“La riqueza natural del país es un activo estratégico de la Nación”: DNP

Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional, dice que el país ya tiene suficientes normas para el ordenamiento territorial y de sus cuencas pero hace falta más integración de los actores.

Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional.

Durante la campaña política para la Presidencia de Colombia, el entonces candidato Iván Duque resumió en una frase su visión para superar las tensiones entre desarrollo y conservación que ha experimentado el país en las últimas décadas: “Producir Conservando y Conservar Produciendo”.

Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional, tiene la difícil tarea de traducir en políticas concretas ese “Pacto por la Sostenibilidad” al que se comprometió el Presidente Duque. En esta entrevista explica cómo avanzan en esa tarea.

¿Qué tan complejo ha resultado acoplar la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible y compromisos como los del Acuerdo de París en la elaboración de este nuevo Plan de Desarrollo?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) permean las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia: Pacto por la Equidad” de manera transversal. En cada capítulo del Plan se hizo el ejercicio de identificar las metas ODS que se abordan, y se utilizaron como marco para establecer metas que sean consistentes con la visión de país a 2030 establecidas en el Documento CONPES 3918.  

Por otro lado, el “Pacto por la Sostenibilidad: Producir Conservando y Conservar Produciendo” del Plan plantea una agenda de sostenibilidad que es transversal al desarrollo. Busca consolidar un equilibrio entre la conservación y la producción económica, potencializando las acciones del sector público, privado, los territorios, las instituciones y la sociedad civil para adoptar prácticas sostenibles, bajas en carbono y resilientes a los desastres y al cambio climático. Esto le permite estar alineado con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuyendo directamente con el cumplimiento de 14 de los 17 objetivos.

Con relación al Acuerdo de París, el “Pacto por la Sostenibilidad” plantea la necesidad de consolidar sectores productivos sostenibles y comprometidos con la mitigación del cambio climático. Estos se materializan a través del desarrollo de acciones orientadas a la eficiencia energética, las energías renovables no convencionales, el transporte eléctrico, la agricultura climáticamente inteligente y la construcción sostenible. Además, impulsa la implementación de los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Sectoriales y la consolidación de instrumentos económicos, financieros y de mercado para realizar programas, proyectos y medidas de reducción de emisiones de GEI. Finalmente, este capítulo establece orientaciones para fortalecer la generación de conocimiento y medidas sectoriales y territoriales para la adaptación a la variabilidad y al cambio climático.

¿Cuál es la propuesta concreta del próximo Plan de Desarrollo con respecto al recurso hídrico?

El “Pacto por la Sostenibilidad: Producir Conservando y Conservar Produciendo” del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia: Pacto por la Equidad” plantea la necesidad de avanzar en la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

Lo anterior debido a que los ecosistemas hídricos del país presentan diferentes problemáticas, tales como la deforestación que provocó la pérdida en los dos últimos años de 178 mil y 219 mil hectáreas de bosque respectivamente. Además, se estima que en 20 años se perdió el 17% del área de páramos, con el agravante que estos abastecen el 70% del agua que consume la población colombiana. De igual manera ocurre con los humedales, de los cuales el 35% se ha perdido en los últimos 30 años por actividades extractivas y por la expansión desordenada de la frontera agrícola y urbana. Por otro lado, el Plan resalta que el 60% de la macrocuenca Magdalena - Cauca tiene un alto potencial de afectación de la calidad del agua por sectores productivos y solamente el 42,2% de las aguas residuales generadas en el país fueron tratadas en 2016. Así mismo, se identifica una baja productividad del agua en los procesos agrícolas con pérdidas promedio del 50% en distritos de riego.

Para enfrentar este panorama, el “Pacto por la Sostenibilidad” posiciona la biodiversidad y la riqueza natural del país como activos estratégicos de la Nación, resaltando la labor de los ecosistemas hídricos en la provisión de servicios ambientales para la población y la economía del país. Con este fin, el “Pacto por la Sostenibilidad” plantea intervenciones integrales en áreas ambientalmente estratégicas como los ecosistemas hídricos por parte del Estado. Estas intervenciones consisten en facilitar los mecanismos intersectoriales para que las comunidades que habitan los territorios ambientalmente estratégicos como los páramos y humedales desarrollen actividades económicas sostenibles y pago por servicios ambientales que mejoren su calidad de vida y estén acordes con los regímenes de uso de dichas áreas. Lo anterior de manera articulada con la implementación de una Estrategia Nacional de Restauración, priorizando ecosistemas con alto nivel de degradación. También se implementarán estrategias para racionalizar y armonizar instrumentos de planeación y ordenamiento territorial en áreas ambientalmente estratégicas para el recurso hídrico, entre otros. Finalmente, el Pacto plantea la necesidad de implementar plataformas colaborativas que faciliten la articulación de las inversiones y acciones públicas y privadas alrededor de las cuencas hidrográficas.

Por otro lado, desde el punto de vista de la demanda del recurso hídrico, el “Pacto por la Sostenibilidad” impulsa sectores productivos que hagan uso eficiente del agua. En este sentido, se diseñarán módulos de consumo del agua y huella hídrica para sectores prioritarios entre ellos el agropecuario. En relación con el abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico y de la mano del “Pacto por la Calidad de los Servicios Públicos”, se fortalecerá la regionalización por medio de los Planes Departamentales de Agua, que aproveche las economías de escala. Asimismo, se propone avanzar en la reducción de pérdidas en los sistemas de acueducto, la renovación de infraestructura y redes orientado a garantizar la sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el largo plazo. También, se busca desarrollar e internalizar el concepto de economía circular, lo que implica la protección del recurso, acciones de uso eficiente y sostenible del agua superficial y subterránea, tratamiento de agua residual y reúso, con enfoque regional (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET), en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6).

Simultáneamente, para el fortalecimiento de la gobernanza del agua se establecerán programas para la implementación efectiva de las tasas por uso de agua y retributiva por vertimientos puntuales y un esquema de monitoreo y evaluación de la eficiencia en su implementación, se continuará con la implementación de los programas de regulación hídrica, legalización de usuarios, investigación y monitoreo de aguas superficiales, subterráneas y marinas; y se implementará un programa para fortalecer la capacidad de las autoridades ambientales en el control y vigilancia de vertimientos.

La Comisión de Crecimiento Verde dejó una hoja de ruta con respecto mejorar en varios sectores la productividad del agua, la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales y el reúso del agua en Colombia. ¿Van a adoptar esas recomendaciones, particularmente las que se refieren al sector agropecuario y al de agua potable? ¿Algo en lo que no están de acuerdo?

El “Pacto por la Sostenibilidad: Producir Conservando y Conservar Produciendo” del Plan Nacional de Desarrollo recogió múltiples recomendaciones de la Misión y de la política de Crecimiento Verde en relación con la gestión del agua.  

Para el sector de agua potable el “Pacto por la Sostenibilidad” incluye el diseño de una herramienta para cuantificar pérdidas en los sistemas de acueducto que permita la priorización en la renovación de redes en ciudades con estrés hídrico; la optimización en el tratamiento de aguas residuales municipales al incorporar en el Reglamento de Agua y Saneamiento lineamientos para el aprovechamiento de biosólidos y biogás; la prestación regional de este servicio a través de la desintegración vertical; la modificación de la reglamentación sobre reúso del agua tratada; y la implementación de un programa para fortalecer la capacidad de las autoridades ambientales en el control y vigilancia de los vertimientos.

Respecto al sector agropecuario, se resaltan acciones como el diseño de los módulos de consumo del agua y huella hídrica para sectores prioritarios como el agropecuario y la adopción de metodologías para priorizar proyectos de adecuación de tierras que incluya la gestión del recurso hídrico, el uso de tecnologías eficientes y la planificación basada en información hidrometeorológica y de riesgos asociados con el cambio climático.

El Ideam en un avance del Estudio Nacional del Agua acaba de revelarnos que 391 municipios en 24 departamentos del país están en riesgo de desabastecimiento de agua. Buena parte de esto se debe a que las cuencas abastecedoras están deforestadas y degradadas y a periodos de sequía más intensos. ¿Cuáles creen que pueden ser las acciones para hacer frente a ese riesgo?

“El Pacto por la Sostenibildiad: Producir Conservando y Conservar Produciendo” del Plan Nacional de Desarrollo establece que, para contrarrestar los efectos de la deforestación y degradación de ecosistemas de las cuencas abastecedoras, se continuarán con las estrategias de mantenimiento y recuperación de las áreas adquiridas por entidades territoriales y de los Pagos por Servicios Ambientales -PSA, este último, como instrumento a través del cual se reconocen los esfuerzos que hacen las comunidades para la conservación de los ecosistemas como los bosques, páramos y humedales. Precisamente, las anteriores estrategias buscan llevar a cabo acciones de restauración que permitirá recuperar sus servicios ecosistémicos. Del mismo modo, se implementará el programa nacional de regulación hídrica en coordinación con las autoridades ambientales. Además, se indica que se potencializará el uso sostenible de las aguas subterráneas para mejorar el acceso y la continuidad del servicio en las zonas con estrés hídrico y se analizará la recarga artificial de acuíferos como mecanismos para asegurar la sostenibilidad del agua subterránea.

Adicionalmente, se destaca que este gobierno bajo el liderazgo de MinAmbiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y  bajo la coordinación del DNP, aprobó el Documento CONPES 3947 “Estrategias de actuación y coordinación para reducir las afectaciones ante la eventual ocurrencia de un fenómeno de variabilidad climática: El Niño 2018 – 2019”, en el cual se establecieron estrategias de actuación y coordinación sectorial ante eventos de sequía, que permitan reducir los costos de la atención y los impactos del fenómeno. En esta política se estableció una hoja de ruta que permitirá implementar acciones en los departamentos y municipios priorizados por condiciones de riesgo por desabastecimiento de agua, al mismo tiempo, define que se diseñará e implementará la estrategia de coordinación intersectorial con lineamientos dirigidos a los ministerios a ser incluidos en sus planes sectoriales de contingencia ante el fenómeno El Niño.

Este año los 6 Encuentros Regionales por el Agua organizados por El Espectador (y otros socios) revelaron que existe cierto consenso entre los cerca de 300 participantes provenientes de distintos sectores: es necesario planear y gestionar mejor las cuencas del país. ¿Qué cree viable hacer en este sentido? ¿Qué mecanismos están contemplando impulsar?

Mejorar la planeación y gestión de las cuencas requiere de la participación activa y articulada de diferentes actores relacionados con el uso y conservación del agua, así como de instrumentos de planeación, técnicos y financieros que permitan su sostenibilidad a largo plazo. Para identificar las mejoras requeridas en la gestión integral del recurso hídrico, el “Pacto por la Sostenibilidad” propone un trabajo intersectorial que genere lineamientos para la modernización de los mecanismos institucionales, administrativos y financieros desde la perspectiva tanto de la oferta como de la demanda, así como la optimización de los instrumentos de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.

Así mismo, el “Pacto por la Sostenibilidad” propone la implementación de plataformas colaborativas que faciliten la articulación de las inversiones y acciones públicas y privadas alrededor de las cuencas hidrográficas; el desarrollo de intervenciones integrales en ecosistemas estratégicos como los páramos y humedales de alta importancia en la regulación hídrica del país; y la promoción de proyectos de Pagos por Servicios Ambientales para la restauración de las cuencas. Los procesos de restauración también estarán fortalecidos mediante la formulación de una Estrategia Nacional de Restauración y la creación de un sistema nacional de información, monitoreo y reporte sobre restauración.

¿En qué consiste esa “política general de ordenamiento territorial” de la que ha hablado Juan Mauricio Ramírez, coordinador del Plan Nacional de Desarrollo?

La Política General de Ordenamiento Territorial tiene dos objetivos. Por un lado, busca generar instrumentos y armonizar los lineamientos en materia de ordenamiento territorial para que las diferentes Entidades Territoriales puedan hacer un mejor uso del suelo y planear una estrategia de desarrollo ordenada. Esto incluye, por ejemplo, lineamientos para incluir en la planeación espacial temas como las áreas protegidas, la urbanización y el sistema de asentamientos, las áreas de importancia histórica y cultural, los servicios públicos e infraestructura social, los grandes proyectos de infraestructura, la promoción de las figuras asociativas entre municipios, entre otros.

Por otro lado, busca conformar un arreglo institucional eficiente, que le permita al Gobierno Nacional tomar de decisiones cuando se presentan conflictos de intereses en el uso del suelo entre distintos sectores, por ejemplo: ambiente, agricultura, minería, transporte y  vivienda; o conflictos por la implementación de proyectos estratégicos nacionales como son macro proyectos de vivienda o zonas especiales de intervención. Por ejemplo, se ha pensado en reformar la Comision de Ordenamiento Territorial para que esta dirime situaciones en las que las entidades del Estado tengan posiciones diferentes o cuando estas quieran ejercer la prerrogativa nacional sobre los planes de ordenamiento territorial.

¿Qué tipo de instrumentos económicos cree que se deben mejorar y de qué manera, para fortalecer la conservación y restauración de las cuencas?

El “Pacto por la Sostenibilidad” reconoce la necesidad de consolidar la eficiencia de los instrumentos económicos creados en la Ley 99 del 93. Para esto, el Pacto propone implementar un esquema de monitoreo y evaluación de la eficiencia en la implementación de la tasa por uso del agua y la tasa retributiva que le permitirá a MinAmbiente tomar decisiones para el ajuste y fortalecimiento de estos instrumentos. Por otra parte, se requiere continuar con los esfuerzos para el mantenimiento y recuperación de las áreas adquiridas por entidades territoriales para la protección del recurso hídrico, y la consolidación de los PSA como mecanismo de cofinanciación a través del cual se reconocen las acciones de conservación realizadas por parte de las comunidades.

María del Pilar García, directora de la especialización en derecho ambiental de la Universidad Externado ha planteado la necesidad de “una ley de aguas” para generar un marco legal coherente respecto a la ordenación y gestión de la misma. ¿Está de acuerdo?

En el país existen suficientes normas tanto para el ordenamiento, como para la gestión del recurso hídrico, las cuales se ejecutan a través de las autoridades ambientales, MinVivienda, MinAmbiente, Min Minas, Min Agricultura, el Consejo Nacional del Agua, entre otros. Sin embargo, es fundamental la articulación de todos estos actores. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 plantea dinamizar la discusión intersectorial, buscando el fortalecimiento institucional, permitiendo una adecuada planeación, priorización y estructuración de intervenciones que aseguren una gestión integrada del agua.

Los ciclos del agua están entrañablemente relacionados con procesos de deforestación. ¿Cree que el país será capaz de cumplir con las metas de reducción de deforestación? ¿Cómo puede contribuir el Plan Nacional de Desarrollo al respecto?

El “Pacto por la Sostenibilidad” ha planteado la creación del Consejo Nacional de lucha contra la deforestación a través del cual se materializará la articulación interinstitucional, especialmente entre el sector defensa y ambiente para realizar intervenciones que permitan el control territorial, el cumplimiento de las normas y la lucha directa contra las economías ilegales que causan la pérdida de bosque y la degradación de ecosistemas. De igual manera, se adoptará el Protocolo de Lucha contra la Deforestación, el cual utilizará la información generada por el IDEAM para facilitar la llegada a territorio de las fuerzas armadas, policía, fiscalía, defensoría y aparato judicial para ejecutar procedimientos administrativos, penales y agrarios en zonas de alta deforestación.

Lo anterior, estará acompañado del impulso a actividades económicas que hagan un uso sostenible del capital natural, al tener en cuenta que los territorios en donde se concentró el 84% de la deforestación en 2017 son aquellos que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y su suelo tiene vocación forestal o de conservación. En este sentido, las nuevas oportunidades económicas son eje central del “Pacto por la Sostenibilidad” en donde se impulsará la bioeconomía, la economía forestal, el turismo sostenible y los negocios verdes.

¿Qué tipo de reformas cree que el país debe discutir en los próximos años para lograr una mejor sostenibilidad ambiental?

El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta del Gobierno Nacional para los próximos 4 años y en este se establecen las prioridades y acciones que deben emprenderse para mejorar la sostenibilidad del país. De esta manera, es fundamental afianzar el compromiso de los sectores productivos para el desarrollo de actividades sostenibles, que reduzcan los impactos ambientales y mitiguen el cambio climático. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad para la generación de nuevas oportunidades económicas también resulta prioritario, lo que requiere avanzar decididamente en el control de la deforestación, en la gestión de las áreas ambientalmente estratégicas del país y en la consolidación de la bioeconomía, la economía forestal y el turismo. Igualmente importante, es el desarrollo de intervenciones estratégicas para prevenir y reducir el riesgo de desastres y lograr la adaptación al cambio climático, aportando a la construcción de un país resiliente.

Lograr estos propósitos requieren ajustes institucionales, normativos y de política que fortalezcan la gestión de las instituciones y establezcan las reglas claras para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Entre estas se destacan la modernización del Sistema Nacional Ambiental basado en la reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales, el fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, del IDEAM y de los Institutos de Investigación, la optimización del Sistema de Información Ambiental de Colombia, la creación de instancias de coordinación intersectorial para la bioeconomía, la economía forestal, la economía circular y la gestión integral del recurso hídrico.