El antropólogo que intentó ordenar La Guajira

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En los últimos días de noviembre llegaron dos cartas a la Gobernación de La Guajira. Una era una comunicación de dos páginas en la que el sindicato de funcionarios públicos le agradecía al saliente gobernador por su buena administración. La segunda era mucho más breve. En tres párrafos, los alcaldes de los municipios del departamento le solicitaban al presidente Juan Manuel Santos que no apartara al gobernador de su cargo.

Poner de acuerdo a dos actores que suelen estar en bandos contrarios parece extraño en un territorio que ha tenido que vivir un caos político. Sus dos últimos gobernadores habían sido destituidos en sólo seis meses. Oneida Pinto era de Cambio Radical. Wílmer González pertenecía al Partido de la U. Kiko Gómez los había antecedido y en enero de este año terminó condenado a 55 años de prisión por tres homicidios. También era de Cambio Radical.

Una posible salida a esa situación había llegado el 23 febrero de 2017. Tras un mes de escándalos, el presidente Santos intentó solucionar el enredo nombrando a alguien no muy cercano a los juegos políticos. Alejarse de ellos parecía la única manera de aliviar los males de una región con corrupción y altos índices de pobreza.

Weildler Guerra tenía todo preparado para irse a la Universidad British Columbia, en Vancouver (Canadá), cuando recibió la llamada de Santos. Primero se negó a su solicitud, pero terminó cediendo. Guajiro, católico, wayuu, borgiano y admirador de Fals Borda y del historiador inglés Malcolm Deas, Guerra parecía ser la mejor opción para poner orden al departamento que tanto había estudiado. La pasantía para concretar su doctorado en antropología tendría que esperar un año más.

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En 2006, Weildler Guerra escribió un documento en compañía del economista Jorge Navarro y la antropóloga Nadia Albis Salas que da luces sobre los temas que cree claves a la hora de gobernar. “Cultura, instituciones y desarrollo en el Caribe colombiano. Elementos para un debate abierto” da varias pistas para entender cuáles son, a sus ojos, los desafíos de su región: “Se requieren procesos de construcción colectiva y mayor conocimiento, en lo regional y local”, “es relevante (...) incentivar el abandono de prácticas clientelistas”, “un ciudadano educado es más productivo pero también es más capaz de entender la importancia de participar en la democracia”, “es inaplazable incrementar las opciones políticas”.

Hoy, Guerra no es gobernador, pero hace ocho meses llegó a su cargo con varias de esas ideas. Es pronto para evaluar su gestión, pero él tiene una metáfora para resumir su inicio: “Fue como entrar a un burdel a exigir respeto”. Se refiere a que tuvo que enfrentarse a “una batalla sucia a la que no estaba acostumbrado en la academia”. Una campaña de descalificación en redes sociales, amenazas de paros y tutelas para tumbarlo hacen parte de la lista de complicaciones que enfrentó. “Fue una resistencia de la dirigencia política tradicional que luchó y luchó por recuperar su poder”, dice. Finalmente lo recuperó el 21 de noviembre. Tania Buitrago lo reemplazó.

¿Cree que algo cambió en el lapso que usted estuvo como gobernador? “Sí”, responde Guerra. “La gente se dio cuenta de que se puede tener un gobierno que no obedezca a intereses políticos ni se apropie de los recursos públicos. No hay que estar al servicio de un barón electoral”.

La lista de cosas con las que Guerra sustenta la anterior afirmación es diversa. Haber transformado el hospital de Riohacha en uno de alta complejidad y haber dejado listo un plan para construir una carretera para conectar esa ciudad con Valledupar son algunas de las que encabezan la lista. Hay otra que lo enorgullece: haber creado un grupo de gestión de conflictos formados por palabreros wayuus, abogados y antropólogos. “Son grupos que se mueven a cualquier lugar de La Guajira para hacer diagnósticos y solucionar conflictos. Una vez allá se hacen círculos de la palabra, una metodología indígena en la que la comunidad ocupa la mesa principal y el Gobierno los puestos de abajo”, explica.

Esta última idea no es nueva. Guerra ya la había rastreado en sus estudios y le había dedicado un par de artículos científicos. “Los conflictos interfamiliares wayuus”, publicado en 2005, es uno de ellos. En él destaca el rol de los palabreros y del derecho ancestral para la convivencia humana. Otro es el libro que más quiere: La disputa y la palabra: la ley en la sociedad wayuu. Lo escribió en 2001 y ganó el Premio Nacional de Cultura en Antropología.

Pero Guerra, de 57 años, sabe que la academia y la gestión pública no siempre van de la mano. Aunque a principios de los noventa fue secretario de Asuntos Indígenas de La Guajira y luego quedó a cargo de la gerencia del Banco de la República en Riohacha, cree que aún hay vacíos que las ciencias sociales y la ciencia política deben llenar. Uno de los principales es tratar de entender con más juicio cómo funcionan los barones electorales y las “empresas electorales del clientelismo armado”. “Si le ponemos menos moral y le añadimos más racionalidad, podríamos entender por qué funciona así”, dice. Sabe, sin embargo, que la realidad es compleja, y tiene anécdotas de sobra para comprobarlo: “La gente me pedía plata para un cilindro de gas, para viajar a Barranquilla o para comprar maíz. Creen que el gobernador está sentado sobre un baúl de dinero y que de ahí saca fajos de billetes. Lamentablemente, parece que alguna vez pasó así”.

Por teléfono, Guerra se escucha sereno. Es amable y tiene un marcado acento guajiro. Le pregunto por el rol de los antropólogos y dice que hoy, en Colombia, tienen un reto clave. “Una vez terminado el conflicto, su desafío es recuperar los ámbitos a los que antes no podía llegar, y eso puede ser una redefinición del país. Durante mucho tiempo las Farc y el Estado monopolizaron una agenda de demanda social. Hoy podemos plantear nuevos puntos que incluyan otras concepciones y otros discursos enriquecedores”.

En otras palabras, respeta y cree en las visiones de desarrollo que no siempre comulgan con las dictadas desde el centro del país. Cree, incluso, a veces, que el vandalismo contra obras públicas tiene una razón de ser: “Demuestra un temor al colonialismo camuflado”. ¿Qué solución propone? Para él, una buena manera es encontrar un camino para “conciliar esos intereses antagónicos y construir un futuro de escenarios compartidos”. Explotar recursos naturales dejando altos costos sociales es un gran ejemplo de cómo tomar una ruta equivocada, señala.