A través de un decreto municipal, el alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Perdomo (conocido por haberle encomendado el municipio a Jesucristo) elaboró un plan para “erradicar la deforestación” de ese municipio.
De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el departamento de Caquetá ocupó el primer puesto en deforestación con 26.544 hectáreas de bosque talado en 2016. En cuanto a San Vicente del Caguán, solo en ese municipio se deforestaron 19.652 hectáreas, y 12.780 en los primeros tres meses de 2019. Qué está ocurriendo en San Vicente del Caguán y sus alrededores? Todo indica que es un efecto del fin del conflicto armado. Una vez comenzó la desmovilización de las Farc, que ejercían control territorial en esta área y su presencia frenaba la expansión económica, se dispararon las áreas de pastizales y la actividad ganadera, que acaparan grandes extensiones de tierra a expensas de las coberturas naturales.
De acuerdo con el decreto, se insta a los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas del municipio a sancionara las personas que incurran en el delito de “deforestación” o incedios forestales, y abstenerse de afiliarlas. Si lo hacen, se cancelará la personería jurídica de la JAC que afilie personas deforestadoras, se les dejará de rotar fondos desde la Alcaldía municipal y se le negara el estatus de vereda si así lo están solicitando.
Cabe recordar que la tala ilegal de bosques es delito en Colombia y quien sea capturado incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y 133.000 salarios mínimos. La crítica,sin embargo, es la que se repite desde que la deforestación entró a jugar un papel principal en la opinión pública: no es realmente culpa de los campesinos sino de grandes terratientes y acaparadores de tierra. De hecho, según el Ideam el acaparamiento de tierras representa el 50 o 60% de la deforestación anual.
En el el ciclo de audiencias públicas que citó el Tribunal Superior de Bogotá para conocer las razones por las que el país no ha sido capaz de detener la pérdida de bosque amazónico, se dijo que no había planes concretos aún para detener el flagelo a los bosques del país. Aunque la Corte Suprema de Justicia le ordenó hace más de un año a Presidencia dos tareas específicas para frenar la deforestación en la Amazonia, sus avances hoy son pobres. La primera de ellas era formular un plan de acción que contrarrestara el problema; la segunda, crear el Pacto Intergeneracional por la Vida. Si bien Presidencia le delegó ambas responsabilidades al Ministerio de Ambiente, no hay un adelanto sobre la creación de dicho plan, ni un interés del Gobierno de Duque por cumplir la sentencia según los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá.