El dilema de los hidrocarburos
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La eterna espera del pueblo indígena inga

Desde 2015 las comunidades indígenas de Villagarzón (Putumayo) han esperado que el Ministerio del Interior resuelva una vieja disputa que tienen con esa cartera y una petrolera. Pese a sus reclamos y su insistencia, aún no tienen noticias. Exigen consulta previa.

Aída Jacanamijoy es gobernadora del resguardo San Miguel, donde viven unas 160 familias del pueblo indígena inga. / Fotos: Sergio Silva Numa

La primera foto que acompaña este texto es de Aída Jacanamijoy. Tiene 59 años y es gobernadora del resguardo San Miguel, un espacio de más de 500 hectáreas en el que viven unas 160 familias del pueblo indígena inga. Antes de invitarnos a desayunar con fríjoles y gallina trata de explicarnos su relación con el petróleo con una vieja anécdota:

“Cuando tenía unos 5 o 6 años llegó la primera empresa”, dice. “Construyeron una pista para avionetas y luego hicieron un pueblo. Vinieron muchos extranjeros y mi papá montó una cantina. Trajo prostitutas. Parecía un buen negocio. Con el tiempo me encontré a dos funcionarios cuando caminaba una trocha. Ya tenía 19 años. Al verme me persiguieron y me abrazaron. Me cogieron las tetas; me las machucaron. No sabía qué hacer, así que cuando apareció una moto, grité y dije que era mi novio. Me soltaron. Corrí hasta donde doña Espíritu y escribí una carta a la empresa diciéndole que la iba a demandar. Puse la firma de un hombre. Al día siguiente nos ofrecieron disculpas. Nos dieron frutas y salchichas en lata. No se me volvieron a acercar”.

Desde entonces, cuenta Aída, siempre ha mirado con recelo las compañías foráneas. Hoy lo comprueba con hechos: “Allá en esa casa blanca acabamos de empezar una nueva negociación con otra petrolera. Busca la ampliación de una licencia ambiental para continuar explotando, pero para hacerlo deben consultarnos. A cambio le pedimos $9 mil millones. No aceptó”. Es una cifra alta que esconde un motivo de fondo que ella confiesa con una risa: “Ya tuvimos suficiente. En verdad no queremos más petróleo”.

Al resguardo San Miguel llegamos tras sortear una hora de caminos de piedra y polvo desde el área urbana de Villagarzón, en Putumayo. Las palabras de Aída se asemejan a las de otros 10 líderes indígenas ingas. “En Putumayo hemos vivido una situación de extractivismo y estamos cansados”, nos había dicho uno de ellos un día atrás. “Cuando empezaron a sacar petróleo nunca nos consultaron. Queremos recuperar nuestro territorio”, replicó otro. “El Estado y los empresarios estaban acostumbrados a pasar por encima de nuestros mayores. Pero ahora están frente a una comunidad que no pueden manipular”.

Los disgustos parecen compartidos. Todos coinciden en que no se trata de una discusión nueva. Algunos retroceden unos siglos para sustentarla. Misiones católicas que les arrebataron costumbres y tierras; explotación de quina y caucho entre finales del siglo XIX y principios del XX; bonanza de pieles, de madera y, recientemente, de coca y petróleo, forman parte del listado que rezagó a los indígenas.

Carlos López Descanse tiene una manera más práctica de explicar el actual descontento. Es el presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón (Acimvip) y en su computador portátil guarda una tabla que lo resume. En ella muestra las empresas que han explotado hidrocarburos o trazado nuevas vías. También el nombre de cada proyecto, el año en el que empezó y el impacto que ha tenido en cada comunidad. En las últimas casillas señala si, antes de iniciarlos, los encargados consultaron a los ingas. De 27 proyectos, en 14 no los tuvieron en cuenta.

 
Para llegar a casi todos los resguardos y cabildos indígenas Inga hay que atravesar cerreteras polvorientas.
Sergio Silva

 

Una disputa sin resolver

Villagarzón es un municipio joven. Fue creado a finales de la década de 1970, aunque unos años antes la Policía ya había levantado una inspección con ese nombre en medio de un poblado que poco a poco le ganó terreno a la selva. Hoy su área urbana se puede recorrer de esquina a esquina en menos de un par de horas. Las noches son tranquilas y frescas. Las mañanas empiezan temprano con las bocinas de cientos de motos y el humo de camiones cargados de crudo.

Acimvip, que aglutina a cinco resguardos y cinco cabildos del pueblo inga, está frente a una calle polvorienta no muy lejos del centro. Desde que se creó en 2004 se ha convertido en un lugar de encuentro para líderes indígenas. Más que un par de casas que hacen las veces de oficinas y habitaciones es, según Vanesa García, una abogada bogotana asesora de la Asociación, un punto de “grandes transformaciones”. “En los últimos años han llegado líderes cualificados que buscan la defensa del territorio y tienen claridades políticas. Quieren cohesionar al pueblo inga. Han obtenido victorias, como la sentencia de 2015”.

“La sentencia de 2015” es una frase que repiten de resguardo en resguardo. No hay gobernador que no la invoque para hablar de los logros y los derechos de los ingas. A lo que se refieren es a un fallo del Tribunal Administrativo de Nariño, ratificado por el Consejo de Estado. En él los magistrados resolvieron una tutela interpuesta por Acimvip, luego de que la empresa Gran Tierra Energy iniciara el proyecto de exploración petrolera “APE-La Cabaña”.

En pocas palabras, el alto tribunal les dio la razón a los ingas. Alegaban la vulneración de varios derechos, entre ellos el de la consulta previa, el debido proceso y la autonomía. ¿La razón? Como lo dice el fallo, el Ministerio del Interior, responsable de certificar la presencia de indígenas, le había dicho a Gran Tierra Energy que no había comunidades y que podía comenzar con la exploración en 629 hectáreas.

Sin embargo, a los ojos de los magistrados, el Ministerio no hizo bien su tarea. Por eso le ordenaron cesar cualquier actividad y verificar si vivían indígenas en la zona. Si el hallazgo era positivo, debía hacer una consulta previa.

Entre las pruebas que recibió el Tribunal para tomar su decisión había unos mapas elaborados por Jairo Muchavisoy, ingeniero forestal e integrante del resguardo Chaluayaco. En ellos superpuso mapas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (donde están los bloques de petróleo existentes y los que ya están consesionados) con la información del Ministerio del Interior.

“También incluí ubicación precisa de ríos, cabildos y resguardos”, explica. “Así podíamos ver con claridad si un proyecto estaba en el área de influencia de una comunidad. Nuestra conclusión fue que, efectivamente, APE La Cabaña afectaba una parte de nuestro territorio. Basados en argumentos técnicos, le dimos razones al Tribunal de Nariño para que ordenara verificar la localización de las comunidades Inga”.

A los ojos de Muchavisoy, el uso de esas herramientas les permitió sentar un precedente. “Estas decisiones las suelen tomar desde un escritorio en Bogotá y vulneran nuestros derechos. Decirle al Estado que se equivocó no es fácil, porque sabemos que hay intereses. Pero tener acceso a estos instrumentos nos permite cuestionar la información y tener pruebas claras para que la verifiquen”, dice.

En términos un poco más detallados, lo que hizo Muchavisoy fue recopilar información geográfica en distintas bases de datos públicas para, posteriormente, elaborar los mapas en un software muy popular entre cartógrafos: ArcGIS. “ Con ese software también mostramos que en más del 90 % del municipio de Villagarzón había bloques petroleros”, explica.

Pero que haya bloques petroleros, dice Ana María Saavedra, gerente social de Gran Tierra Energy, no quiere decir que toda esa área esté en exploración o explotación. “APE-La Cabaña, por ejemplo, forma parte de un bloque llamado PUT 1, que tiene más de 46 mil hectáreas. Es lo equivalente a comparar una cancha de fútbol con Bogotá”, asegura.

Saavedra, que defiende los procesos de consulta previa y aclara que han intentado acercarse a los ingas para dialogar en múltiples ocasiones sin mucho éxito, tiene razón. Los bloques no necesariamente implican perforación. Son grandes extensiones de tierra donde se presume que hay crudo y que el Estado subasta para que las compañías vayan explorando poco a poco. En el caso del Putumayo, los bloques petroleros otorgados ocupan más de la mitad de la zona.

 
 

 

Defender el territorio

De la plataforma petrolera que alguna vez hubo en APE-La Cabaña no queda mucho. Apenas hay un pozo de unos dos metros de largo por dos de ancho que se ha tragado la vegetación. Mientras caminamos sobre la maleza, Luis Jansasoy Quinchoa, expresidente de Acimvip, señala los sitios donde estuvieron protestando hace unos años. Echamos un vistazo rápido y subimos de nuevo a la camioneta blanca que nos ha llevado de resguardo en resguardo al ritmo de reguetón y compases norteños.

Aunque el fallo del Tribunal simbolizó una victoria para el pueblo inga, provocó también una intensa discusión entre Acimvip, el Mininterior y Gran Tierra Energy. La asociación indígena puso una condición para realizar el recorrido de verificación que ordenó el Tribunal de Nariño: las visitas debían hacerse en todo el bloque PUT 1 y no únicamente en el área de APE-La Cabaña. La metodología, exigieron, la definirían las comunidades.

La propuesta fue el inicio de un cruce de cartas y reuniones que se prolongó por tres años. Solo hasta 2018 llegaron a un acuerdo: entre el 19 y el 26 de septiembre hicieron el recorrido de verificación en todo el bloque PUT 1. “La metodología fue concertada”, reza el acta que quedó de la extensa visita. En él estuvieron, entre otros, funcionarios de Corpoamazonia y la Defensoría. Todos admitieron ver comunidades en el bloque.

Acimvip, como suele hacerlo, llevó GPS de alta precisión para dejar constancia de los puntos caminados. Los modelos South X6, unos sofisticados artefactos de más de 5 pulgadas que funcionan con sistema Android, les permitieron hacer un croquis detallado del recorrido. Luego, explica el ingeniero Jairo Muchavisoy, descargó los datos recopilados en su computador. De nuevo, con la ayuda del software ArcGIS, elaboró otro mapa que Acimvip envió como soporte al Ministerio del Interior. “Esa información nos sirve para demostrar que, efectivamente, estuvimos en el territorio y para compararla con la cartografía que fabrique el Ministerio”, apunta.

La conclusión de la travesía, según Acimvip, fue clara: “Habiendo demostrado la presencia de ingas y afros en bloque PUT 1, la consulta previa deberá hacerse con las 10 comunidades ingas de Villagarzón y su organización representativa”.

Pero, desde entonces, cuenta Carlos López, el presidente de la Asociación, todo ha sido una larga espera. “El Mininterior debe emitir una resolución donde señale que sí hay indígenas en este territorio. Aún no se ha pronunciado, pero estamos preparándonos para llevar a cabo la consulta previa que deberá hacerse con todo el pueblo y no solo con una comunidad (como suele hacerse) porque estos proyectos nos afectan de manera colectiva”, asegura.

¿Por qué el Ministerio ha tardado tanto? ¿Cuáles fueron los resultados de su visita? Pese a que solicitamos conversar con esa entidad en varias oportunidades, fue imposible obtener una respuesta. Sin embargo, El Espectador tuvo acceso al informe que realizaron los funcionarios que estuvieron en el bloque PUT 1. El documento de 44 páginas, que no representa la resolución final, es del 14 de noviembre de 2018.

“Se estableció que el área del proyecto APE-La Cabaña no se superpone ni afecta de manera directa y específica el territorio donde las comunidades desarrollan sus dinámicas socioculturales”, escribieron. “Se establece que (en el) área de influencia directa del proyecto APE-La Cabaña no se registra presencia de resguardos indígenas, parcialidades y/o cabildos indígenas del pueblo inga”.

Quien firma es Luis Fernando Bastidas, director de consulta previa. Su perfil en la página web del Ministerio dice que es abogado de la U. Javeriana y que cuenta con más de ocho años de experiencia en los sectores público y privado. “Tiene manejo de gobierno y asuntos corporativos en compañías fiduciarias y de perforación de pozos petroleros”.

Petróleo, una difícil discusión

No han sido buenos años para el sector petrolero. Lo que ha sucedido desde 2015 está lejos de parecerse al fenómeno de la primera década del siglo XX. Entonces Colombia, como varios de los países latinoamericanos, vivió un boom de materias primas. “Extractivistas” fue el mejor adjetivo para calificar a esos gobiernos que intensificaron la extracción de minerales e hidrocarburos.

En el caso del petróleo sucedió algo sin precedentes. Desde 2007, el precio del barril creció estrepitosamente. A mediados de 2008 sobrepasó los US$131. En 2012 llegó a US$122. Ese año la extracción de crudo le dejó al Estado colombiano $30,7 billones. Mientras en los 90 la producción no sobrepasaba los 440 mil barriles por día, en esa ocasión llegó a 944 mil (hoy es de 831.931).

Pero como escribió en la revista Harvard Review of Latin America el economista y experto en asuntos de política energética Francisco J. Monaldi, si bien ese boom permitió que América Latina tuviera el mejor desempeño económico en décadas, esos “logros sociales no pueden ocultar los significativos desafíos y algunos efectos negativos”. A lo que se refería es que visto con un poco más de detalle, la riqueza que generó la explotación de hidrocarburos no siempre se vio reflejada en una mejoría de las condiciones de los territorios donde se realizó.

Putumayo es una buena muestra de ello. Aunque, como lo indica el último informe de la Unidad de Planeación Minero-Energética, este departamento solo representa el 4 % de la producción nacional, su economía depende, en buena parte, del crudo.

Enrique Burbano, PhD en Economía, lo explicó hace un tiempo en la revista Economía & Región: “La producción de Putumayo tiende a concentrarse en el sector de explotación de petróleo y gas, dejando de lado la potencial importancia del sector primario”. Según sus cálculos, en 2010 el 50% de su PIB estaba compuesto por hidrocarburos. Eso implica, anotaba, “una alta dependencia mono sectorial y, a la vez, una baja diversificación de la organización productiva”.

Para explicar la paradoja que representa que un territorio sea rico en materias primas, pero a la vez tenga pobres índices de desarrollo, los economistas suelen recordar un viejo concepto: “La maldición de los recursos naturales”. Es difícil saber con precisión si también se presenta en Putumayo, pero sus indicadores dan algunas pistas.

La tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, fue del 18,7 % en 2016, dos puntos más alta que la nacional (16,8 %). En los primeros tres meses de 2019 el porcentaje de casos de mortalidad materna fue más alto que el promedio del país: 89,4 frente a 54,1. Los datos del DANE de 2018 también revelan una situación compleja: el índice de pobreza multidimensional es superior al 25 %. Además, en 2010, el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas era de 36%.

Carlos López, de Acimvip, prefiere ahorrarse las cifras. Para él, como para varios de los líderes Inga, hay un hecho palpable: “El tejido social se ha roto. Nuestra cultura se ha debilitado. Además, hemos tenido muchos problemas con campesinos porque dicen que nos oponemos al ‘desarrollo’. Algunos han recibido amenazas”. “Con el dinero del petróleo se han empezado a dividir las organizaciones y algunas familias”, sentencia Pablo, presidente de la Asociación de Cabildos inga andino amzónicos Kusai. “Queremos que ser indígena deje de ser una vergüenza. Queremos recuperar nuestra cultura y por eso insistimos en la defensa territorial”.

Para defenderlo Acimvip tiene otro plan: crear un nuevo resguardo de 31 mil hectáreas, una extensión semejante a la sexta parte de Bogotá o a casi dos veces la ciudad de Bucaramanga. Allí, dice Carlos, está el territorio ancestral Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi. “Están los amos y espíritus del pueblo inga, que se manifiestan cuando tomamos el remedio (yagé). Hay fuentes de agua y animales silvestres”.

Carlos lo señala en un mapa de más de un metro de altura que no permite fotografiar. Lo construyeron con GPS de alta precisión y con el software ArcGIS. Durante siete días cuatro personas caminaron el lindero sur de esa área y cada vez que había un quiebre de terreno o una curvatura muy cerrada marcaban una coordenada. En total registraron 50 puntos desde el río Putumayo al río San Juan.

“Es tecnología de alta precisión”, explica el ingeniero Jairo. “El error está por debajo del metro. Luego, con el apoyo de un topógrafo de la Agencia Nacional de Tierras, construimos el mapa”. “Ellos ya lo tienen y estamos esperando a que lo aprueben, pero intuyo que va por buen camino”. Y si hay yacimientos de crudo, ¿qué le dirán al Ministerio? “Que no”, responde Carlos. “Este será un territorio dedicado a la conservación. Será nuestro. No vamos a permitir ninguna actividad; incluso de investigación. Será para nuestra supervivencia”.

 
 

* Este artículo es una colaboración periodística entre El Espectador y Mongabay Latam.

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Sergio Silva Numa / @SergioSilva03

Medio Ambiente

La eterna espera del pueblo indígena inga

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