Costa Rica presenta plan para descarbonizar su economía al 2050

Para lograrlo el gobierno diseñó un plan que contempla “cambios y modificaciones significativas en su oferta de movilidad y transporte, en la gestión de sus formas de energía, en la construcción sostenible, en la industria instalada en el país y en la gestión de los residuos de los ciudadanos y las empresas.

El presidente Carlos Alvarado Quesada durante la presentación del plan para descarbonizar la economía de Costa RicaCortesía Presidencia de la República de Costa Rica

“Cuando algunos digan que lo que haga Costa Rica en descarbonización no es significativo en las metas mundiales, les diremos: sí hicimos la diferencia cuando abolimos el ejército y revertimos la deforestación”.

Las palabras de Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República de Costa Rica, resonaron en el jardín de esculturas del Museo de Arte Costarricense desde donde el mandatario y su equipo presentaron el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050.

Con este anuncio, Costa Rica se convierte en uno de los primero países en poner fecha a la descarbonización de su economía. Para ello se diseñó un plan que contempla “cambios y modificaciones significativas en su oferta de movilidad y transporte (público y privado), en la gestión de sus formas de energía, en la construcción sostenible y la industria instalada en el país, así como en la gestión de los residuos de sus ciudadanos y empresas. También se incluyen pautas para mejorar las prácticas agrícolas y el uso del suelo, evitando la deforestación”.

Todas estas medidas pretenden hacer operativas las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) que Costa Rica presentó ante el Acuerdo de París y por las que, en el 2020, deberá rendir cuentas ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

También, en el 2020, el país deberá anunciar cómo incrementará su ambición climática y este plan, al diseñarse con miras al 2050, adelanta metas en este sentido.

Precisamente, la actividad de presentación fue conducida por Christina Figueres, ex Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, quien aseguró: “hoy despega la Costa Rica del siglo XXI”.

Los 10 ejes que sustentan el plan

El Plan Nacional de Descarbonización esboza 10 ejes de acción que permitirán alcanzar las metas propuestas al año 2050.

El primero de los ejes busca desarrollar un sistema de transporte público que incluye buses, taxis y tren rápido de pasajeros que priorizará una movilidad compartida segura. Este sistema estará alimentado por energías limpias (sin emisiones) y será tan eficiente que hará menos atractivo el uso de automóvil particular para desplazarse.

La meta, al 2035, es que el 70% de los buses y taxis sean cero emisiones (al 2050, la idea es alcanzar el 100%), mientras que el tren rápido de pasajeros operará 100% con electricidad.

Al 2050 se prevé que el sistema de transporte público sustituya a los vehículos privados como la principal opción de movilidad.

Asimismo, se aspira a un incremento de -al menos- un 10% de las movilizaciones no motorizadas.

El segundo eje se enfoca en transformar progresivamente la flota vehicular del país de carros ligeros de combustión fósil a vehículos cero emisiones y promover modelos de negocios de autos compartidos autónomos. Para ello, el país implementará una extensa red de recarga eléctrica a lo largo del país y se contará con infraestructura complementaria para tecnologías cero emisiones, por ejemplo, estaciones de hidrógeno.

Para el 2025, se estabilizará el crecimiento de las compras de motocicletas y se adoptarán estándares para favorecer las ventas de motos cero emisiones. De hecho, la idea es que, al 2050, el 100% de las ventas de vehículos ligeros nuevos sea de vehículos cero emisiones y el 60% de la flota de vehículos ligeros -privados y públicos- será cero emisiones.

También relacionado a transporte, dado que es el sector que abulta la huella de carbono costarricense, el tercer eje pretende reducir el impacto ambiental del transporte de carga en el país favoreciendo la adopción de tecnologías de eficiencia energética y vehículos bajos en emisiones de carbono.

Como meta para el 2022, el país tendrá un inventario público sobre las emisiones de la flota de vehículos de carga. Eso servirá de insumo para poner en marcha planes piloto para aumentar la eficiencia de los camiones mejorando logística del transporte.

Al 2050, al menos el 50% del transporte de carga será altamente eficiente y habrá reducido sus emisiones en un 20% con respecto al inventario del 2018.

El objetivo del cuarto eje es consolidar un sistema eléctrico nacional capaz de abastecer y gestionar energía renovable a un costo competitivo para los usuarios. En este sentido, al 2030, la matriz eléctrica del país deberá operar al 100% con energías renovables (actualmente está en 98-99%).

De hecho, la meta al 2050 es que la energía eléctrica sea la fuente primaria para el sector transporte, residencial y comercial, industrial.

El quinto eje se centra en desarrollar edificaciones de uso comercial, residencial e institucional bajo estándares de alta eficiencia y bajas emisiones. Al 2030, el100% de las nuevas edificaciones comerciales, residenciales e institucionales se diseñarán y construirán adoptando sistemas de resiliencia y tecnologías bajas emisiones.

Para el 2050, el 100% de las edificaciones comerciales, residenciales, e institucionales operarán con estándares de bajas emisiones implementando además el uso de energías renovables en procesos de cocción y agua caliente.

La modernización del sector industrial es el enfoque del sexto eje del Plan de Descarbonización. Dicha modernización se hará a través de la aplicación de procesos eléctricos, sostenibles y más eficientes.

En este sentido, en el 2030 se contará con una estrategia y modelos de negocio de diseño integral que consideren las acciones necesarias para atenuar y responsabilizarse del impacto de un producto desde su nacimiento, distribución y posterior descarte.

El séptimo eje busca desarrollar un sistema de gestión integrada de residuos basado en la separación, reutilización, revalorización y disposición final de máxima eficiencia y bajas emisiones. Para ello, al 2022, se contará con una estrategia y un Plan Nacional de Mejores Opciones Tecnológicas para reducir las emisiones de metano por residuos orgánicos.

Al 2030, la meta es que Costa Rica tenga una cultura ciudadana y empresarial orientada a una menor generación de residuos y a un exitoso manejo de los mismos.

Para 2050, se supone que el 100% del territorio nacional contará con soluciones para la recolección, separación, reutilización y disposición de los residuos.

Apoyar la adopción de tecnología alimentaria eficiente y baja en carbono que genere bienes de exportación y también para el consumo local es el octavo eje del plan.

En el noveno eje, y también en el sector agropecuario, se pretende consolidar modelos ganaderos basados en la eficiencia productiva y la disminución de gases de efecto invernadero.

El último y décimo eje está dedicado a la cobertura forestal, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Se pretende consolidar un modelo de gestión de territorios rurales, urbanos y costeros que facilite la protección de la biodiversidad, el incremento y mantenimiento de la cobertura forestal y los servicios ecosistémicos a partir de soluciones basadas en la naturaleza.

Por eso, al 2030, la cobertura forestal de Costa Rica llegará a ser el 60% del territorio, esto con el fin de consolidar corredores biológicos e incrementar la disponibilidad de áreas verdes para la recreación.

¿Cómo se piensa lograr? Para impulsar estas medidas, el país debe apostar por una reforma fiscal verde, así como una reforma institucional ambiental que incluyen la  modernización de Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), así como el Consejo de Transporte Público (CTP).

Además, el país procurará avanzar en los procesos de digitalización, conectividad digital, ciudades inteligentes y teletrabajo, entre otras. La transparencia en los procesos, métricas y datos abiertos son parte de las herramientas que se emplearán para rendir cuentas de este proceso.

“Seremos ejemplo para el mundo de que sí es posible ser un país verde y descarbonizado, al tiempo que seguimos produciendo riqueza. Un país descarbonizado es también un país próspero que genera empleos, crecimiento económico y bienestar para todas las personas”, manifestó el presidente Alvarado.

Primeras acciones

Aparte de firmar el decreto ejecutivo que formaliza el Plan Nacional de Descarbonización 2019-2050, los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) firmaron un acuerdo intersectorial para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector transporte.

Con la implementación de políticas y otras medidas derivadas de este acuerdo, se prevé que el sector transporte reduzca el equivalente a 0,5 mega toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año 2024 y una disminución de 4,01 mega de toneladas de CO2 equivalente al 2050.

Entre las medidas que se contemplan están el mejorar la logística de carga, así como la calidad de servicio en el transporte público colectivo y desalentar el uso del transporte privado motorizado.

También, en este trabajo conjunto entre MINAE y MOPT, se busca generar las condiciones para incentivar el transporte no motorizado, así como la infraestructura necesaria para la transición de la flota vehicular actual hacia tecnologías cero emisiones.

“El sector transporte tiene un papel fundamental en el proceso de la descarbonización. Sus emisiones representan más del 40% de las emisiones totales del país. Este acuerdo fomenta un cambio medular en la forma en que se realiza el movimiento de personas y bienes bajo un nuevo paradigma de movilidad sostenible”, comentó el Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez.

Esa labor también conlleva una serie de acciones transversales como promover una transición energética hacia tecnologías cero emisiones, el acceso a sistemas de información integrados y automatizados, incentivos fiscales y económicos para la impulsar el uso de la electricidad en las diferentes modalidades de transporte, alicientes como parqueos azules para vehículos cero emisiones y la promoción de mecanismos que faciliten la captación de recursos económicos para el financiamiento de acciones de movilidad y reducción de emisiones.

Se prevé propiciar medidas para la movilidad sostenible como el uso del transporte público, viajes compartidos, uso de transporte eléctrico, movilidad activa, conducción eficiente, así como educar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la movilidad sostenible.

“Actualmente el MOPT trabaja en materializar una serie de obras de infraestructura que permitirán impulsar la sectorización del transporte público en distintos puntos del país. Buscamos tener un servicio de autobuses eficiente que lleve a que, cada día, más ciudadanos decidan dejar sus vehículos en sus casas y utilicen el transporte público para desplazarse a sus lugares de destino”, manifestó el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.

Aunado a este acuerdo, el Presidente de la República y sus ministros rubricaron la Ley 9660 Movilidad y Seguridad Ciclística, cuyo objetivo es promover y regular el uso de la bicicleta como medio de transporte, trabajo y recreación.

De esta forma, la bicicleta ayudará a promover estilos de vida más saludables a la vez que su uso permitirá disminuir el empleo de combustibles fósiles en transporte, reduciendo el colapso vial ocasionado por la flota vehicular.

“Planificar la descarbonización requiere un balance entre la visión de largo plazo y acciones inmediatas, y una de ellas es avanzar hacia una forma eficiente de movilidad y transporte público. Por ello, es fundamental esta ley y su declaratoria de interés público”, declaró el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

Esta ley se regirá por el principio de la pirámide invertida de movilidad, la cual ubica al peatón en el primer lugar, seguido de los medios de movilidad activa (transporte no motorizado como patinetas, bicicletas, sillas de rueda, patines o a pie), en tercero lugar al transporte público y, por último, los demás medios y modos de transporte.

Para su ejecución, se deberá trabajar en una planificación a nivel nacional y cantonal para la movilidad integrada y seguridad ciclística. Eso incluyen estudios técnicos y la infraestructura necesaria para facilitar la movilidad ciclística y garantizar seguridad al usuario, como ciclovías segregadas y demarcadas, carriles compartidos, trazos independientes, pasos peatonales a nivel de acera y cojines reductores de velocidad.

“Las empresas y patronos que favorezcan el uso de bicicleta como medio de transporte de sus empleados y funcionarios, podrán solicitar -por única vez- la deducción de la declaración tributaria de renta bruta anual de los gastos como adquisición, construcción o remodelación de parqueos para bicicletas, servicios sanitarios con duchas y espacio de vestuario, adquisición de bicicletas y equipos de reparación en el lugar de trabajo”, se lee en el comunicado oficial con motivo de la firma de la ley.

Otro anuncio que se hizo, el cual apoyará la implementación del Eje 10 del Plan Nacional de Descarbonización 2019-2050, fue la donación de US$3,5 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El dinero proviene del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y, con este, se busca apoyar la creación del Programa de Servicios Ecosistémicos que formaría parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Particularmente, la donación permitiría desarrollar un “mecanismo de compensación por servicios ecosistémicos, con su respectiva fuente de financiamiento sostenible, para incentivar la gestión y la conservación de ecosistemas y de la biodiversidad en paisajes productivos prioritarios del país”.

En otras palabras, dicho mecanismo pretende compensar a los dueños de terrenos por los servicios ecosistémicos que generan sus propiedades.

“Costa Rica ya fue un pionero en la modalidad de pago por servicios ambientales y un ejemplo a nivel de América Latina en la recuperación de áreas boscosas”, destacó Fidel Jaramillo, representante del BID en Costa Rica.  

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Michelle Soto Méndez: LatinClima

Medio Ambiente

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