Colombia, rajada en cuidado ambiental

Desde principios del siglo XXI los gobiernos piensan que los ciudadanos son lo suficientemente responsables como para resolver todos los problemas ambientales sin intervención del Estado.

La contaminación de los ríos es uno de los problemas más urgentes que enfrenta el país.

Esta agradable y simpática hipótesis, que entusiasmó a varios ambientalistas cansados de los fracasos de los modelos de “comando y control”, significaba reducir el tamaño de las organizaciones encargadas de la gestión ambiental por medio de los proyectos de reingeniería, revisar las reservas forestales declaradas desde 1959, hacer un inventario de puntos específicos que tuvieran suficiente “valor ambiental” para gastar dinero público en protegerlos y esperar que el resto del país se protegiera a sí mismo. Hace 10 años Colombia estaba entre los diez países que mejor manejaban su ambiente; hoy ocupamos el puesto 85 (en el Índice de Desempeño Ambiental, EPI).

Ese descenso no sólo obedece a fracasos en la actividad de las instituciones colombianas, sino a que se aumentaron las variables tenidas en cuenta para medir la gestión ambiental de los países, pero en general debería considerarse, como ocurrió con la educación, como una desgracia, no solamente como un “llamado de alerta”. Las variables que más pesan en la situación colombiana son las relacionadas con la contaminación de las aguas públicas y la deforestación, pero hay otras, como la disminución de la fauna, el mal uso de las laderas, la erosión, la compactación y la contaminación de los suelos, la disminución de la pesca y la urbanización de los suelos agrícolas, que si se midieran podrían empujarnos mucho más abajo en la lista internacional.

Parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo recae en la simplicidad del concepto de responsabilidad ambiental. Es muy agradable pensar que todos comprendemos y somos conscientes de que nuestras acciones personales inciden en el estado del planeta y de nuestros ecosistemas; es simpático creer que no son necesarios los controles policivos ya que cada individuo actúa según el interés común. Hay tratados enteros que justifican este modo de pensar y actualmente el concepto de gobernanza lo desarrolla para guiar al Estado y a la sociedad. Condensa todo esto la visión positiva de la humanidad en la que insistía Rousseau, y creo que todos los ambientalistas albergamos la esperanza de que así sea la realidad. Sin embargo, el caso colombiano, pleno de complejidades físicas y de simplezas humanas, rodeado de dogmas opuestos, traumatizado por décadas de violencia y de corrupción, debería considerarse con mayor profundidad para evitar más deterioros.