Decreto a precio de trucha

Tres ministros, entre ellos el de Ambiente, declararon la trucha y la tilapia como especies domésticas a pesar de no ser originarias de Colombia. Expertos dicen que ponen en riesgo la riqueza natural del país, violan tratados internacionales y la legislación colombiana.

En los formularios de aduana que se entregan a todos los viajeros que pretenden entrar a otro país, una de las principales preguntas que deben responder, además de la cantidad de dinero con la que viajan, es si transportan algún tipo de planta o animal. La razón es sencilla: las especies exóticas invasoras son consideradas en el mundo entero como el segundo motivo de extinción de especies nativas, después de la pérdida de hábitat.

De ahí el desconcierto y el profundo malestar que ha generado en la comunidad de biólogos y expertos en biodiversidad el decreto 1780 del 9 de septiembre 2015, firmado por el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, y el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo.

Como lo anunció el periodista Andrés Bermúdez, de La Silla Vacía, en un artículo titulado “Las truchas de la discordia”, de un solo plumazo los tres ministros decidieron ir en contravía de los más importantes convenios internacionales sobre diversidad biológica, varias décadas de investigación interna sobre el tema e incluso documentos y decretos firmados por sus antecesores.

El polémico decreto, firmado sin el consentimiento de los principales institutos de investigación del Gobierno y la comunidad académica, pretende “administrar, fomentar y controlar la actividad de la acuicultura”. Pero para los más importantes ictiólogos (expertos en peces) del país, el decreto en realidad pretende una sola cosa: declarar la trucha y la tilapia como especies domésticas y favorecer los intereses económicos de un sector.

El problema, dicen los expertos, es que lo hace desconociendo el corazón de las normas de protección de biodiversidad del país. Ambas especies fueron declaradas en 2008 como “especies invasoras” por el Gobierno.

“¿Por qué no miran las normas antes de hacer normas?”, se queja Francisco de Paula Gutiérrez, investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Ph.D. en ciencias biológicas y autor de varios de los más importantes informes con que cuenta el país sobre su biodiversidad acuática. “El ministro comete un error muy grave y está violando la Convención sobre Diversidad Biológica, que ordena controlar especies que causan daño”.

Gutiérrez conoce mejor que nadie la historia de esas dos especies. La trucha llegó a Colombia en 1930 desde Estados Unidos. La tilapia, una especie africana, fue importada por un ecuatoriano hacia 1986. En ambos casos fueron introducidas como una promesa económica. Y lo han sido para muchos colombianos. De hecho, hoy el país produce cerca de 100.000 toneladas de estas especies y existen cerca de 20.000 acuicultores, según cifras de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

Ese es el “lado amable de la historia”, el que al parecer los tres ministros buscan fortalecer. De acuerdo con Otto Polanco, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, una de las directrices del Gobierno Nacional es buscar fórmulas para sustituir importaciones e incentivar exportaciones. Luego de analizar el sector acuícola, llegaron a la conclusión que los cultivos de tilapia y trucha representan una oportunidad económica. El problema es que muchos productores son informales porque no pueden cumplir con toda las exigencias de una licencia ambiental.

Pero existe un lado oscuro, y Francisco Gutiérrez lo resume diciendo que “quieren solucionar un problema con otro problema”. Para empezar, el éxito comercial de la trucha y la tilapia es el perfecto ejemplo de la torpeza para sacar provecho de nuestra propia biodiversidad. Colombia es dueña de una enorme riqueza de peces en sus ríos: más de 1.547 especies han sido identificadas. De ellas, al menos 387 han sido catalogadas como de interés comercial. La falta de investigación, la creación de paquetes tecnológicos y la devastación de hábitats han hecho que esa riqueza pesquera no se desarrolle. En cambio, y lo ratifica el decreto, el país sigue apostando por una acuicultura de especies ajenas.

Otra experta en el tema, Luz Fernanda Jiménez, coordinadora del Grupo de Ictiología de la Universidad de Antioquia, dice que “la argumentación del Gobierno de domesticar estas especies porque están en el país desde hace mucho tiempo es un contrasentido. La ciencia y la experiencia de otros países dicen todo lo contrario: las especies introducidas hay que acabarlas, no introducir más”.

El caso de la tilapia es un buen ejemplo. Entre 1927 y 2003 fue introducida en 96 países y en 56 de ellos se han reportado impactos negativos. Tanto que en algunos estados de Norteamérica se ha prohibido la introducción o cultivo de tilapias por su comportamiento agresivo y marcada competencia con especies nativas por el espacio para desovar.

Para la investigadora, el decreto del Gobierno no sólo contradice la legislación sobre diversidad biológica y las recomendaciones de los expertos, sino que además utiliza falsos argumentos sociales y económicos. Si las preocupaciones reales del Gobierno fueran la seguridad alimentaria y la disposición de más proteína animal para la población, diseñaría un plan para rescatar las poblaciones de bocachico o capaz, entre otras. “La producción acuícola del país ha ido creciendo, eso es cierto, pero la producción de los pescadores artesanales va en declive. La pesquería artesanal del país está amenazada por deterioro de la cuenca”. En su mejor momento la cuenca del Magdalena llegó a aportar 120.000 toneladas anuales de pescado. Hoy son menos de 7.000. “¿Por qué no piensan en restaurar los ecosistemas?”, se pregunta la experta, quien cree que en menos de diez años los ríos de Colombia podrían estar rebosantes de peces otra vez si se diseñara una estrategia en ese sentido.

Pero el Gobierno parece tener otros afanes. Al declarar la trucha y la tilapia como especies domésticas les quita todas las trabas (licencia ambiental) a los acuicultores y podría ver algunos resultados inmediatos en sus cifras económicas.

“Creo que no hay nada que temer”, insiste Polanco, y agrega que la decisión se tomó con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente, que seguirá manteniendo la regulación sobre esta actividad. Argumenta que después de tantos años de introducidas, tanto la tilapia como la trucha no han devastado los ecosistemas, como muchas veces se argumenta.

Para los biólogos e investigadores, el decreto sólo merece un adjetivo: absurdo, y esperan que termine cayéndose.