El precio de habitar un parque natural

Según un estudio de la Univesidad de los Andes, muchos pobladores de las áreas protegidas del país sienten que no han sido tenidos en cuenta en las decisiones que se toman sobre sus territorios.

En el Parque Nacional Natural Tayrona habitan indígenas de cuatro pueblos: arhuacos, wiwas, koguis y kankuamos. / Archivo

Se estima que 93.000 colombianos —entre campesinos, colonos, negros e indígenas— viven dentro de los 57 parques nacionales naturales del país. Su supervivencia está ligada a estas reservas, que representan el 12,5% del territorio colombiano.

De ellas extraen la madera para construir sus casas, cocinar y elaborar herramientas. De ellas se alimentan y en ellas pescan, recogen frutas y cazan sólo lo necesario para calmar el hambre. En ellas organizan sus comunidades y, en la mayoría de los casos, en ellas viven hasta morir.

Durante diez años un grupo de investigadores de la Universidad de los Andes liderado por los economistas Jorge Higinio Maldonado y Juan Camilo Cárdenas se ha dedicado a estudiar la forma como estas poblaciones han asumido las ventajas y desventajas de pasar su vida dentro de un área protegida.

Luego de realizar estudios en 40 localidades ubicadas en las reservas, los economistas concluyeron que la mayoría de las poblaciones viven en condiciones de pobreza, sienten que la figura de área protegida los ha aislado de la posibilidad de acceder a servicios básicos (acueductos, redes de energía y construcción de escuelas) y creen que, a pesar de los esfuerzos de la Unidad de Parques por implementar medidas de conservación en conjunto, sus conocimientos ancestrales sobre preservación ambiental han sido ignorados por las autoridades.

“Parques Nacionales está muy lejos de implementar verdaderas estrategias de conservación en las que las comunidades tengan un papel activo”, dice Jorge Higinio Maldonado, director del Programa Latinoamericano y del Caribe en Economía Ambiental. “En muchas reservas, la gente siente que Parques les informa de qué manera pueden vivir y se encarga de restringir sus actividades, pero no hay un diálogo fluido sobre cómo pueden ser protagonistas de esas estrategias y, además, cómo pueden beneficiarse. Las personas que viven en los parques cuidan importantes ecosistemas pero no reciben nada a cambio. Pagarles dinero por conservar podría inducir a reducir la extracción de recursos, pero el dinero no es la única salida. A cambio de cuidar los ecosistemas, podrían recibir permisos para pescar un poco más y vender ese pescado para comprar cosas que les hagan falta, o también recibir una conexión de energía o una escuela. Las políticas de Parques deberían ser más flexibles”.

La subdirectora de gestión de Parques Nacionales, Carolina Jarro, recuerda que desde 1959, con el fin de garantizar la preservación de ecosistemas inigualables —que le entregan vitales servicios al país, como oferta de agua, control de plagas y captura de CO2—, quedaron prohibidas dentro de las reservas la venta de tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agrícola distinta a la del turismo.

“No se podría plantear que una familia que esté dentro de un parque nacional está condenada a vivir aislada del desarrollo. Al contrario, el desarrollo no se puede realizar a costa de estas áreas protegidas. De allí que exista la imperiosa necesidad de coordinar acciones entre las diferentes instituciones que hacen parte del Estado para que se puedan brindar alternativas a estas comunidades sin sacrificar la preservación”, dice la funcionaria, y sostiene que Parques Nacionales siempre ha tenido una relación cercana con los pobladores, e incluso para muchos de ellos la institución se convierte en el único órgano visible del Estado.

Carlos Rodríguez, director de la ONG Tropembos Internacional, que ha trabajado durante años con las poblaciones indígenas del Amazonas, cree que las relaciones entre las instituciones del Estado y los pobladores de las reservas se han vuelto tan ”formales” que aquéllas se han limitado a tenerlos en cuenta para trámites como las consultas previas, pero no ha habido un verdadero diálogo de saberes que permita aprovechar el conocimiento de las poblaciones sobre la administración de sus propios recursos. “Hay buenas experiencias con algunas comunidades, pero no han tenido continuidad. Las autoridades creen que perderán autonomía si les permiten a las comunidades tener un papel más activo”, agrega.

Finalmente, Alberto Galán, director del Fondo Patrimonio Natural, que se encarga de administrar los recursos de cooperación internacional que Parques Nacionales recibe, cree que esta entidad sí ha buscado la manera de que las comunidades tengan un papel más activo en el manejo de las reservas, pero hay que tener en cuenta que “la ley le impone restricciones a Parques Nacionales para trabajar con poblaciones que ocupan, habitan o usan estas áreas protegidas, y muchas de ellas están en las reservas bajo situaciones de ilegalidad. Además, las restricciones financieras son muy grandes y se necesitan muchísimos más recursos que los disponibles para atender y resolver estas situaciones. Se necesitarían unos $150.000 millones al año durante 15 años para resolver estos asuntos. Eso contrasta con el presupuesto de Parques Nacionales, que es de $55.000 millones al año, y es bastante insuficiente”.

 

 

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@angelicamcuevas

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