“Fracking” genera incertidumbre en San Martín, Cesar

Este municipio puede convertirse en el primero de Colombia donde se aplicaría esta técnica. Mientras sus pobladores la rechazan, el Gobierno asegura que ya existen reglas claras para proteger el ambiente.

Marcellus, en Pensilvania, es uno de los puntos de EE. UU. donde se hace “fracking”. / Bloomberg

Este fin de semana, entre las tendencias que registró Twitter para Colombia, apareció una que hacía referencia a la discusión que el país está dando desde hace varios años y que ahora parece convertirse en una realidad: ¿Debería hacerse fracking? ¿Qué está en juego? ¿Cuáles serían sus beneficios económicos? Lo que estaba detrás de miles de tuits eran los reclamos de un grupo de ciudadanos de San Martín, Cesar, el primer municipio del país donde la implementación de esta polémica técnica sería una realidad.

Con frases como “No al fracking en San Martín” o “SOS por el agua”, trataban de oponerse a esa propuesta, que les llegó a principios de marzo y que hoy es motivo de una discordia con la Agencia Nacional de Hidorcarburos (ANH) y Conocophillips, la empresa encargada de implementar esa actividad. En términos concretos, quieren explorar un área de 33.714 hectáreas que comprende los municipios de San Martín y Aguachica (ambos en Cesar) y Río Negro, en Santander. En el primero quieren arrancar por un pozo llamado Picoplata N° 1.

La idea es que en todo ese bloque, que lleva por nombre VMM3, puedan hacer el también llamado fracturamiento hidráulico, que en palabras simples consiste en la utilización de grandes cantidades de agua y otros materiales, inyectados a presión, para extraer hidrocarburos atrapados en una “roca madre”. Para hacerlo habría que perforar la tierra a una profundidad entre 1.500 y 2.500 metros.

El disgusto de los ciudadanos estaba -está- basado en dos razones: por un lado, temen que el fracking afecte sus fuentes hídricas y no puedan remediar el impacto ambiental. Por otro lado, desconfían de las condiciones en que fue firmado el contrato entre la ANH y la operadora estadounidense para extraer petróleo con esa técnica. Además, dicen, el proceso de socialización con las comunidades para llevar a cabo los estudios preliminares no ha sido claro y ha dejado más preguntas que respuestas. Así lo hicieron saber el pasado 17 de marzo con una protesta que reunió más de 3 mil personas y así lo volverán a manifestar el domingo 17 de abril en las calles de San Martín. Uno de los objetivos es recoger firmas para exigirle a su alcalde que convoque una consulta popular.

En palabras de Germán Quiñones, vicepresidente del Concejo del municipio, la llegada del fracking los agarró por sorpresa. “Acá se hacía explotación de petróleo, por parte de la Shell, pero los primeros días de marzo la licencia ambiental fue cedida a Conocophillips, que en diciembre firmó con la ANH el primer contrato para implementar esa técnica en Colombia. Desde entonces no han sido claros con la comunidad: empezaron hablando de fracking y al ver nuestro rechazo cambiaron el término a exploración de no convencionales. Y ahora nos hablan de explotación de convencionales, pero intuimos que es para poder entrar al territorio, calmar el malestar y luego sí hacer fracturamiento hidráulico”.

Pero la compañía ve con otros ojos los reparos de los habitantes del Cesar. De acuerdo con sus voceros, la confusión fue causada porque empezaron a hacer dos procesos de socialización diferentes. Uno, cuentan, era para hacer explotación de hidrocarburos convencionales, que es la técnica usada en el país. Para eso ya tienen la licencia ambiental que les cedió la Shell el 7 de marzo. Con el segundo proceso querían comenzar a contarle a la gente sobre un estudio de impacto ambiental para hacer fracking en un futuro. Ese, explican, es sólo el primer paso de un proceso que puede tardar hasta cuatro años y que requiere un nuevo permiso que otorgaría la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Al término de esa fecha ya podrían producir el primer barril de crudo.

El otro punto que tiene en la incertidumbre a los pobladores son las condiciones en que fue firmado el contrato. Carlos Andrés Santiago, representante de la comunidad en San Martín en Bogotá, asegura que la reducción a 60 % en el pago de regalías y una supuesta participación del Estado de 2 % en la producción de petróleo de esa compañía le restaría beneficios al municipio y al país.

La ANH, por su parte, afirma que esa reducción en las regalías estaba incluida en la Ley 1715, con la que se pretende estimular esta actividad en el país. Sus voceros dicen que no hay razón para asombrarse, pues no constituye una excepción con Conocophillips, sino que es una medida que se les aplicará a todas las empresas que entren a participar en la etapa de no convencionales. “El 2 % sobre la producción de propiedad es adicional a los demás impuestos que debe pagar la compañía por ley. Es un derecho económico que se le paga a la ANH”, explica uno de sus voceros.

Un debate necesario

La discusión que generaron las intenciones de hacer fracking en San Martín revive una polémica que el país aún no ha logrado resolver y que tiene a varios actores enfrentados. Por un lado, hay organizaciones como Dejusticia o WWF que han solicitado, como lo hicieron en septiembre de 2014, una moratoria para el fracturamiento hidráulico hasta que hubiesen bases científicas sobre sus verdaderos impactos. El perjuicio a aguas subterráneas y la generación de sismos son algunas de las posibles causas que se han documentado en países como Estados Unidos.

Ante estas incertidumbres, la ANH responde que el país ya cuenta con un marco regulatorio claro que garantiza la no afectación de acuíferos y que indica que en caso de que haya un movimiento por encima de 3 grados Richter, se suspenderán las operaciones. Asegura, además, que las lecciones aprendidas de países desarrollados han servido para que Colombia, donde esa técnica aún es incipiente, configure una regulación mucho más robusta.

Por otro lado, dice Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, el fracking le permitiría a Colombia tener recursos estimados por 3 mil millones de barriles.

Sin embargo, a pobladores de San Martín como Luis Galvis, que forma parte del sindicato de Ecopetrol, esos argumentos no lo convencen del todo. “Sabemos -dice- que varios países lo han prohibido por sus graves impactos. A mí me pagan del petróleo, pero no por eso vamos a seguir contaminando el mundo. Esperemos a que existan tecnologías que no causen tanto daño. Si no, ¿qué le va a quedar a nuestro país?”.

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