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Para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (koguis, wiwas, arhuacos y kankuamos), la Línea Negra es la delimitación de su territorio ancestral. Desde su cosmovisión, la Sierra es el origen de todo lo que hay. Es el ombligo del viento, del agua, de las hormigas, de los abismos del océano. Todo lo que toque la vista si uno se parara en la punta de la Sierra es territorio indígena.
El presidente Santos prometió firmar este 6 de agosto un decreto que pone fin a cuatro años de negociaciones entre las partes y que, en esencia, amplía el número de sitios sagrados contenidos en la Línea Negra, en donde los indígenas hacen pagamentos y retribuciones a sus padres y madres espirituales. Del 1’700.000 hectáreas que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta, los lugares cobijados por el decreto no suman más de 350 hectáreas, pero se extienden hasta ciudades como Riohacha (La Guajira), Santa Marta (Magdalena) y Valledupar (Cesar), e incluye tres resguardos indígenas dentro del área de influencia de la Línea Negra: Kogui-Malayo-Arhuaco, Kankuamo y Arhuaco de la Sierra Nevada; 25 municipios, tres corporaciones regionales y tres parques nacionales: Sierra Nevada de Santa Marta, Tayrona y Los Flamencos.
Aunque no se hable de una distancia específica, los lugares sagrados que antes contenía la línea pasan de ser 54 a 348, una ganancia significativa para los cuatro pueblos de la Sierra. Algunos son ríos, quebradas, piedras e incluso parte del mar.
Pero el polémico decreto tiene a los cuatro pueblos indígenas (y al presidente Santos) haciendo fuerza contra gobernadores de los cinco departamentos del Caribe y más de 20 gremios de empresarios que están preocupados porque el nuevo polígono no sólo contiene ríos, lagunas y piedras, sino que abarca pedazos de la zona urbana de Santa Marta, Riohacha y Valledupar, como el Convento Plaza Alfonso López, las playas de Taganga (uno de los principales atractivos turísticos de Santa Marta) y los pueblos de Aracataca, Fundación, Dibulla, entre otros.
Sandra Forero, presidenta de Camacol, fue una de las 21 firmantes de una carta que los gremios de petróleo, minería, construcción, entre otros, enviaron a Santos en abril expresando sus preocupaciones: que no los tuvieron en cuenta para la formulación, que va a afectar la propiedad privada y que pone en un limbo los nuevos proyectos de la región. “Esto no es sólo preocupante, es gravísimo”, dijo. Según cuenta, la preocupación, por lo menos en el gremio de la construcción, surgió desde 2017, cuando los koguis lograron por medio de una tutela que se frenara la construcción del edificio Magenta, de 18 pisos, en El Rodadero (Santa Marta), porque no habían hecho consulta previa y por estar sobre un sitio de pagamento.
“Se habla de puntos interconectados con carácter de protección, que son los sitios sagrados. ¿Entonces? Hay puntos que están tocando el suelo urbano y el suelo de expansión, que es el que definen los municipios en sus POT para ampliar según sea necesario. Una ciudad como Santa Marta suma 5.000 viviendas más cada año, ¿para cualquier actividad en Riohacha, Santa Marta y Valledupar habrá que hacer consulta previa”.
Según Forero, los gremios y las gobernaciones del César, Magdalena y Atlántico (que también enviaron una carta pública a Santos en oposición a la firma del decreto), no conocieron el proyecto de decreto hasta hace 20 días, cuando fue publicado en la página de la Presidencia.
Una de las preocupaciones que elevaron en la carta fue sobre la propiedad privada. En el decreto, el Ministerio de Hacienda dice que determinará recursos para que la Agencia Nacional de Tierras compre los predios donde hay sitios sagrados para los indígenas de la Sierra, algunos en las ciudades del Caribe. La preocupación es que haya zonas urbanas que se prioricen por ser sitios sagrados, pero según el gobernador indígena Jaime Arias, “sólo necesitamos cumplir con los pagamentos. Para eso fue que vinimos al mundo, eso dice nuestra Ley de Origen y así mantenemos el equilibrio de todas las cosas”.
Parece que para los empresarios el asunto más grave que rodea el decreto es que ni a los gremios ni a la Federación Nacional de Departamentos, ni al Consejo Gremial, se les consultó. (Lea también: La Línea Negra, columna de Indalecio Dangond)
Estos miedos ameritan una aclaración: primero, no se va a expropiar a nadie. El efecto de la Línea Negra no amplía el territorio indígena, simplemente permite la entrada de los cuatro pueblos a los 348 sitios sagrados para hacer pagamentos. Si se compran nuevos predios para los indígenas, será en el marco del mercado del capital, como cualquier otra transacción de me das, te doy. Segundo, el polígono de la Línea Negra no se amplía, pero sí define con más exactitud los sitios sagrados.
El decreto tampoco modifica la consulta previa en la Sierra y tampoco les otorga autoridad ambiental a los mandos tradicionales indígenas, como pedían inicialmente en las negociaciones con el Gobierno. Las Corporaciones Autónomas Regionales siguen siendo la autoridad ambiental. (Lea también: Santos y la Línea Negra, columna de César Garavito)
Eso sí, obliga a los propietarios de los terrenos a conservar la flora y fauna que hace parte de la cosmogonía de los pueblos de la Sierra, en garantía del principio ecológico y la propiedad privada, y reconoce que los indígenas son claves para la conservación del medio ambiente. Esta obligación no es nueva y está en el artículo 58 de la Constitución.
Los 132 títulos mineros y las 244 solicitudes preocupan a Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, pero igual celebra el decreto. “Nuestra concepción de desarrollo es distinta. Para cuidar la naturaleza y agradecer a los padres y madres espirituales es que hacemos pagamentos. Cualquiera sabe que si se dañan los ríos de la planicie de la Sierra, se daña el agua de la montaña, ¿y quién vive sin agua en Santa Marta o en Valledupar?”. (Lea también: ¿Es imposible proteger el territorio ancestral de la Sierra Nevada?)
Aunque los indígenas de la Sierra ya hicieron la lista de los sitios sagrados que cobijaría la nueva Línea Negra, la incertidumbre está en el ambiente todavía. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que está encargado de “unir los puntos” para conocer la magnitud del polígono, no ha publicado el mapa, así que la nueva zona de influencia no está clara (a pesar de que ya los puntos están determinados). “En Valledupar hay negocios de suelo para vivienda que se están afectando porque nadie sabe qué va a pasar allá después de la firma”, apunta Forero. Aunque la decisión es histórica, la Línea Negra no es nueva. Desde 1973 fue reconocida y actualiza en 1995. Lo único que faltaba era cumplir con una orden de 2014 de la Corte Constitucional, que obliga al Gobierno a delimitar el polígono simbólico.
Si estas preocupaciones tienen fundamento o no, sólo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta es una conquista histórica para los indígenas de la Sierra Nevada.
Ahora, los gremios y las gobernaciones no son los únicos preocupados por la ampliación del área de influencia del nuevo decreto. La Línea Negra, que alcanza siete resguardos indígenas wayúu de La Guajira (para quienes no hay beneficios dentro del decreto de la Línea Negra, pero comparten algunos sitios sagrados con los pueblos ancestrales de la Sierra Nevada) emitieron un comunicado la semana pasada, en el que reconocen que la Línea Negra es “un derecho incuestionable de los Pueblos hermanos de la Sierra Nevada” pero que los consterna.
El proyecto de decreto incluye a siete resguardos indígenas wayúu de La Guajira (para quienes no hay beneficios dentro del decreto de la Línea Negra, ni identifican los mismos sitios sagrados que los pueblos ancestrales de la Sierra Nevada) y, según la preocupación de los wayúu, también redefiniría el territorio ancestral del Pueblo Wayúu al “otorgar derechos a otras colectividades amerindias sobre su territorio tradicional”, particularmente sobre el resguardo de la Alta y Media Guajira y sobre el río Ranchería, en donde hay dos sitios sagrados compartidos entre las etnias y otros 17 puntos sagrados para los arhuacos, kankuamos, kogui y wiwa de la Sierra.
El decreto hace mención a la creación de un grupo de coordinación y seguimiento que integran las gobernaciones del Cesar, Magdalena y Atlántico, además de las corporaciones regionales Corpocesar, Corpomag y el Ministerio del Interior, y deberán coordinarse con los cuatro pueblos de la Sierra para garantizar la participación en el uso, administración y conservación de los recursos naturales en atención a su derecho ancestral, y crear “estrategias para la salvaguarda, protección y restauración del territorio tradicional y ancestral de la Línea Negra y sus recursos naturales, asociados ambiental y culturalmente”.
De acuerdo con el cabildo gobernador Airas, el próximo paso será construir una serie de protocolos entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente junto con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra para poder ingresar a estas áreas libremente y cumplir con los pagamentos que les dicta su tradición espiritual.
Si bien el decreto habla de coordinar con “autoridades ambientales”, los wayúu, aunque dueños incuestionables de sus territorios, no son autoridades ambientales. El decreto tampoco hace mención específica sobre cómo se van a relacionar con los otros grupos indígenas con los que se comparten sitios sagrados que cobija la nueva Línea Negra. Este es un punto álgido para sumar a la polémica que deberán resolver los grupos indígenas.
La tecnología ayuda a aclarar el panorama
Para superar las especulaciones, un estudio del Banco de la República, realizado en 2017, usó imágenes satelitales de alta resolución para determinar si la estrategia de la Línea Negra, los tres resguardos indígenas y los Parques Nacionales de la Sierra Nevada de Santa Marta cumplían con evitar la deforestación, la presencia de asentamientos de colonos y los proyectos de infraestructura vial.
Los resultados fueron contundentes: “mientras que la Línea Negra no ha tenido ningún efecto sobre los factores asociados con la huella humana, los Parques Nacionales y los resguardos indígenas han reducido significativamente la deforestación y la presencia de asentamientos poblacionales. En el caso de la infraestructura vial, no se encontraron diferencias significativas entre la densidad vial dentro y fuera de la Línea Negra”, escriben los autores.
Los resultados están relacionados con las restricciones de las actividades que se pueden realizar dentro de la Sierra bajo cada una de estas figuras. En las áreas protegidas y resguardos hay restricciones particulares, como acuerdos de manejo, restricciones para la pesca y la minería, entre otras. Además, Parques Nacionales es la autoridad ambiental en el caso del parque Tayrona y los cuatro pueblos indígenas -kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo- tienen autonomía en su resguardo. “Para el caso de la Línea Negra no se hizo explícito desde su concepción un conjunto de restricciones específico que evitara el avance de la huella humana en el interior de la zona de teológica de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”. Más que una noticia triste para autoridades tradicionales o ambientales, este estudio es un mensaje para los desconfiados, para bien o para mal.
Paraíso bajo amenaza
El valor de la Sierra es reconocido mundialmente desde hace décadas. En 1979 fue declarada por la Unesco Reserva de la Biosfera, del Hombre y de la Humanidad, y no es exageración afirmar que la Sierra Nevada de Santa Marta es irreemplazable. En 2013, un estudio realizado por el Centro de Ecología Funcional y Evolutiva (CEFE) de Francia, puso los ecosistemas de la Sierra en el puesto número uno de la lista de reservas naturales consideradas “irreemplazables”. Los investigadores analizaron 173.000 áreas protegidas y las cruzaron con el hábitat de las 21.500 especies que están en vía de extinción. Resulta que es el lugar del planeta en donde más especies amenazadas hay: de las 3.000 registradas allí, 49 están amenazadas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
El dudoso honor de encabezar esta lista se suma a la más reciente investigación del Ideam sobre el estado de los glaciares en Colombia: desde 2010, se han evaporado 8,4 kilómetros cuadrados de nevados (equivalente a siete veces el parque Simón Bolívar). A la Sierra Nevada de Santa Marta, que hace siglo y medio tenía 82 kilómetros de glaciar, hoy sólo le quedan 6.71, y en lo corrido de 2018, ya ha perdido el 5,5 % de ese territorio.