El informe que reclama más justicia y menos carbón

El documento revela la violación a los derechos humanos que padecen cientos de personas en Colombia, India, Egipto y Sudáfrica como consecuencia de la explotación del recurso natural.

No se puede hablar de cambio climático sin mencionar la violación de derechos humanos que hay detrás de la industria carbonífera. Tampoco se pueden desconocer los costos humanos, sociales, culturales y ambientales que deja esta actividad para las comunidades locales que, además, son las menos beneficiadas con el negocio.

Esas son dos de las conclusiones a las que llegó un estudio realizado por las organizaciones DeJusticia y el Centro de Recursos acerca de las Empresas y los Derechos Humanos (BHRR, por sus siglas en inglés), que será presentado en el marco de la 21 Conferencia de las Partes en París, donde líderes de todo el mundo se reúnen para llegar a un acuerdo que logre reducir las emisiones de CO2 y así impedir que la temperatura del planeta se incremente más de 2 °C.

El reporte “Los impactos del carbón sobre los derechos humanos en el sur global” analiza los casos de Colombia, India, Sudáfrica y Egipto, pues los cuatro países presentan un patrón similar de pobreza, conflictos socio-económicos y daños severos a la salud asociados a la minería de carbón.

Los departamentos de La Guajira y Cesar, por ejemplo, donde se concentra la actividad carbonífera en Colombia, ocupan el tercer y el séptimo puesto en los indicadores de extrema pobreza del país. Lo mismo ocurre con Jharkhand y Chattisgarh en la India y Mpumalanga en Sudáfrica, donde también se registran miles de muertes por cáncer y enfermedades respiratorias y cardiovasculares ocasionadas por el polvillo de carbón.

Un informe de Green Peace del 2013, realizado por un exfuncionario del Banco Mundial que intentó cuantificar los impactos en la salud ocasionados por la contaminación en India, encontró que las centrales eléctricas de carbón están causando entre 80 y 12 mil muertes prematuras por año y hasta 20 millones de nuevos casos de asma, en los que los que niños y ancianos son los más vulnerables.

De hecho, los niños juegan un papel trascendental en esta problemática, dado que las minas representan una de las peores formas de trabajo infantil del mundo. En la India trabajan en turnos de doce horas bajo tierra en unas minas conocidas como “ratoneras”.

“Un estudio estima que 70.000 niños trabajan en estas minas, la mayoría de los cuales fueron traficados ilegalmente de los países vecinos de Bangladesh y Nepal. De acuerdo con algunas ONG, los menores mueren atrapados allí pero no son reportados, por su condición de inmigrantes ilegales”, explica el informe.

En los cuatro países investigados se evidencia el desplazamiento por el que han atravesado pueblos indígenas, agricultores y comunidades afrodescendientes. El informe advierte que cerca de 70.000 indígenas de las comunidades wayuu y wiwa han sido desplazadas en La Guajira, donde la extracción de carbón equivale al 60 % de la economía. En el caso del Cerrejón, las comunidades de Media Luna, Tamaquito y Espinal ensachan las filas de víctimas por desplazamiento.

También preocupa la distribución no equitativa del agua entre las grandes empresas y los pobladores. “Mientras el Cerrejón utiliza 17 millones de litros de agua por día, los residentes usan sólo 0,7 litros”, dice el documento.

De acuerdo con el texto son recurrentes las amenazas, persecuciones y detenciones arbitrarias a los activistas locales. Y en el tema ambiental, la erosión en los suelos y desvíos de ríos es una problemática que pone en peligro actividades de subsistencia como la agricultura y pesca.

“Se cree que el carbón es barato, pero es una idea errada. No se han tenido en cuenta los derechos culturales, el derecho a la alimentación, a la consulta previa, a la salud, al agua, a un ambiente sano y a la misma vida. Es indispensable incluir a las comunidades más vulnerables en el debate sobre cambio climático ahora en la COP21, ya que no tienen garantías para defenderse”, asegura Amanda Romero, encargada de Suramérica del BHRR.

Krizna Gómez, coautora del estudio y miembro de DeJusticia, asegura que “la responsabilidad social de las corporaciones es insuficiente para garantizar la protección de los derechos humanos, por lo cual es indispensable la vigilancia de los gobiernos y la rendición de cuentas”.

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