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*Esta historia hace parte de Tierra de Resistentes, un proyecto periodístico colaborativo para documentar los ataques contra quienes defienden la naturaleza en América Latina.
La carretera sin pavimentar para llegar de la vereda Puerto Vega hasta la vereda Teteyé comienza a orillas del río Putumayo, en el municipio de Puerto Asís. La polvorienta carretera llega hasta la frontera con el Ecuador, y las llantas de las motos, tractomulas y camiones cargados de petróleo levantan piedras que peligrosamente se incrustan en los guardabarros, pican ojos y levantan espesas nubes cafés.
El verde de la flora amazónica desluce, cubierto de una gruesa capa de polvo. Serpenteando por la carretera hay 18 quebradas de aguas negras que desembocan en los ríos Cohembí, San Lorenzo y San Miguel, todos afluentes del Putumayo que 3.950 kilómetros más abajo lleva sus aguas al río Amazonas.
Cada tanto el paisaje cambia, y el verde se transforma en teas, chimeneas humeantes y quebradas aceitosas y negruscas en las que nadie se baña, de las que nadie bebe ya. Es raro que esto suceda en Putumayo, uno de los departamentos del país más ricos en agua, ubicado en la entrada a la Amazonia colombiana.
Al menos es así desde 2002, ya que por lo menos 16 de las 18 de las quebradas, están contaminadas con cadmio, arsénico y plomo, según la consulta científica Terrae. Desde hace 18 años, derrames de crudo y nubes de glifosato para erradicación de cultivos de coca han contaminado las aguas y el suelo que soportan la vida de los 3.000 habitantes de las 63 veredas de ese Corredor.
A lo largo del camino hay dos bases militares del Batallón de Selva No.27, tres resguardos indígenas (de los pueblos Awá y Nasa) y un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda La Carmelita –el lugar donde los antiguos guerrilleros de las FARC están haciendo, tras haber dejado las armas, su tránsito a la vida civil–.
Este ha sido el escenario de una decena de paros campesinos en oposición a la explotación petrolera, la contaminación del agua y el glifosato. También es a lo largo de este camino en donde defensores del agua han sido amedrentados, perseguidos, amenazados de muerte o simplemente ultimados a tiros. Muchos no se atreven a denunciar la contaminación del agua en el Corredor por miedo a las represalias que grupos armados y empresas petroleras con presencia en la región puedan tener contra ellos o sus familias.
La historia de sangre del Corredor les da la razón: al menos cuatro personas han sido asesinadas en los últimos 10 años –dos en enero de este año– y a la fecha hay ocho amenazados, según la Red de Derechos Humanos de Putumayo. Al recorrer las veredas, caminos y fuentes hídricas en ese corredor del Bajo Putumayo se ven las cicatrices del daño ambiental que han denunciado y que les ha costado la vida. “Aquí los amenazados por defender el agua y la tierra somos todos. Quieren exterminarnos, que no estorbemos", dice una mujer que nos hace prometer no revelar su identidad. Como ella otras once personas consultadas prefirieron hablar en el anonimato.
Ninguna denuncia tiene rostro, porque quien lo ponga, pierde. Tal es la sombra que se cierne sobre los defensores del ambiente en Puerto Vega-Teteyé. Pero que sean anónimos no les hace pasivos. En 2002 Ecopetrol instaló su operación en lo que hoy son 36 pozos petroleros activos, que pertenecieron al consorcio Colombia Energy y a la operadora Vetra, y que en 2016 (y hasta hoy) pasaron a manos de la empresa canadiense Gran Tierra Energy. Y durante todos estos años, los campesinos de Puerto Vega-Teteyé se han parado, literalmente, en contra de la actividad petrolera.
Los muertos que pusieron los campesinos
La historia de Luis Melo la recuerdan muchos, pero pocos la comentan porque su muerte marca el inicio de una serie de amenazas y asesinatos a defensores del agua.
Melo era el presidente de la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo (Acsomayo), y fue de los primeros en advertir en 2005 que el Consorcio Colombia Energy, en ese entonces dueño de ocho pozos, no había realizado consulta previa con los indígenas de la zona. Asumió la vocería de las 63 veredas, dos resguardos y cinco cabildos de la zona y fue uno de los que lideró las conversaciones con la empresa. Su petición era detener la explotación de los pozos.
Fue bajado del vehículo del servicio público en el que se movilizaba el 1 de diciembre de 2005, a las 3:30 p.m., por un grupo de “civiles” armados, aparentemente paramilitares, en un paraje a cinco minutos del casco urbano de Puerto Asís. Su cuerpo fue encontrado en el basurero municipal cuatro días después.
Esa fue la primera y más dramática advertencia para las comunidades de Puerto Vega-Teteyé. Cuatro personas del corredor dicen que “lo mataron por joder con lo del petróleo”. Cuando las mujeres de su familia salieron a recoger su cuerpo a Puerto Asís, los paramilitares no las dejaron. Les dijeron que ellos mismos lo llevaban. Lo entregaron vestido y en un ataúd. Dijeron que lo respetaban porque era muy buen dirigente, pero que ahí se lo entregaban por andar metiéndose donde no le tocaba, cuenta una de sus mejores amigas y quien también ha vivido amenazas en carne propia.
“Ya no tenemos confianza para bañarnos y tomar agua, y la escasez. Nos afectó la contaminación porque vinieron a montar la maquinaria para la explotación. Eso bota unos gases, tienen válvulas que cuando hay un escape ya no es lo mismo porque uno no puede dormir por el olor”. Lideresa ambiental amenazada en diciembre de 2019. Créditos: Andrés Gutiérrez Cianci
De Melo no hay fotos, su familia salió de la zona y no hay conmemoraciones. Poco queda de su recuerdo. Después del episodio, los defensores del agua tuvieron que callar. Desde el 15 de septiembre de 2006, según testimonios de pobladores, aproximadamente 10 hombres, con armas cortas y largas, que vestían de civil, se establecieron en el caserío de Puerto Vega. Estas personas fueron reconocidas por la población como antiguos paramilitares del comando urbano de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Puerto Asís, según las reseñas de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Cuentan que ese grupo de hombres tenían residencia en una casa a tres kilómetros del Puerto Vega, permanecían armados, patrullaban la zona y obligaban bajo amenaza a los transportadores públicos para que los movilizaran en la región.
Entre 2006 y 2011, campesinos e indígenas asociados a Acsomayo hicieron siete paros para evitar que las tractomulas cargadas de petróleo llegaran hasta Puerto Vega. Todos acabaron con motos quemadas e intervenciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad), pero nunca llegaron a ningún diálogo. La situación cambió en 2011, cuando campesinos, indígenas y afros se declararon en asamblea permanente y detuvieron el tráfico del corredor, a la altura de la vereda Santa María, del 24 al 29 de noviembre.
Estos años fueron decisivos: en 2010, el Ministerio de Ambiente había ampliado la licencia ambiental a Consorcio Colombia Energy para permitirles explotar aún más crudo y, sin embargo, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fue creada, en 2011, abrió un proceso sancionatorio contra Vetra por contaminación a los recursos hídricos. En 2012, sin embargo, amplió la licencia para perforar otros 39 pozos de explotación. Un año más tarde inició otra investigación por incumplimientos en el plan de manejo ambiental y, sin embargo, en marzo 2014 volvió a extender la licencia para la apertura de 100 pozos más.
Los líderes de la región han visto como los caños de los que antes bebían se han contaminado con el paso de los años por cuenta de derrames por terceros y operaciones. Video: Andrés Gutiérrez Cianci.
Los líderes que recuerdan
Tal vez el único recuerdo físico de los líderes que han sido asesinados es la placa conmemorativa instalada a dos kilómetros más adelante de la vereda La Carmelita, justo en la entrada al cabildo indígena Kinancha. Ya no hay flores, pero sí ringletes que se mecen con el viento. El escrito es un homenaje a quienes participaron en el paro cívico, llevado a cabo desde el 10 de julio hasta el 14 de septiembre del 2014, que terminó con la muerte del líder Arnoldo Muñoz.
“La placa nos recuerda la situación que hemos vivido con las luchas. Es algo muy peligroso para nuestras vidas, pero también nos inspira para seguir adelante”, dice un motero que no es líder, pero que, como el resto de personas que dieron testimonios para este artículo periodístico, prefiere que su nombre se mantenga en reserva por considerar que la tensión en la zona los pone en alto riesgo.
Esta es la placa que rememora la lucha de Arnoldo Muñoz, Luis Melo y el resto de líderes asesinados. / Cortesía Red de Derechos Humanos del Putumayo.
Las polémicas y los choques entre comunidades y organizaciones son de antes y después de la muerte de Arnoldo. Por eso, la placa comienza: "Las comunidades del corredor Puerto Vega-Teteye, Sincafromayo, resguardo nasa, kiwnas cxchab y Asomayo rinden homenaje póstumo a las compañeras y compañeros que han ofrecido su vida a lo largo de la historia en defensa de nuestros territorios, con abnegación, lealtad, valor, sacrificio y lucha".
Con Arnoldo participaban cerca de 400 campesinos de 27 comunidades. Protestaban cerca de la sede de la empresa Vetra, operadora del Consorcio Colombia Energy. Exigían soluciones ante lo que denominaron crisis social por la ampliación de la licencia ambiental que le permitía al Consorcio Colombia Energy aumentar operaciones en 12.796 hectáreas del corredor y en 100 pozos más.
Para ese entonces, más de 20 nacimientos de agua estaban secos o contaminados con crudo, según la Comisión Minero-energética de la Mesa Regional de Putumayo, un espacio de diálogo de sociedad civil y gobierno que nació como un diálogo para darle fin al paro campesino, pero que se mantuvo vigente otros cinco años más. Para ese entonces, en el corredor Puerto Vega- Teteyé había 32 pozos petroleros en 13 veredas y 1.200 familias no tenían agua potable.
En la zona se desarrolla el proyecto petrolero de los campos Quinde, Cohembí y Quillacinga, que impacta los corregimientos de Puerto Vega y Teteyé con las veredas Los Ángeles, Buenos Aires, Montañitas, Cristales, Nuevo Porvenir, La Cabaña, La Carmelita, Campo Alegre, La Manuela, Santa María Medio y Remolino, así como el barrio Acevedo todo en jurisdicción de Puerto Asís.
De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, los enfrentamientos con el Esmad y la Policía que tuvieron lugar en el resguardo nasa Alto Lorenzo en 2014 dejaron un mínimo de 48 heridos. El 14 de septiembre, tras 74 días de paro, mientras campesinos y el Esmad se enfrentaban con caucheras y armas menos letales, una aturdidora lanzada por un policía antimotines alcanzó el lado derecho de la cabeza de Arnoldo. Vestía una camiseta con una frase atribuida a Simón Bolívar estampada: “Hacemos lo imposible porque de lo posible se encargan los demás”. Aunque fue trasladado al Hospital Cotocollao en Quito (Ecuador), Muñoz, de 29 años, murió con ese deseo en el pecho.
“Después de lo del compañero Luis Melo fue todo muy difícil. Yo comencé a volver a hablar por ahí en 2013 de esto, y cuando mataron a Arnoldo quise volver a callarme. Había mucho miedo. Cuando empecé a exigir que no se contaminaran más las aguas, recibí amenazas, primero sutiles y luego muy directas", dice una de las mejores amigas del difunto Melo, que también fue amenazada, mientras verifica como un carrotanque llena de agua dos canecas de 500 litros ubicadas en el patio de su casa. “Recibía llamadas raras en donde me colgaban apenas levantaba el teléfono. Luego abrí un negocito y me enteré de que a los transportadores les tenían prohibido comer aquí, y mantenía solo. Luego me pusieron un carro para que me tomara fotos creyendo que yo era boba o que no me daba cuenta”.
A pesar de las amenazas, los paros continúan. El pasado 8 de enero, cerca de 100 pobladores de la vereda El Cristal decidieron hacer un Paro por el Agua, o en sus palabras, un “confinamiento”, dado que el carrotanque de Gran Tierra Energy que les lleva agua potable a las veredas del Corredor no pasaba y se quedaron sin el recurso.
Una de sus organizadoras, una mujer menuda y de voz dulce, ha sido amenazada en más de una ocasión, antes y después del paro de enero. Hombres en moto se han presentado en su casa a altas horas de la madrugada. Ella nunca abre la puerta y ellos, aparentemente, nunca esperan que lo haga. Es solo una manera de amedrentarla.
“Estábamos sin cómo cocinar, lavar. En todas las casas se agotó el agua, que es la vida de todos, personas y animales. Se llamó a la empresa, a una vecina para que avisara, y no nos mandaban. Decían que era festivo, que no había quien la trajera. Entonces la gente dijo que tocaba hacer confinamientos, ya no podíamos resistir y con este verano. Eso era algo pacífico”, dice la líder campesina que vive en la vereda El Cristal. Es, entre otras, una de las mujeres que lideró el paro por el agua de enero.
Hace una pausa y sigue: "Cuando vieron el confinamiento llamaron al diálogo, nos llamó el secretario de Gobierno, nos dijo que alzáramos eso, que eso era un delito, como a atemorizarnos, que iba a mandar el cordón de seguridad. Le respondimos que nosotros estábamos enseñados a confrontarnos con ellos, que los mandara, porque lo que estamos pidiendo es agua”.
Otra lideresa, quien es representante campesina en Puerto Asís y que salió de Puerto Vega Teteyé por amenazas hace unos años, complementa que “las empresas petroleras nos están perjudicando. Por ejemplo, del río Piñuña Blanco, que desemboca en el río Putumayo, ya no se puede consumir agua. Esto es por esas petroleras y la minería, ya en vez de agua hay barro. Pero de esas empresas sí no dicen nada, entonces quién nos va a dejar sin agua. No es por el talco, por las regatas o la celebración del 28 de noviembre. Hasta el 2015 el agua de ese río aún era clara, ahora es turbia. Los pescados se mueren con esa contaminación”.
Algunos pobladores de la región recuerdan a los líderes ambientales que fueron asesinados en defensa del agua. Estos crímenes continúan impunes. Video. Andrés Gutiérrez Cianci.
Una solución desde la Corte Suprema
A pesar de los paros y los asesinatos, para la gente de la región hay un solo hito de triunfo, al menos en materia legal. Tras decenas de movilizaciones y cinco años después de comenzar la explotación en la zona de influencia de resguardos indígenas sin consulta previa, a las comunidades les llegó un triunfo inesperado: la Corte Suprema de Justicia falló una histórica tutela a su favor en 2016 y ordenó proteger los derechos a la consulta previa, contradiciendo al Ministerio del Interior que había certificado que no había indígenas en la zona de influencia, al ambiente sano y al agua potable de campesinos e indígenas de Puerto Vega-Teteyé.
Pero para llegar hasta un fallo judicial tuvo que correr sangre en el corredor. Las amenazas, asesinatos y desplazamientos no cesaron. “Estuve dos años fuera de mi vereda por intimidaciones", dice un líder que regresó a la zona y quien también prefiere que no se publique su nombre. "En los primeros 30 días del año ya han matado a dos defensores del agua y a seis habitantes del corredor”.
En 2016, los representantes de nueve comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de las veredas Buenos Aires, La Montañita, Teteyé, El Diamante, Guayabal, Campo Alegre y La Gotera presentaron una tutela argumentando que su derecho fundamental al agua estaba siendo vulnerado y que son víctimas de “impactos negativos producto de la actividad petrolera”. En particular responsabilizaban a las “actividades de perforación y explotación realizadas por el Consorcio Colombia Energy Vetra Exploración y Producción Colombia S.A”.
En ella nombraron responsables al Ministerio de Ambiente, al consorcio, a la petrolera estatal Ecopetrol, a la autoridad ambiental regional Corpoamazonía, a la ANLA, a la Alcaldía de Puerto Asís y a la Gobernación de Putumayo, haciéndola extensiva al Ministerio de Vivienda, a la E.P.S. Indígena Mallamas, a la I.P.S. Hospital Local de Puerto Asís, al Comité de Gestión de Riesgos y Emergencias de la misma ciudad y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de la contaminación cerca de en las áreas de interés de los pocos Quinde, Cohembí y Quillacinga, especialmente, en los caños y quebradas afluentes del río San Miguel, caños El Diamante, Mochilero y Buenos Aires.
“Las perforaciones y explotaciones dentro del territorio han afectado “(…) las fuentes hídricas de los ríos, caños, quebradas, y el ecosistema (…)”, por no aplicar un plan de manejo ambiental, pues tales actividades han causado “(…) exceso de polución, ruido y vertimiento de toda clase de agentes contaminantes (...)”, escribieron los tutelantes.
Según el expediente que entregaron a la Corte, por fallas operacionales de octubre de 2014 y luego mayo, junio y octubre de 2015, las fuentes hídricas de los pobladores de las veredas Agua Blanca, Buenos Aires, Montañita y Los Cristales fueron afectadas. Y aunque los comités de gestión del riesgo de Putumayo suministraron agua potable en tanques, las comunidades denunciaron que las autoridades municipales nunca atendieron la emergencia, y que los acuerdos a los que llegaron con la empresa no se estaban cumpliendo.
El Consorcio Colombia Energy se ha comprometido con la comunidad y las autoridades comunales a varias cosas: a descontaminar los caños y cuerpos de agua; a suministrar agua potable para el consumo humano; a hacer trabajos técnicos industriales de mitigación del impacto ambiental generado por los derrames de crudo; y a contratar personas del Corredor Puerto Vega – Teteyé para dichas labores. No obstante, tales compromisos en su mayoría “están incumplidos”, según la Corte: el suministro “de agua potable transportada en carro tanques a dichas veredas, la cual no ha tenido un manejo adecuado, pues se ha comprobado públicamente que “les llega contaminada”.
Por solicitud de la Corte Suprema, Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S explicó que solo captaba agua de las quebradas El Diamante, Agua Blanca, Río Cohembí y Río Putumayo –para lo que tiene licencia– y dijo que los derrames de petróleo que fueron causados por el vuelco de tractomulas a los cuerpos de agua se habían contenido. Agregó que desde 2011 no se realizan vertimientos a ningún cuerpo de agua superficial.
Con respecto al agua potable con la que debía abastecer a la comunidad, dijo que la entregó hasta 2015; “sin embargo, estas tareas se suspendieron en la medida en que acontecieron eventos “tales como: bloqueos, intimidación por parte de grupos armados, y negativa de algunos miembros de la comunidad como se evidencia en las diferentes comunicaciones enviadas a Corpoamazonía”.
Varios de los habitantes incluyeron sus historias clínicas como prueba de que la contaminación estaba afectando su salud. Uno de ellos, Gerardo Estrada, desarrolló un cáncer de estómago “por la falta de un sistema de acueducto y alcantarillado adecuado” y murió antes de que la tutela viera luz. Otro habitante dijo que su esposa, que sufría de un cáncer de cuello uterino, murió en 2014 cuando se agravó su condición por falta de agua potable. Otro padre de familia adjuntó la historia clínica de sus dos hijos, que sufrían de afecciones estomacales y que según su historial médico de la EPS que compartieron con la Corte Suprema de Justicia, estaban relacionadas con la ingesta de agua contaminada.
Testimonios consignados en la Sentencia 7360 de 2016, de la Corte Suprema de Justicia ( Colombia). Los nombres fueron borrados.
La ANLA argumentó que los accionantes no habían aportado prueba de la contaminación. “Se trata de una simple apreciación de los tutelantes, sin certeza plena de los factores reales de una posible contaminación de los caños y quebradas afluentes del río San Miguel, Caño Diamante, Caño Mochilero, Caño Buenos Aires, quebrada la Amarilla y Quebrada Montañita”, indicó en su comunicación a la Corte
Tras una inspección ocular, en junio de ese 2016, la Corte Suprema determinó que “los derrames producidos en septiembre de 2013, octubre de 2014 y mayo de 2015 contaminaron las fuentes, por cuanto la empresa demoró la implementación del plan de contingencia, permitiendo que el derrame se extendiera sobre sus terrenos y los caños. Los accionantes se han visto afectados en su salud por los contaminantes químicos derramados, existiendo alergias, infecciones, cáncer de esófago, y niños enfermos. El ruido también los ha afectado ya que por la carretera pasan tracto camiones que transportan el crudo y las aguas industriales”. Entre otras, y tal vez por un golpe de suerte, los representantes de la Corte visitaron los caños en verano, cuando el caudal baja y es posible ver manchas de crudo asomar entre el lodo con mayor claridad.
Ese año, Postobón S.A. les repartió cinco botellones de agua por familia y la ONG francesa Acción contra el Hambre les adecuó tanques en cada inmueble y para cada familia a fin de proveerse del agua de lluvia, pero ante la sequía que duro dos meses, se vieron obligados a utilizar el agua de los caños.
“Teníamos coca, no le miento, pero éramos bacanos. De los caños sacábamos mojarrita y sardinas, dentones, sardinas, guarajas. Los han vuelto a ver, pero muertos”. Líder ambiental amenazado en diciembre de 2019./ Andrés Gutiérrez Cianci.
La Corte Suprema de Justicia les dio la razón a los indígenas, campesinos y afros, obligando al Consorcio Colombia Energy Vetra Exploración y Producción Colombia S.A a proveer de agua potable a esas veredas y a descontaminar esos caños, sin importar si la contaminación haya sido provocada por terceros.
“Yo soy campesino, yo no estoy enseñado a tomar de botellas y toneles como los que hay ahora en cada casa. Yo tomaba el agüita de los cañitos, y ahora, le digo la verdad, me da miedo, pero toca. Cuando no hay agua, toca. La tutela fue importante, pero a pesar de ella nadie nos ha resuelto el problema”, dice un veterano líder que vive en Putumayo desde que tenía cinco años y que fue desplazado de la zona, al hablar sobre la tutela.
La contaminación por terceros
Aunque Gran Tierra Energy llegó hace solo dos años al corredor Puerto Vega-Teteyé, la explotación petrolera en Putumayo es de vieja data. La actividad extractiva se remonta a la primera mitad del siglo XX, cuando la empresa estadounidense Texas Petroleum Company (TPC) inició exploración en 1942 y ya en 1963 explotó el primer pozo, cerca del río Orito, según el portal Crudo Transparente.
Desde los sesenta comenzaron los primeros conflictos entre petroleras y comunidades locales del Putumayo. La comunidad campesina que habitaba la zona en ese momento advirtió que la compañía presionaba a las autoridades encargadas de adjudicar la propiedad para que entorpeciera los procesos judiciales de pequeños propietarios de fincas ubicadas justo donde hoy están los pozos. Quienes mantenían relaciones laborales con TPC criticaban las condiciones laborales y aquellos inconformes que fueron desvinculados terminaron por engordar las filas de la mano de obra para los cultivos de coca que han estado presentes en las últimas cinco décadas en el municipio de Puerto Asís.
A la par que el petróleo se convertía en la economía de la región, continuaban las fumigaciones masivas a cultivos de hoja de coca, las incursiones de grupos paramilitares, el inicio del Plan Colombia en el año 2000, la implementación de la Política de Seguridad Democrática desde el 2002 hasta la declaración del departamento como Distrito Especial Minero en 2011, los asesinatos y los desplazamientos. Las once fuentes consultadas en terreno para este artículo coinciden en que los amedrentamientos que comenzaron en 2002 se han agravado.
En el 2007, la canadiense Gran Tierra Energy, hoy dueña de los pozos del Corredor Puerto Vega Teteyé, extraía 23.920 barriles en otros puntos de Putumayo. Para el 2013 su producción neta había alcanzado los 36.770 barriles diarios, según Crudo Transparente, una iniciativa de la sociedad civil para hacer veeduría al sector de hidrocarburos.
“De que hay contaminación, la hay”
En las últimas dos décadas Putumayo ha convivido con los derrames de crudo y los ataques a la infraestructura petrolera, a pesar de la presencia de dos bases militares en el corredor. El 15 de julio de 2014 cinco hombres armados, que adujeron pertenecer al Frente 48 de la entonces guerrilla de las Farc, interceptaron cuatro tractomulas cargadas de petróleo y las obligaron a derramar toda su carga entre los municipios de Puerto Asís y Orito.
Quince días antes de ese incidente, diecinueve tractomulas habían sido detenidas por hombres armados que virtieron 5.090 barriles de crudo al suelo y al agua. Casi un año después, el 8 de junio del 2015, presuntos miembros de las antiguas Farc detuvieron a punta de pistola una caravana de 23 carrotanques en el corredor Puerto Vega–Teteyé, a la altura de la vereda La Cabaña, y obligaron a los conductores a abrir las válvulas de 19 vehículos y derramar el crudo. Unos 200.000 galones de combustible se derramaron ese día, afectando a cerca de 150 familias, según la Secretaría de Gobierno de Puerto Asís. El petróleo corrió entre dos y tres kilómetros río abajo.
Pero hay una parte de la historia de contaminación en la región que no está tan clara. Muchos habitantes de este corredor creen que no solo los derrames de crudo causados por la guerrilla han contaminado sus aguas. “Nosotros hemos documentado varias fallas operacionales de la empresa. A nosotros nos han contratado porque deben dar trabajo y a nosotros los mismos operadores nos van reportando los daños”, dice un campesino que fue amenazado el 28 de enero de este año, entre otras, por documentar las fallas operaciones de Vetra, y hoy de Gran Tierra Energy, que han resultado en derrames en los caños.
En los pozos Quillacinga y Curiquinga hubo por lo menos un derrame anual en 2005, 2006, 2010 y 2011 según el campesino, que conoce de primera mano la contaminación, en particular la del caño Buenos Aires, por haber trabajado para cada una de las compañías petroleras. “En muchos casos los operadores dejan de mirar los tanques y se rebosan y así sea solo una hora, en esa hora botan entre 500 y 1.000 barriles de petróleo al agua que esté cerca. Otras veces se apaga la tea y cuando deja de echar candela comienza a regar petróleo y queda todo untado, el suelo, el agua, todo. En Piñuña 5, en 2012, se rompió una llave en la plataforma y todo el crudo cayó al caño El Resguardo y al Caño El Diamante. En 2014 se rompió otra llave en la vereda Buenos Aires y botó crudo tres horas en el caño El Mochilero”.
2015 fue el año más grave en cuanto a fallas operacionales. El 30 de septiembre se rompió un tubo de propiedad del Consorcio Colombia Energy y de Vetra que venía del pozo Piñuña 5, a la altura de la vereda Buenos Aires, contaminando de petróleo el caño El Mochilero, que desemboca en el río San Miguel, según un informe del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Una mancha de petróleo cerca de pozo Piñuña, en la vereda Buenos Aires. La comunidad asegura que los residuos fueron tirados allí en el 2002./ Andrés Gutiérrez Cianci
Unas 60 familias se quedaron sin agua para el consumo y los predios de otras cinco quedaron prácticamente sepultados bajo la brea negra, la mayoría en la vereda Buenos Aires. Un mes después del derrame comenzaron las lluvias, que repartieron el crudo por otros caños que antes no estaban contaminados. Justo en esa vereda está la escuela.
Es difícil tratar de establecer qué tanto del crudo que se regó es por causa de “terceros” y qué tanto han sido fallas operacionales. Sin embargo, unas 17 mil hectáreas en la zona han sido afectadas por derrames de crudo en los últimos diez años, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Según el expediente de la ANLA, las empresas que han sido dueñas y operarias del petróleo en la zona han reportado seis derrames operacionales desde 2008 hasta 2020. En 2008, Ecopetrol reportó el derrame de 22 barriles en el kilómetro 37. “La empresa indica que se activó el plan de contingencia para evitar que la comunidad tomara agua de la quebrada”, reza el expediente.
Vetra reportó las otras cinco: dos 2010, una en 2011, y otra en 2017, todas en el Campo Quillacinga, afectando el lecho de los ríos San Miguel y en la quebrada Buenos Aires, y aunque el plan de contención depende de la emergencia, la mayoría consistieron en cerrar las válvulas que bombean crudo hacia tanques de contención, se recoge el crudo en cunetas de contención, se limpia el cuerpo de agua –no especifican cómo– y se hacen monitoreos fisicoquímicos. Todos los reportes suman 40 barriles de petróleo. En cuanto a derrames por “terceros”, las empresas reportaron cuatro casos.
Las manchas de crudo en los caños cercanos aún son visibles por el camino, algunas de ellas están rodeadas por letreros de alerta de minas antipersonal. Nadie puede acercarse ni a verlas, mucho menos aventurarse a limpiarlas. Incluso, a finales de enero de este año la vaca de un campesino cayó justo en una mancha de unos tres metros cuadrados que está a la altura de la vereda Buenos Aires y se necesitaron seis hombres para desenterrarla y limpiarla.
Tardaron tres horas en poderlas sacar. De estos animales depende la economía de algunos pequeños productores de leche o carne./ Cortesía
El agua no volverá a ser la misma
Para darle punto final al Paro por el Agua de 2014, el Gobierno y la Mesa de Organizaciones Sociales del Putumayo establecieron un espacio de concertación alrededor de temas como los programas de sustitución de coca, los derechos humanos y la problemática minero-energética en la región. Parte del acuerdo fue contratar un estudio independiente a especialistas escogidos por las comunidades y financiado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para hacer frente a un viejo estudio que de una otra manera aligeraba la carga de responsabilidad de las empresas.
Según un estudio de la Comisión de Revisión Socio Ambiental y Jurídica de la resolución N° 1930 de 2010 realizado por la ANH y el Ministerio de Ambiente, “en los casos en los que los resultados de las mediciones estén por encima de los rangos que establece la norma, no es posible establecer con grado de certeza una relación directa con las actividades hidrocarburíferas, debido a que existen en la zona causas de origen antrópico o natural que pueden aportar el cambio de estos elementos”. En resumen, el estudio indica que no es posible determinar si la presencia de cadmio, arsénico y plomo en el agua responde a la actividad industrial.
La quebrada Aguas Claras, localizada en la vereda Cristal, está contaminada con crudo gracias al derrame de un carrotanque provocado por un ataque guerrillero, en 2014. Aquí la comunidad adelanta labores de descontaminación. Video: Andrés Gutiérrez Cianci
Pero otro estudio mostró la otra cara de la historia. La conclusión que los geólogos de la consultora científica Terrae, que contrató la comunidad para hacer estudios alternativos en 2015 fue clara: hay cadmio, arsénico y plomo en 16 de 18 quebradas. Los geólogos independientes tomaron 32 muestras de agua en distintos puntos del Corredor Puerto Vega-Teteyé y analizaron los documentos del proceso de licenciamiento ambiental. También allí había señales claras de contaminación de las fuentes hídricas.
A su criterio, los estudios previos a la licencia ambiental de Vetra carecían de “rigor técnico en geología, geomorfología, geotecnia, hidrogeología y sismicidad. También hubo deficiencias en la recolección de información básica necesaria para definir una línea base ambiental”. “Desde el primer estudio de impacto ambiental se advirtió que existía en la zona un conflicto armado. De hecho, este fue un argumento para no presentar una información más robusta de línea base ambiental”, dice el geólogo Julio Fierro, líder de Terrae, exfuncionario de la Contraloría General en temas de minería y principal autor del informe de las comunidades.
Pero el análisis del agua del río San Miguel y la quebrada Agua Blanca, en la frontera con Ecuador, arrojaron fenoles de 323 mg/L, cuando el límite legal es 0.2mg/L. Incluso el aljibe de la escuela El Porvenir superaba las concentraciones de arsénico en cuatro veces el máximo legal permitido. El estudio menciona también que las aguas subterráneas solo se han monitoreado desde el segundo semestre de 2013 y únicamente para el campo Quinde.
“Respecto al agua para consumo humano, los fenoles han sobrepasado la norma entre cien y doscientas veces. Y el plomo y el cadmio, hasta diez veces. Los ríos y lagunas tampoco escapan de la contaminación ambiental relacionada con el proyecto petrolero, encontrando concentraciones elevadas con el mismo orden de magnitud de los aljibes tanto para fenoles, cloruros, cadmio, plomo y grasas y aceites”, se lee en el informe.
Parte de las labores de descontaminación consisten en llevar el lodo contaminado del fondo de los ríos y caños a estas “piscinas” hechas con polisombras, o encostalados y dejados a la vera de la carretera./ Andrés Gutiérrez Cianci
Según un derecho de petición respondido por la ANLA, la entidad tenía conocimiento por lo menos desde 2014 que la empresa incumplía los parámetros de niveles grasas, aceites, sólidos y cloruros en el río San Miguel, gracias a informes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
También, en 2014, después de ampliar la licencia ambiental a Vetra, la ANLA había advertido que en el punto de captación de la Quebrada Campo Alegre se sobrepasaban los límites permisibles de contaminación, pero solo hasta enero de 2019 le ordenó a la empresa que hiciera “una delimitación de áreas afectadas, búsqueda de remanente de hidrocarburos a través de inspecciones de áreas afectadas, remoción de material vegetal contaminado, creación de zanjas en forma de espina de pescado para canalización de áreas a intervenir, limpieza de borde de los cuerpos de agua, lavado de superficie y fondo de cuerpos de agua intervenidos, retiro de lodos y sedimentos, acumulados en los filtros instalados e instalación de piezómetros para verificación de crudo infiltrado”.
En el extenso expediente de la ANLA sobre las licencias ambientales de Gran Tierra Energy -y antes del Consorcio Colombia- muestra que las empresas han sido muy puntuales en entregar los informes semestrales a esa autoridad, y las acciones de la entidad se limitaron a las de monitoreo. En cumplimiento a la orden de la Corte, la ANLA dijo que ha realizado 12 visitas técnicas “a partir de los avances de la limpieza realizada por la empresa”, en este caso Gran Tierra Energy. A la fecha no hay sanciones económicas contra esta u otra empresa a raíz de estas investigaciones.
“A la fecha se han realizados 12 Comités de verificación en los cuales la ANLA ha participado y a partir de los cuales se pueden examinar los avances de la limpieza realizada por la empresa”, respondió la autoridad en licenciamiento. De acuerdo con un comunicado enviado por la empresa Gran Tierra Energy, a la fecha se han encargado de limpiar 21.83 hectáreas, pero por problemas de seguridad y por la contingencia del coronavirus, debieron frenar esas operaciones. También agregaron que han realizado más de 100 reuniones con la comunidad, que han contratado a más de 300 habitantes de Puerto Vega Teteyé, y que están apoyando las labores de desminado humanitario en la región.
"Entre 2003-2018 nueve ataques ilegales, perpetrados por grupos armados ilegales, ocasionaron derrames de petróleo dentro del corredor Puerto Vega – Teteyé y Campo Alegre- El Tigre. Las actividades de limpieza que Gran Tierra ha estado llevando a cabo se encuentran en el corredor Puerto Vega – Teteyé. Las zonas afectadas en el corredor Campo Alegre-El Tigre fueron limpiadas por el anterior operador del Bloque y se completó en diciembre de 2018. Gran Tierra asumió la operación del Bloque Suroriente a partir de marzo de 2019 y heredó las medidas preventivas de la medida cautelar impartida por el Tribunal Administrativo de Nariño sobre el corredor Puerto Vega – Teteyé", asegura la empresa.
También agregó que no ha sido notificada sobre ataques a líderes ambientales en la región. "Rechazamos el uso de cualquier tipo de violencia contra líderes sociales, ambientales o políticos en Putumayo o en cualquier otro lugar de Colombia".
“Antes de 2002 veíamos tigres, venados, ardillas, guaras, tintines, ya no se ven. Ardillas, picones, pavas, paujiles babillas, ventones. Y en los ríos ahora apenas se sacan mojarritas y sardinas, pero los peces de abajo como los bagres ya no salen. Las cuchillas que son como culebras salen muertas, los dentones, las guarajas también. Todo se murió”, dice uno de los líderes que amenazaron a principio de año.
Hay una razón por la cual este campesino y líder ambiental ha podido documentar con tanto juicio las fallas operacionales: Jairo y otros ocho de los once líderes consultados son operarios de Gran Tierra. “Es lo único que queda en empleo por acá”.
También segura que hay muchas más fallas operacionales que derrames provocados por cualquier guerrilla, y a pesar de su trabajo de documentación, dice no poder compartir fotos ni videos: “Se me dañó la batería del computador donde está guardado todo”.
Para varios expertos, diferenciar qué tanto de la contaminación hídrica es culpa de derramamientos de crudo por parte de “terceros” como la guerrilla y cuánta es por fallas operacionales es prácticamente imposible, o por lo menos muy costoso de determinar.
Algunos creen que otros factores pudieron también aportar a esa contaminación. “El Putumayo, como una zona cocalera, tuvo periodos en los que la aspersión aérea con glifosato fue frecuente, cada cinco meses, más o menos el mismo ciclo de crecimiento de la coca. Como la mayoría de pesticidas, su base es el petróleo y tiene sus mismos componentes, por lo que a la contaminación de derrames de crudo, súmele la del glifosato. Analizar qué tanto responde a qué evento es un imposible”, dice Santiago Duque, director del Laboratorio de Aguas de la Universidad Nacional en Leticia, y quien lideró la caracterización morfológica de suelos y aguas para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), en 2011.
“Estamos haciendo una limpieza, pero no estamos echando químicos, estamos sacando madera, haciendo desbroces (significa quitar monte de las orillas). Eso es para uno poder caminar y evitar accidentes cuando hace el hidrolavado. Usamos jabón en polvo de lavar ropa, pero ese jabón no mata los pescados, no se echa mucho. Se echa y se ponen unas barreras, el jabón lava y dispersa, una cápsula recoge el crudo”, dice la lideresa que organizó el Paro por el Agua de principios de año, y que lidera también la descontaminación de los caños.
Los muertos de hoy
El 18 de enero de este año, el líder e integrante de Sindicato de Trabajadores Campesinos Fronterizos del Putumayo (Sintcafromayo), Yordan Tovar, fue asesinado a balazos a las siete y media de la noche, mientras departía en un bar frente a la sede del sindicato, en la vereda Teteyé. Yovar no tenía amenazas ni enemigos, pero según un líder de la región que se vio obligado a desplazarse durante cinco años para proteger su vida, era indiscutiblemente un defensor del agua.
“Él participaba mucho en las reuniones con la petrolera y claro que era un líder ambiental. Fue muy activo en el paro por el agua de 2014 e insistía mucho. ¿A qué hora irán a venir por nosotros? Me tiemblan las piernas”, dijo un miembro de la Red de Derechos Humanos de Putumayo que vive en Mocoa, después de compartir la noticia con este equipo periodístico vía whatsapp.
Y el 28 de enero, apenas diez días después, a las 6 de la madrugada, fue asesinado Bayron Rueda Ruiz, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda “La 18” y habitante de la vereda El Azul, en el corredor Puerto Vega-Teteyé. Aunque aún no son claros los motivos de su asesinato, se sabe que Bayron vivía en la margen derecha del río San Miguel y que esa mañana, cuando salía a labrar la tierra, fue ultimado a balazos. A estos dos asesinatos se le suma el de un ciudadano ecuatoriano sin identificar, también en la vereda La Azul.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en septiembre de 2019 sobre la compleja situación que se vive en Puerto Asís por cuenta de la disputa territorial entre disidentes de los Frentes 1°y 48 de las FARC, y el endurecimiento de los controles sobre la vida comunitaria “como estrategia y mecanismo de presión y control poblacional en el ingreso y salida de los habitantes de la zona, aspecto que ha afectado el desarrollo de sus actividades cotidianas y el ejercicio de otros derechos”. La misma entidad emitió un informe de riesgo en 2016 y otra alerta temprana en 2018 con un contenido similar a la del año pasado, además de pronunciarse tres veces en consejos de seguridad en el departamento de Putumayo.
En esta zona del Bajo Putumayo pululan los líderes comunales. En algún momento han luchado contra la erradicación de coca con glifosato, contra la explotación petrolera. "También lo han hecho por los intereses del sector agropecuario. Es más aquí comenzaron los paros agrarios nacionales", de acuerdo con una representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC".
Además en diversos momentos han confluido guerrilla, Farc, paramilitares, bloque Sur; narcotraficantes, cártel de Medellin y actualmente cultivos de coca, y delincuencia común. Por eso, es complicado determinar de dónde vienen las balas y las amenazas, de las que hablan en ese territorio.
Defender el agua en este corredor es sentencia de muerte. El corredor La Vega-Teteyé, en Puerto Asís, es otro extremo de Colombia donde predominan la riqueza natural y el verde de sus campos, que en otro tiempo eran adornados por ríos cristalinos. Allí, lamentablemente, también se escuchan clamores que encierran historias como la anterior. "Esto nos pasa por haber nacido en el campo", lamenta una mujer de la vereda La Carmelita.