de bosques naturales pasó de 56,5 a 51,4% y la selva amazónica pierde cada año 2.500 hectáreas.

El cruce de estas dos realidades (riqueza y deterioro) hace pensar en el biocomercio como una alternativa que cuantifique la biodiversidad y la haga sostenible en el tiempo. En términos más sencillos, se trata de ponerles precio a los bosques, manglares, páramos y toda la fauna y flora que habita en estos ecosistemas.

Históricamente han existido dos maneras de acercarse a la naturaleza: el pensamiento indígena, que se adapta a las limitaciones y tiempos del entorno, y la visión occidental, que busca sacar el mayor provecho del medio ambiente. El biocomercio es el puente entre dos tradiciones. No busca detener el aprovechamiento de los recursos naturales, pero sí frenar las tendencias de explotación sobre la Tierra.

Volver a la historia

Cuando el alemán Alexander von Humboldt pisó este territorio en busca de respuestas científicas sobre el Nuevo Mundo quedó sorprendido por la variedad de especies. Los bosques de aquí no eran como los europeos, tan uniformes y homogéneos. Acá, en cada espacio pequeño había un micromundo de reinos distintos.

Encontró, por ejemplo, una amplia gama de materias primas. El maíz, que fue base del desarrollo de las culturas amerindias. La quinua, tubérculos, frutas tropicales, leguminosas, como alimentos. La jagua o huito, para hacer tatuajes corporales. Achiote, añil, caucho y los bálsamos, como colorantes. Los tintes, gomas, resinas, látex, aceites, para la industria cosmética. El anamú, valeriana, coca, yoco, mastranto, plantas medicinales, como fármacos y productos terapéuticos. Las heliconias, anturios y orquídeas como flores ornamentales. Las semillas, fibras, bejucos, para utensilios y cestería. Y una inmensa diversidad de maderas, para hacer muebles, papel y combustible.

Con esa gran riqueza de Colombia se abrían infinitas posibilidades para el biocomercio. Sin embargo, apenas en 1992 los países pusieron los ojos sobre este tema. En ese momento 175 naciones adoptaron el Convenio sobre Diversidad Biológica en la Cumbre de Río. La idea consistía en encontrar alternativas económicas a la riqueza natural.

En 1996, durante la tercera conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica, se diseñó el programa de Biocomercio Sostenible. Hasta 2002 Colombia se comprometió con el biocomercio en “momentos álgidos de compromiso institucional y también de restricción y completa desatención de estas iniciativas en el país”, aseguró José Antonio Gómez, director de la organización Biocomercio Sostenible.

Las trabas del biocomercio en el país

Como lo explicó Gómez, en Colombia “no hay un ejercicio armonizado y articulado, ni tampoco una instancia de cohesión que indique una hoja de ruta”. Según él se requiere una mirada más amplia de territorio. “Son iniciativas muy pequeñas que se desgastan en mirar la asistencia técnica, los problemas tecnológicos y las debilidades de acceso a la información de mercados”, remató.

Porque, en efecto, el biocomercio en el país tiene barreras de todo tipo. Unas legislativas, ligadas al aprovechamiento de los recursos, en donde la norma no está muy clara; limitaciones en innovación, y una carencia de incentivos, como créditos que estimulen pequeños emprendimientos.

Pero para Ana Karina Quintero, coordinadora del Grupo de Competitividad y Promoción de los Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las barreras normativas que existen en el fomento de los negocios verdes responden a los requerimientos internacionales que rigen estos temas y “se reconoce la falta de mayor reglamentación, así como el acompañamiento de las autoridades ambientales para que no se conviertan en una barrera normativa para los empresarios”, dijo.

Quintero reconoció que faltan incentivos para la promoción de los negocios verdes, pero también existen algunos instrumentos económicos y financieros como las deducciones en IVA y renta, el pago por servicios ambientales y otros no tributarios como las ferias, entre las que se destaca Bioexpo Colombia, que se realizará el 4 de noviembre en el Jardín Botánico de Bogotá.

Actualmente sobreviven alrededor de 150 iniciativas de biocomercio en el país a las que se les hace seguimiento. Todas ellas en líneas de trabajo diferentes. Según datos del Instituto Humboldt, 76% de las iniciativas son agropecuarias, 24% está en la categoría de productos no maderables, como resinas, aceites, gomas, nueces, frutos, colorantes, pigmentos, plantas medicinales, 17% en ecoturismo y 2% en maderables o plantaciones para la comercialización.

Entorno internacional favorable

Son todavía tan incipientes estas alternativas que más de la mitad están en fase de despegue, y lo curioso es que existen entornos favorables para que se fortalezcan. Por ejemplo, ya hay un creciente aumento de consumidores responsables alrededor del mundo.

El Barómetro de la Biodiversidad, un reporte que mide el grado de conciencia del consumidor frente al cuidado de los ecosistemas naturales, reflejó que de 2009 a 2015 la conciencia por la biodiversidad aumentó de 55 a 67% en Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Y 77% de los encuestados alrededor del mundo manifestaron un interés en la proveniencia de los productos que consumen.

Johny Ariza, oficial de cooperación a cargo de los temas de medio ambiente y desarrollo rural de la Unión Europea, sostuvo que “los mismos consumidores europeos exigen que la norma tenga en cuenta componentes de uso sostenible de la biodiversidad, ya que ellos asocian el buen manejo ambiental con altos niveles de calidad que inciden en su propia salud. Acá miramos más la cantidad y el precio que la calidad, poco vemos más allá del bolsillo. Allá realmente se toman el tiempo de leer las etiquetas y de promover principios como el consumo responsable y solidario”.

Para mejorar la capacidad del país de producir y consumir bajo estos estándares, el tema ha sido priorizado por Colombia y la Unión Europea en el marco del acuerdo comercial. Bajo este acuerdo se lanzó el programa “Desarrollo local sostenible en zonas marginadas de Colombia”, que pretende lograr mejores condiciones de vida en territorios que tienen alta sensibilidad ambiental. Según sus datos, este apoyo es de 21,5 millones de euros y para 2018 busca generar 653 negocios verdes, apoyar a 2.000 familias indígenas, 1.200 afrocolombianas y 1.300 familias campesinas que viven en áreas de parques nacionales.

Una oportunidad en el posconflicto

¿Qué tan sensible es el país ante el biocomercio? Técnicamente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible apoya el Plan Nacional de Negocios Verdes, “que es un nuevo renglón estratégico de impacto en la economía nacional”, como dice el documento.

Sin embargo, “la consolidación de mercados locales sigue siendo hoy poco visible. Si bien ha habido una intención nacional de avanzar en el tema, recursos de cooperación internacional y avances en políticas nacionales, este sector aún es marginal en la economía nacional y no está consolidado como una opción importante para el desarrollo rural del país”, comentó Sebastián Restrepo, profesor de sistemas de uso y biodiversidad de la Universidad Javeriana.

Para el investigador, hay un desajuste en las promesas de desarrollo que podrían estar basadas en la falta de información, la poca investigación y las condiciones del mercado. “La propuesta de los negocios verdes es ambiciosa y un tanto descontextualizada. El crecimiento verde es sexy, pero no se ha resuelto el tema de la tierra, las políticas ambientales, el lugar de las comunidades locales”, concluyó.

Pero de acuerdo con Ana Karina Quintero, del Minambiente, el PND cuenta con una meta que consiste en la implementación de los cinco Programas Regionales de Negocios Verdes. “Desde el Gobierno tenemos que incentivar la oferta y demanda de estos bienes y servicios, pero depende de los empresarios y del sector privado que le apuesten a ser competitivos e innovadores en estos mercados”, remató.

El biocomercio es una oportunidad dentro del posconflicto. “Es una opción atractiva para comunidades que necesitan reinventar su producción, recuperar su tejido social, institucional y de toma de decisiones”, aseguró Sebastián Restrepo. “Estas prácticas no los van a enriquecer. Ese mito hay que romperlo. Pero es una forma de ser más resilientes ante todas las afectaciones que deja la guerra”, sostuvo.

En esto coincidió José Antonio Gómez al decir que el biocomercio es un elemento de identidad que no se puede entender desde una mirada economicista. “No representa mucho en el PIB, pero significa montones en la cohesión social y de paz. No logramos dimensionar que detrás de esos productos hay una historia, un país, un territorio y una identidad”.

El reto ahora consiste en consolidar indicadores nacionales sobre cada peso invertido en esta actividad. Desenredar la normativa que desincentiva a los inversionistas a apostar por la biodiversidad. Educar a los consumidores para que se comprometan con estos territorios de paz. Y entender que el biocomercio no sólo dinamizará la economía, sino que será una salida tangible en el posconflicto.

 

Crónicas de una región en Biocomercio
 
Isagén y la Corporación Biocomercio Sostenible suscribieron un convenio en el que se promueve el biocomercio no sólo como estrategia de conservación, sino también como una alternativa de generación de ingresos para las comunidades locales del oriente de Antioquia y Caldas, en el corazón de la cordillera Central. Por medio de las administraciones municipales y de los funcionarios locales de la Umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), se recopiló una base de datos con las diferentes iniciativas comerciales que desarrollan actividades relacionadas con el ecoturismo, los productos no maderables del bosque y los sistemas agropecuarios sostenibles, en los que se inscriben actividades como el cultivo de productos agrícolas y la apicultura.
 
La publicación recoge las experiencias de vida de aquellas personas que les apuestan a estos mercados de la biodiversidad.