Complejos turísticos siguen ocupando irregularmente la costa colombiana

La construcción irregular en áreas de baja mar -consideradas de uso público- incrementó considerablemente entre 2008 y 2013 (14,45%) principalmente para la edificación de viviendas y hoteles.

Las fotografías aéreas de 1955, 1975, 1991 y 2003 y muestran el avance de la ocupación de la zona de Pozos Colorados desde la conformación de una espiga litoral en la zona de Punta Gloria, en terrenos que corresponden a la zona de bajamar, la progresiva invasión por viviendas unifamiliares hasta la actual intervención de complejos hoteleros y urbanizaciones de gran magnitud.

La Contraloría General de la República en un informe conocido por El Espectador advirtió al Estado colombiano sobre la ocupación ilegal del espacio público en las áreas costeras y marinas. Desde el 2008 hasta la fecha -según indica la autoridad marítima colombiana (Dimar)- se ha incrementado en un 14,25% las construcciones irregulares en zonas de uso público en las costas Caribe y Pacífico.

"El aumento de esta ocupación ilegal es particularmente significativo en Tumaco, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Bahía Solano y Guapi", indicó la Dimar. En el Pacífico, la construcción de viviendas unifamiliares palafíticas es la actividad invasiva más predominante, mientras que en el Atlántico lo es el desarrollo de hoteles y viviendas de recreo. En menor proporción, pero de mayor impacto ambiental, también reporta la Dimar se encuentran en estas áreas de bajamar actividades petroleras, obras públicas viales y actividades mineras, entre otras.

El nivel de restituciones efectuadas de estas zonas comparadas con las solicitudes es muy bajo, llegando al 1.7% en el 2013. Por ejemplo, en Buenaventura existen 11.194 invasiones de Bienes de Uso Público (BUP) de las cuales las autoridades han solicitado la restitución de 105, pero de éstas tan sólo 60 fueron "entregadas" efectivamente. La población que indudablemente tiene más problemas de invasión en zona costera es Tumaco. Se han solicitado 12.548 devoluciones de "predio" -el total de las construcciones irregulares- sin embargo sólo han sido restituidos 197 bienes.

Con este aumento en la construcción irregular de las zonas de uso público -que comienzan artesanalmente para evitar la acción de la autoridad- no sólo se está incumpliendo con las convenciones en las que Colombia se comprometió con la conservación del patrimonio ambiental (entre ellas la RAMSAR que busca la protección de los humedales) si no que “la ocupación genera afectación al medio ambiente por disposición de residuos líquidos y sólidos de forma indiscriminada, lo que se traduce en una alteración de la dinámica costera y de las aguas por procesos de erosión y acreción. También es muy relevante el corte y relleno de manglares o humedales costeros, la afectación de pastos marinos y áreas de corales con todo tipo de construcciones (suntuosas y de gran magnitud)”. Asimismo, el crecimiento demográfico ha generado aumento de contaminación por materiales sólidos, basuras, derrames de hidrocarburos, entre otros.

Ya en 2006 la Contraloría había publicado el Informe del Estado de los Recursos Naturales 2005-2006 en el cual puso de manifiesto que "el fenómeno de ocupación tiene como objetivo final obtener beneficios económicos, especialmente, a partir de la venta de terrenos a grandes constructores". Igualmente precisaba que si bien se encuentran grupos de población marginada en la ocupación de estas áreas existe una proporción significativa de población de altos ingresos o de importantes sectores económicos, principalmente los que se dedican a la prestación de servicios turísticos. "La construcción de corredores viales sin planificación, ha favorecido además la ocupación a los lados de la vía y destruido gran parte de los manglares".

A pesar de que la Contraloría ha advertido varias veces sobre la necesidad de evitar la ocupación ilegal de estas zonas teniendo en cuenta que son "bienes de uso público los cuales son inalienables, imprescriptibles e inembargables” en donde “nadie podrá construir, sino con permiso especial de la autoridad competente", investigaciones recientes del Invemar indican que las zonas pobladas del litoral caribe colombiano muestran signos de erosión asociados en general a un mal manejo del espacio costero y la consiguiente alteración de los procesos que allí se dan, como el aumento en las áreas inundables de los litorales Caribe y Pacífico ante un posible ascenso en el nivel del mar. "Los ecosistemas coralinos, de manglar y de playas y playones son los más vulnerables ante un ascenso en el nivel del mar", señala el informe.

Igualmente, el ascenso en el nivel del mar (y sus efectos directos de las inundaciones) afecta al 55% de la población (2.103.787 habitantes según datos de 2000) que se encuentran en el litoral Caribe y casi el 41% de la población (462.457 habitantes) del litoral Pacífico. "Al menos 107 lugares a lo largo de la Costa Caribe pueden continuar perdiendo terreno por efecto de la erosión, el 33% de esta pérdida puede ubicarse en el rango de los 40 a 70 metros desde la actual línea costera y el 12% podría verse afectados más allá de los 100 metros", recalca el informe.

Además del sobrevuelo adelantado por Dimar que demostró que esta situación es particularmente crítica en la zona del Urabá, en Atlántico, Magdalena, Bolívar y en Chocó por la fragilidad ambiental y amenaza en los Bienes de Uso Público en las zonas de bajamar y costas, la Contraloría recalca que los POT de los municipios de estos departamentos están desconociendo directrices al no incluir como áreas susceptibles de construcción las zonas de bajamar lo cual pone en riesgo a la población que allí se asienta y las inversiones públicas y privadas que se efectúen.

A pesar de las demandas que ha adelantado la autoridad ambiental para impedir construcciones o exigir la restitución, se ha conocido –incluso- de casos en los que fallos judiciales han obligado al Estado a proteger con millonarias obras de infraestructura, como espolones o muros de contención, los desarrollos urbanísticos u hoteleros construidos de manera irregular en estas áreas de uso público.

Teniendo suficiente evidencia de afectación a los recursos públicos y el riesgo que genera para la población que se asienta en las zonas invadidas por la construcción de estos proyectos inmobiliarios -que representan un desarrollo económico a corto plazo-, el ente de control asegura que "de no agilizar las restituciones que correspondan se estaría aumentando el grave impacto ambiental ocasionado por la ocupación indebida de las zonas de bajamar y costas y perdida de la propiedad del Estado con lo cual se podría generar daño al patrimonio económico y ambiental del país".