'Esta cumbre es sobre el modelo económico'

En las convenciones de cambio climático de Lima y París están en juego la economía de todos los países y su senda de desarrollo.

Isabel Cavelier, líder de la unidad de apoyo de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe. / Liz Durán

Isabel Cavelier tiene un cargo difícil de recordar. Es la “líder de la unidad de apoyo de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe” (Ailac). Digamos, para no complicar las cosas, que es experta en negociaciones climáticas y está trabajando junto a los delegados de seis países en la Cumbre de Cambio Climático que comenzó esta semana en Lima, Perú.

Nadie mejor que ella para dar una idea de por qué esta reunión debería interesar a cualquier colombiano, desde los pescadores del río Magdalena hasta los grandes empresarios. Como lo dice en esta entrevista, cualquier acuerdo que se firme, o no se firme, tendrá impactos en la vida de todos, en los sectores económicos, en nuestro bienestar.

¿Qué es Ailac?

Es un grupo de seis países compuesto por Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala, que actúan como bloque en la negociación de cambio climático. Son países con posiciones afines. Se creó hace dos años para aumentar la influencia del grupo en las negociaciones.

¿Por qué se crean tantos grupos y es tan difícil de entender esta política climática?

Parece, pero no son tantos. Los grandes cambios en las agrupaciones reflejan la evolución en el nivel de desarrollo internacional. En 1992 era más clara la división entre países en desarrollo y desarrollados, pero en los últimos 20 años muchas economías se han industrializado y sus intereses han variado. Esta convención es sobre el modelo económico de desarrollo, que actualmente está basado en combustibles fósiles y debe cambiar.

¿Por qué dice que se discute el modelo económico? ¿No se supone que la mayoría son científicos y gente del sector ambiental?

Depende del país. Hay países que saben lo que está ocurriendo aquí y envían sus ministerios de Minas, de Economía. Si te fijas en la composición de las delegaciones, por ejemplo, en la de Venezuela vienen delegados de la petrolera estatal PDVSA. Hay más actores de ese estilo de lo que uno sospecharía. La percepción del mundo es que es un asunto ambiental, pero en el fondo lo que estamos cambiando es la economía para evitar el impacto ambiental y el económico.

¿Por qué debería interesarle todo este enredo a un colombiano?

Además de estar en juego el modelo económico, está en juego la posibilidad de prosperidad de cada uno. Si no tiene éxito la negociación, los efectos del cambio climático van a costarles a los países y a las personas una gran cantidad de dinero a través de impuestos o reparando daños. No vamos a poder desarrollarnos hacia una vida próspera. Para que tenga éxito la negociación, cada ciudadano debe cambiar radicalmente su forma de vida. Si eso no ocurre, no se acabará el problema.

¿Cuáles son los puntos polémicos de esta negociación?

La principal razón por la que no hay acuerdo es que todos quieren tener una menor carga para su propia economía. Los intereses son económicos y nadie quiere que su posibilidad de crecer se vea limitada. Hay mucha divergencia sobre quién debe hacer más esfuerzos. Ese es el tema de la diferenciación entre tipos de países. Es el obstáculo más difícil de resolver.

¿Qué significa el acuerdo que firmaron China y EE.UU. para reducir emisiones de CO2?

Muchos lo calificaron positivamente porque están los dos más grandes emisores diciendo que sí quieren hacer algo. Pero no hay total claridad sobre el compromiso. EE.UU. dijo que en 2025 iba a reducir sus emisiones entre 16 y 18% con respecto a 2005. China expresó que para 2030 llegará al máximo de emisiones per cápita, pero no sabemos cuál es ese máximo en toneladas de emisiones. El problema es que no sabemos muy bien qué quiso decir el uno y el otro.

¿Y cómo van a verificar quién dice la verdad y quién no sobre los compromisos?

Esa es una de las peleas técnicas más grandes de esta reunión: la información que se requerirá de los países para clarificar sus compromisos. El mandato para esta cumbre es acordar la lista de información obligatoria que debe dar cada país. Eso ayudaría a reducir la incertidumbre y poder comparar. Sería una lista que diría, entre otras cosas, cuál es su año de base, cuántas toneladas de CO2 va a reducir, las metodologías para medir y los sectores de economía que cubre el compromiso.

Eso significa que nadie será obligado a adquirir compromisos que no quiere...

En Varsovia acordamos que las contribuciones son nacionalmente determinadas. Por eso lamentablemente no vamos a distribuir una torta (el total de emisiones) sino que cada uno llega y pone sobre la mesa lo que puede hacer. Lo que está en juego es la obligación de todos de tener compromisos pero no el contenido del compromiso, que será nacionalmente determinado.

¿Y el dinero para cambiar todo lo que se necesita cambiar? ¿Ese fondo de US$100.000 millones es dinero nuevo?

Esa es otra discusión política y técnica difícil: el compromiso de los US$100.000 millones está adquirido pero no sabemos cómo los vamos a contar. El lenguaje es muy abierto: movilizar US$100.000 millones anuales a partir de varias fuentes en 2020. Los países desarrollados podrían meter de todo ahí si no hay reglas sobre cómo y qué contar, y los países en desarrollo sólo quieren que se cuente lo nuevo. Si uno cuenta mal ya habríamos llegado a US$100.000 millones. Por ejemplo, sólo la inversión en energía limpia supera esa cifra. Adicionalmente, no hay nada definido sobre qué ocurrirá con la financiación después del 2020. Este será el obstáculo más difícil de superar el año entrante en París.

 

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