“Colombia necesita un tribunal especial ambiental”

Gloria Amparo Rodríguez es la autora del libro “Los conflictos ambientales en Colombia y su incidencia en los territorios indígenas”. / Andrés Torres - El Espectador

Desde hace varios años, Gloria Amparo Rodríguez, directora de la Especialización y Línea de Investigación de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, se impuso la misión de recorrer varias partes del país para intentar comprender cómo las comunidades indígenas entienden su territorio y el uso de los recursos ambientales. Realizó 150 talleres con ellas, viajó a campo y entrevistó a varios líderes para descifrar cómo, entre 1991 y 2012, se han enfrentado la visión de desarrollo que tiene el Estado y la cosmología de estos pueblos.

Su investigación quedó reunida en el libro Los conflictos ambientales en Colombia y su incidencia en los territorios indígenas, un documento que da pistas sobre cómo resolver lo que para muchos es antagónico: el desarrollo del país y su patrimonio cultural.

¿Qué es un conflicto ambiental?

Cuando hablamos de conflictos ambientales estamos haciendo referencia a todo lo que concierne al uso, el aprovechamiento y el control de los recursos naturales. En esta investigación trabajamos exclusivamente su incidencia en territorios indígenas y cómo lo entienden ellos desde lo que implica no garantizar la generación o permanencia de un recurso natural.

En el libro se clasifican estos conflictos en tipologías. ¿Cuáles son?

Son cinco grandes tipologías: conflictos por el modelo de desarrollo, decisiones de las autoridades, declaración o sustracción de área protegidas, decisiones de organismos internacionales y, la última, conflicto armado y fumigación de cultivos de uso ilícito. Pero es importante señalar que la mayoría de conflictos están generados por actores externos.

¿En qué consiste cada tipología?

La primera, que son los conflictos por el modelo de desarrollo, viene desde el proceso desaforado del país de sacar recursos y poder hacer vías para mejorar las condiciones de los colombianos. Mirando esto, nos encontramos con la segunda tipología, que analizamos desde las licencias ambientales, que muchas veces son otorgadas sin que se tenga en cuenta la opinión de las comunidades o se haga consulta previa. En varias comunidades, este fue un reclamo constante, entonces los conflictos terminan por judicializarse y pasan a ser un enfrentamiento entre derechos: el que tienen los colombianos a desarrollarse, pero también el que tienen las comunidades a decidir sobre su territorio. Este punto fue una de las discusiones más fuertes porque es cuando a la Corte Constitucional le toca ponderar derechos.

¿Qué analizaron frente a la sustracción o la declaración de reservas forestales?

Para este tema nos enfocamos en la Ley de Reserva Forestal (Ley 2 de 1959) y las áreas protegidas dentro de parques naturales. En este marco encontramos que hay muchas comunidades que pensaban que declarar un área protegida significaba que ellos perdían su autonomía de gobernar el territorio, mientras algunos lo veían como una forma de blindarla.

¿Y sobre las decisiones de orden internacional?

Para esta cuarta tipología nos enfocamos en el tratado de libre comercio. Hablando con las comunidades, ellos planteaban que era una decisión que los afectaba, pero no habían sido escuchados. Decían que hicieron una consulta popular, pero que el Gobierno, incluso la Corte Constitucional, no los había oído porque, en teoría, para esta decisión no se necesitaba una consulta previa. El problema es que esto sí los afecta porque pone en riesgo sus cultivos, territorios y prácticas ancestrales.

La última tipología es la de conflicto armado y fumigaciones. ¿Qué identifican en este tipo de conflictos?

Esta temática fue muy fuerte porque nos planteaban cómo las fumigaciones estaban afectando sus cultivos de pancoger y les dificultaba vivir bien. Incluso nos decían que actores externos venían e iniciaban un proceso de desplazamiento y se generaba el temor de salir al campo por encontrarse con los actores armados.

¿Cuáles fueron los casos más complejos?

El caso de los u’was, que es un conflicto de vieja data, desde el año 1996, y que sigue vigente. En este conflicto hay dos visiones sobre el territorio y el desarrollo, porque mientras el Gobierno planteaba adelantar un proyecto petrolero en su territorio, el pueblo lo considera sagrado. Pero también hay un conflicto por las decisiones ambientales porque se expide una licencia ambiental para hacer la explotación y se suma que ha sido un caso que llegó a los escenarios internacionales, en el que el gobierno colombiano solicitó la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y todavía tiene una demanda por resolver.

¿Hay algunos proyectos que se repiten más que otros?

Sí. Encontramos que los pueblos indígenas tienen más conflictos ambientales relacionados con las hidroeléctricas y, luego, la fumigación. Pero lo más repetido es una contraposición entre el modelo de desarrollo versus lo que quieren las comunidades.

¿Hubo épocas en las que aumentaron los conflictos?

Nosotros trabajamos desde 1991 hasta 2012. Hubo un boom de conflictos ambientales entre 1994 y 1998, sobre todo por el tema de los u’was y el pueblo embera katío. También encontramos que, después del 2008, lo que más aumentó los conflictos ambientales fueron temas como la Ley General Forestal, que comenzó a dar elementos sobre cómo una decisión legislativa puede generar estos enfrentamientos.

¿Entran a analizar algo sobre la consulta previa?

Sí, pero en otra fase del proyecto. Allí planteamos que es necesario que haya una reglamentación de esta herramienta para que exista seguridad jurídica, tanto para las comunidades como para los inversionistas. El problema es que ahora esta figura tiene muchos problemas que tienen que ver con transparencia y corrupción.

¿Cuántas consultas previas encontraron?

Analizamos las que se han hecho desde 2012, que fueron 156, por parte del Ministerio de Ambiente. ¿Y qué encontramos? Que la mayoría se hacen sin mucha dificultad y sólo unas 20 hicieron mucho ruido. El problema es que esta figura la hemos manejado todos mal. Primero, se intentó evitarla; entonces los empresarios la esquivaban moviendo el proyecto a territorios que no tuvieran presencia de comunidades indígenas. Hubo un caso, patético, en que el Ministerio de Interior dijo que en la Sierra Nevada de Santa Marta no había comunidades indígenas. Está el caso de un funcionario que se subió en un helicóptero y, como desde ahí no vio nada, negó la existencia de comunidades. Lo curioso es que, a pesar de que todos dicen que hay mucha corrupción en este proceso, fui a la Fiscalía y no encontré ninguna denuncia.

¿Qué proponen para manejar de forma adecuada estos conflictos?

Primero, es necesario ver cuáles son los riesgos de tomar decisiones sin tener en cuenta a las comunidades. Segundo, que el Estado entienda que ante estos temas no puede ser inmediatista y esperar a que alguien demande para darle una solución, sino prevenirlo. Aquí la participación de las comunidades es muy importante. Debido al problema de judicialización, y que a las altas cortes cada día llegan más conflictos ambientales, creemos necesario generar un tribunal especial ambiental. Hemos encontrado que los jueces expedían, con la mejor voluntad, unas sentencias que son inaplicables, porque estos temas son relativamente nuevos. Entonces necesitamos personas con experticia y que no sólo entiendan la parte ambiental, sino a los grupos étnicos.