Jiw: un pueblo acorralado en su territorio

Para llegar a Caño La Sal hay que atravesar una carretera con miles de hectáreas de palma de aceite. / Cortesía

Los jiw tienen cada vez menos territorio. Las épocas en las que cazaban y vivían del bosque quedaron atrás. De seminómadas pasaron a sedentarios. De comer dantas, tatabros y saínos, ahora se resignaron a tener “al menos” maíz y fariña (harina de yuca). Las 3.275 hectáreas que conforman el resguardo Caño La Sal, ubicado en el municipio de Puerto Concordia, en Meta, están rodeadas de palma de aceite, ganado, coca y varios actores armados ilegales. De la selva solo queda una frágil y difusa ilusión.

“No tenemos monte para trabajar la tierra. Tampoco bosque, porque los colonos talaron los árboles y explotaron la fauna y la flora. Antes pescábamos. Ahora los blancos (o colonos) nos prohíben utilizar los ríos. La palma que está alrededor ha secado los caños y no tenemos casi agua”, se queja Hugo*, miembro del resguardo. Dice que en su territorio solo tienen 200 o 300 hectáreas para cultivar, una cifra pequeña para las más de 380 personas que viven allí.

Los jiw están inconformes, pero tienen que guardar silencio. Y no se refieren solo a la pelea con los campesinos por la tierra, o a la expansión del monocultivo de palma, o a la pérdida del bosque, sino también a la presencia de grupos al margen de la ley, como los frentes Primero y Séptimo de las disidencias de las Farc y los remanentes del paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Puntilleros.

La situación de este pueblo es clara: están en la lista de las 34 etnias en riesgo de desaparecer elaborada por la Corte Constitucional. Para Ana María Jiménez, defensora regional del Pueblo en Meta, garantizar el territorio a esta comunidad es lo único que podrá permitirles gozar de otros derechos. “El resguardo Caño La Sal está expuesto a la dinámica de actores armados y al despojo de sus derechos territoriales, lo que puede llevar a la extinción física y cultural de esta etnia. La prioridad debe ser asegurarles la tierra”, dice.

¿Palma sin dueño?

Para llegar a Caño La Sal se debe pasar por el municipio de Puerto Concordia y luego atravesar algunas veredas y caseríos. La bienvenida a este territorio la dan las miles de hectáreas de palma de aceite que se forman al lado de la carretera. La última de las plantaciones se despide justo a la entrada de la ciudadela indígena.

Los jiw y algunos líderes en Meta dicen que una parte de ese monocultivo invade su territorio. No saben con certeza cuánto es. Pese a ser un resguardo legalmente constituido, sus linderos deben ser confirmados con exactitud por la Agencia Nacional de Tierras.

“No sabemos si es una, dos o diez hectáreas, pero estamos seguros de que están en nuestros terrenos. No sabemos de quién. Hay mucha palma sin dueño. Creemos que puede ser de los paramilitares, porque cuando ellos llegaron la trajeron”, dice David*, otro indígena jiw, quien reniega porque ese monocultivo “les ha secado los caños” de donde obtienen agua: Bejuco, Cristalina, Santa Rita y Arenal, sus principales fuentes de abastecimiento junto con el río Guaviare.

David también asegura que hay campesinos y grupos armados que están acabando con el poco bosque que queda para meter palma y ganado. “El pueblo jiw quiere frutos silvestres y poder cazar. Nosotros no talamos árboles, los blancos sí, y se están llevando la madera, el cedro y el cachicamo. Queremos andar, no encontrar barreras, pero ya no hay bosque, ni animales”, explica en un castellano básico.

El municipio de Puerto Concordia tiene 2.200 hectáreas de este monocultivo registradas oficialmente en Fedepalma, la agremiación que reúne a los palmicultores legales de Colombia. Según la entidad, no es claro que haya siembra en el interior de Caño La Sal. Afirman que, al analizar imágenes satelitales e información estadística, encontraron un cultivo de 52 hectáreas contiguo al resguardo (hacia el occidente), que tiene una posible área de traslape de 0,7 hectáreas. Manifiestan que aparece otra plantación cercana, hacia el noroccidente, con un área aproximada de 481 hectáreas.

Fedepalma tiene sus cuentas claras, pero reconoce que hay serios problemas con la deforestación en el arco noroccidental de la Amazonia, más exactamente en Meta y Guaviare. “Sí ha habido algunas siembras de palma de aceite en zonas deforestadas y por ello denunciamos estas actividades ilegales ante el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría, la Policía y la Gobernación de Guaviare”. La entidad alertó de esta situación desde finales del año pasado, junto con la Federación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y el Ideam, cuando anunciaron también que se estaban implantando actividades productivas en zonas de exclusión legal, como reservas forestales, naturales e indígenas, en especial por las sabanas de La Fuga y al borde del resguardo Nukak, otro pueblo indígena en riesgo de desaparecer.

¿De quién es la palma? ¿Quién deforesta? Son preguntas que los jiw se hacen todo el tiempo, pero que no se atreven a lanzar en voz alta. Solo dicen que son los blancos, refiriéndose a cualquier persona que no es indígena.

La defensora Ana María Jiménez reconoce que hay un riesgo de que actores armados se asocien con empresas de palma y con colonos que quieren usar sus territorios para el cultivo. “Algo que tiene claro la Defensoría es que este no es un cultivo que siembre una familia campesina humilde”, dice, y recalca que personas o grupos con poder son los que están detrás de esas plantaciones.

Esta región del país, además, tiene condiciones específicas que la hacen muy apetecida para diferentes actores armados, como la fácil conexión con el centro del país y con la Amazonia colombiana. Es una especie de corredor estratégico y biológico con una débil presencia del Estado que les permite tener el control de los cultivos ilícitos y en el que se encuentran zonas de tierra sin formalización.

Muestra del interés histórico de los paramilitares en esta tierra, por ejemplo, son las 15.000 hectáreas que entregó el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, en Mapiripán, municipio vecino de Puerto Concordia. Sin embargo, según el coronel Carlos Alberto Cuéllar, comandante del Batallón de Infantería Joaquín París del Ejército Nacional, que opera en esta zona, es frecuente hacer capturas por deforestación, pero los detenidos no suelen ser las cabezas de los negocios: “Ellos dicen que les trabajan a determinadas personas, pero no es una estructura sino individuos que usan la tierra como un negocio, ya para palma, ganado o hasta madera”. Cuéllar añade que cuando se presentan esas situaciones, él hace las respectivas denuncias para que las entidades encargadas empiecen las investigaciones pertinentes.

Sin agua, sin bosque

“Sabemos de la gran cantidad de cultivos de palma, no solamente en el área perimetral del resguardo, sino en muchas veredas que tiene el municipio. Son cultivos legales que tienen un inconveniente: donde están sembrados, las fuentes hídricas se están secando. La palma absorbe mucha agua”, dice Edilberto Rincón Tovar, secretario de Gobierno de Puerto Concordia, municipio del que hace parte el resguardo Caño La Sal. “Sería necesario hacer un estudio técnico para poder establecer, a ciencia cierta, cuál es el impacto”.

Para los indígenas jiw, la prueba irrefutable de las afectaciones aparece cuando llega el verano: se quedan sin una gota de agua para sobrevivir bajo un sol que no da tregua. Los caños se secan y tienen que caminar unos 40 minutos hasta el río Guaviare. En esta época, las enfermedades asociadas al consumo del agua se disparan entre la comunidad y deben ir hasta el centro médico en Puerto Concordia.

“Este tema desborda nuestras capacidades. La Gobernación del Meta se comprometió con la construcción del acueducto, pero no hemos visto un avance. El objetivo es que tengan agua potable siempre”, dice el secretario Rincón. Asegura que cuando los indígenas se enferman, la administración municipal garantiza el servicio de salud y el hospedaje.

Fedepalma, por su parte, aclara que el acceso al agua potable es una problemática que se presenta de forma generalizada en las zonas rurales del país y que es responsabilidad exclusiva de las alcaldías. Ante las críticas, afirman que promueven una “palmicultura sostenible”, que no afecta el ambiente.

De acuerdo con Cormacarena, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena en Meta, de las 25 empresas palmeras que tienen inscritas, solo el 68 % tenía todas las licencias ambientales hasta el año pasado. Con el porcentaje restante están tratando, a través de una mesa de trabajo, que se acojan al marco legal ambiental y ejecuten proyectos productivos sostenibles.

“Ni siquiera podemos hacer artesanías para vender, ni nuestras manillas y collares para vestir, porque las hacíamos con las cortezas de algunos árboles que hoy no encontramos”, agrega David.

El impacto de este monocultivo lo comprobó la bióloga Diana Tamaris, doctora en ciencias de la Universidad Nacional. Como lo registró en su tesis doctoral, solo censó 44 especies de aves de las 414 que están identificadas en el piedemonte. El documento resalta que es probable que, por la deforestación, las aves se estén refugiando en otros lugares.

“La ausencia de aves modifica la arquitectura de los bosques y la dispersión de frutos y semillas, impidiendo que haya nuevos árboles y generando menos recursos para la explotación forestal. (...) Son cientos de hectáreas que se remueven sin cuantificar las pérdidas de biodiversidad frente a ese acelerado proceso de plantación”, explica en su estudio. Aunque reconoce la intención de los palmeros por reducir el impacto, también cree que existen propietarios que remueven hasta la vegetación de los ríos para cultivar palma africana.

* Nombres cambiados por protección de las fuentes.