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Jáder Gaviria llegó a la Alcaldía de San Lorenzo, un pequeño pueblito en el sur del país, con un plan de gobierno que prometía, entre otras cosas, hacer una consulta popular para mantener a raya a la empresa Mazamorras Gold, adscrita a Gran Colombia Gold, que esperaba escarbar en las montañas sembradas de café que convirtieron al municipio en el segundo productor cafetero de Nariño. Para el 13 de octubre de 2017, Gaviria había cumplido su promesa, pero hoy sigue sin poder hacerla realidad. (Lea Así avanzan las obras en Hidroituango)
“Nosotros nos comprometimos a fortalecer un territorio campesino agroalimentario, un territorio con vocación agrícola y pecuaria”, cuenta el alcalde. Por eso, para él y para la comunidad de San Lorenzo era inviable permitir la minería en el municipio. “Cuando el Tribunal de Nariño aprobó nuestra pregunta, pusimos una fecha para la consulta: 17 de diciembre del año pasado”, dice.(Lea El apoyo económico que EPM les dará a las familias evacuadas por Hidroituango)
Pero cuatro días antes llegó una carta de la Registraduría que los dejó fríos. En la carta, a la que El Espectador tuvo acceso, la Registraduría les dijo que habían recibido una respuesta negativa por parte del Ministerio de Hacienda para financiar la consulta. El Ministerio, dice la carta, les había manifestado que eran los entes locales los que debían financiar esa jornada electoral.(Lea Faltan cinco metros para completar el borde superior de Hidroituango)
Si bien la respuesta los tomó por sorpresa, ya habían escuchado ecos similares que llegaban desde Granada, en Meta. La suya parecía una situación calcada de lo que en octubre había ocurrido en ese municipio: días antes de la consulta, la Registraduría le envió un oficio al alcalde con el mismo argumento, pidiendo suspender la consulta porque el Ministerio de Hacienda se negó a entregar los recursos.(Lea Finanzas de EPM son averiadas por Hidroituango)
Después de Granada, esa se convirtió en la respuesta oficial de la Registraduría para suspender las consultas populares en el país. Rodrigo Negrete, abogado que ha acompañado los procesos, dice que ya son once los municipios que han recibido exactamente la misma respuesta por parte de la Registraduría.
Tras la llegada de la carta, en San Lorenzo no se quedaron con los brazos cruzados. “Hicimos reuniones en todas las veredas y comunidades. Todos los campesinos nos expresaron que así sea con bingos o con rifas, lo financiáramos”, dijo el alcalde Gaviria.
Fue entonces cuando le solicitó a la Registraduría que le dijera cuánto costaba hacer la consulta, si ellos podían pasarle los recursos provenientes de diversas fuentes y si la Alcaldía del municipio podría financiar los gastos logísticos directamente y girarle a la Registraduría el dinero necesario para aspectos materiales, como tarjetones o cabinas de votación.
De nuevo, la Registraduría dijo que no. En un documento de 25 páginas, esa entidad aseguró que ya había llegado a un acuerdo con el Ministerio y que la plata para consultas saldría del presupuesto nacional. En un anexo de la carta se leen las palabras firmadas por Juan Carlos Galindo, el registrador general, quien dice que el Ministerio de Hacienda “pareciera querer, en cada nueva oportunidad, reabrir una discusión previamente zanjada”.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha dicho públicamente que nunca ha frenado las consultas con desfinanciación. En octubre pasado, el ministro Mauricio Cárdenas negó que su cartera estuviera frenando las consultas y dijo que la culpa era de la Registraduría. “El Ministerio de Hacienda asigna un presupuesto, que es el que se tiene que utilizar por parte de la Registraduría para financiar sus actividades. En ningún momento hemos dicho que no se financian consultas”, dijo en ese entonces.
Sin embargo, en agosto del año pasado, ese Ministerio le respondió un derecho de petición a la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y aseguraba que de su cartera no saldría un peso más para financiar consultas populares ni revocatorias de mandato. “Si el decreto de convocatoria para un comicio proviene de una entidad territorial, será responsabilidad de los alcaldes (...) la consecución de los recursos para garantizar esa jornada electoral”, dice el documento, publicado por el diario Portafolio.
Además, la carta que la Registraduría envió a San Lorenzo citó los casos de la fallida consulta popular para revocar a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, o aquella para anexar a Envigado al área metropolitana del Valle de Aburrá, en las que el Minhacienda asignó sin peros el presupuesto adicional para llevar a cabo esos comicios. ¿Qué cambió entonces?
El abogado Rodrigo Negrete tiene una teoría: “el supuesto de que el Gobierno no dé los recursos es un bloqueo de un mecanismo de participación que es constitucional. Desde octubre no hay consultas. Hay once bloqueadas y poco más de 40 en trámite”, dice. Para el abogado, esa negativa, así como las reiteradas manifestaciones de los ministros de Minas y Hacienda asegurando que los municipios que hagan consultas no recibirán regalías, son formas de frenar la avalancha de consultas. (Este diario contactó al Ministerio de Hacienda desde el viernes en la mañana para conocer su posición en este debate, pero a la hora de cierre de esta edición no había obtenido una respuesta).
Mientras esperan que les resuelvan su situación y les permitan llevar a cabo la votación, los habitantes han visto cómo, desde abril, empezaron a llegar volquetas y camionetas para recorrer los caminos empinados del municipio. Además, dice Camilo Delgado, coordinador de desarrollo comunitario de San Lorenzo, “llegaron personajes de una Fundación para revisar qué minerales había en el municipio”.
Nota del editor: el 21 de mayo, se hizo la aclaración de que la empresa Mazamorras Gold pertenece a la multinacional Gran Colombia Gold, no Anglo Gold Ashanti, como decía anteriormente.