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Pijao es un municipio clavado en las escarpadas montañas del eje cafetero, en el departamento de Quindío. Año tras año, el municipio cruzaba los dedos para que los épocas de lluvias no arrasaran las casas de sus más de 6.000 habitantes.
Como este, hay otros 768 municipios que están en alto riesgo de sufrir catástrofes ambientales. Tras la avalancha de Mocoa, Gilberto Blanco, procurador delegado ambiental, empezó a investigar cómo podría volver realidad la cantidad de decretos, leyes y órdenes que se emitieron de urgencia tras el desastre en el sur del país.
A medida que investigaban el tema, se dieron cuenta de que la mayoría de los municipios de Colombia no tienen planes de adaptación al cambio climático, ni estrategias de reubicación de la población ubicada en zonas de alto riesgo. Una “bomba de tiempo”, señaló la entidad en un comunicado.
“Más allá de las normativas, lo que hicimos fue tratar de mover el tema por la parte judicial, para buscar una orden que obligue a las entidades llamadas para articularse y evitar estas tragedias”. Por eso, en marzo de este año encabezó la acción popular en la que la Procuraduría exigía a entidades del nivel nacional, regional y local proteger los derechos colectivos de Pijao. “Para nosotros, Pijao es tan solo un espejo de 768 municipios vulnerables en Colombia. Queríamos sentar un precedente”, dice Blanco.
Y lo lograron. El Tribunal Administrativo de Quindío acaba de fallar a favor de la Procuraduría, y ordenó a autoridades nacionales y locales iniciar acciones inmediatas que garanticen el goce a un ambiente sano y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles en el municipio de Pijao.
Y es que la condición del municipio es crítica. De acuerdo con la acción popular, la ubicación geográfica de Pijao, cercano al río Lejos y la quebrada Las Pizarras; sumada a la alta deforestación de las laderas cercanas al río, propenso a crecientes súbitas, eran una bomba de tiempo de una avalancha como la de Mocoa.
“La Cuenca del río Lejos presenta características de inestabilidad geológica, que agravado al uso inadecuado del suelo, han generado agrietamientos y grandes cárcavas que propician focos erosivos y movimientos en masa, que pueden represar el río y originar avalanchas que inciden en las construcciones urbanas existentes sobre las márgenes del río Lejos”, se lee en el documento.
La Procuraduría exigía que el municipio de Pijao, el departamento de Quindío, la Corporación Autónoma Regional de Quindío (CRQ), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a los ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Ambiente y Desarrollo Sostenible pusieran en marcha un plan basado en los principios del Pacto Mundial para el Medio Ambiente.
El procurador delegado explicó que para la entidad era fundamental vincular a entidades del nivel ministerial, pues con la avalancha de Mocoa quedó claro que los problemas de degradación ambiental detrás de esas catástrofes son tan complejos, que financieramente es imposible para un municipio solucionarlos de manera efectiva sin apoyo interinstitucional.
Blanco también destacó la importancia que tiene que el fallo admitiera normas internacionales adoptadas por Colombia como argumentos legales. “Es muy importante que un tribunal falle y que tenga en cuenta este tipo de leyes globales que si bien están en el ordenamiento legal del país, no es frecuente que se invoquen en medidas judiciales. Nosotros echamos mano de estos principios y el Tribunal admitió esto”, explicó Blanco.
¿Qué dice el fallo?
En primer lugar, le ordenó a las instituciones ya citadas “la ejecución coordinada de proyectos tendientes a profundizar en el conocimiento de la vulnerabilidad y amenaza del riesgo que se detectó en la presente acción popular, reducción de los mismos y manejo de una eventual calamidad o desastre (…)”.
Tras esos estudios, las entidades deberán, con cronograma en mano, planificar, ejecutar y financiar “las obras y proyectos que fuesen técnicamente necesarios y suficientes para evitar o reducir las probabilidades de desastre sobre la población del municipio”. En caso de que Pijao deba ser reubicado, deberán, no solo planear con detalle esa reubicación, sino generar planes de contingencia “de manera urgente”.
Pero también el fallo ordena acciones de prevención. A la Corporación Autónoma Regional de Quindío y al municipio les ordenó continuar con los programas de reforestación sobre la cuenca del río Lejos. Asimismo, ordenó poner en marcha “procesos de sensibilización responsable e informar a la población sobre la amenaza que tiene el municipio”. La actualización del POT por parte del municipio también quedó ordenada dentro de la orden judicial.
Finalmente, el Tribunal Administrativo de Quindío ordenó crear una mesa técnica permanente que tendrás las facultades para comprometer administrativa, contractual y presupuestalmente a la alcaldía de Pijao, la gobernación de Quindío, la UNGRD, el ministerios de Vivienda y Ambiente, y la Procuraduría General, quienes conformaran el comité.